“Hasta los puertorriqueños van a tener que andar con su pasaporte”: advierten sobre impacto de reciente decisión del Tribunal Supremo de EE.UU.
Ante el fallo del máximo foro judicial federal, que revirtió una orden que paralizaba operativos “indiscriminados” por ICE en Los Ángeles, expertos analizan las posibles repercusiones en los boricuas e intervenciones en la isla
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com
Defensores de derechos civiles advirtieron que la reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos -que revirtió una orden que paralizó redadas migratorias en Los Ángeles- refuerza que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) continúen deteniendo inmigrantes basados en un perfil racial, el idioma que hablan o el lugar dónde trabajan, lo que también podría aumentar las intervenciones contra puertorriqueños por cumplir con esos parámetros.
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“Dio luz verde a los agentes de ICE para intervenir con todas las personas que consideran extranjeras. Hasta que no les demuestres a ellos, con documentos fehacientes, te pueden arrestar. En nuestro caso, mientras estés en Puerto Rico, sería el ‘Real ID’. Si estás en Estados Unidos, hasta los puertorriqueños van a tener que andar con su pasaporte, porque de lo contrario, vas a caer en el proceso de detenciones arbitrarias”, señaló Fermín Arraiza, director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico.
El lunes, la Corte Suprema federal –en una decisión 6-3– accedió a la solicitud de la administración de Donald Trump de reanudar las redadas migratorias en Los Ángeles y otros condados, mientras continúa el caso Noem v. Perdomo, en la Corte de Distrito de California.
El Supremo federal revocó una orden judicial temporal (TRO, en inglés) de la jueza de distrito Maame Frimpong, que prohibía, desde julio, a agencias federales continuar con el perfilamiento por cuatro factores –ya sea solos o en combinación–, que incluían la aparente raza u origen étnico, hablar español o inglés con acento, estar un lugar específico asociado con inmigrantes o el tipo de trabajo que realiza.
“La decisión es sorprendente porque estamos diciendo que el Supremo está permitiendo que se haga el ‘racial profiling’ cuando viene de agentes de Inmigración, y tenemos que tomar el contexto sociopolítico de que las agencias de inmigración están siendo militarizadas por la administración actual”, planteó, por su parte, la abogada de inmigración Mariela García Amador, expresidenta del Capítulo de Puerto Rico de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, en inglés).
La orden revertida formaba parte del pleito contra el Departamento de Seguridad de Estados Unidos (DHS, en inglés) tras la demanda presentada por inmigrantes y personas con ciudadanía americana afectados por las redadas en California, representadas por organizaciones como la ACLU.
“Al paralizar esta orden, se está autorizando el perfil racial como razón suficiente para detener o intervenir con una persona, con el que sea, no solamente inmigrantes”, subrayó Arraiza.
En comunicado de prensa, el DHS celebró como una “victoria” que los agentes pudieran continuar con sus operativos migratorios al sur de California, en donde hubo intensas protestas y enfrentamientos entre sus oficiales y activistas. El gobierno federal negó que se trate de “detenciones indiscriminadas”, sino que se sigue una “sospecha razonable”.
En la decisión del Tribunal Supremo estadounidense, el juez asociado Brett M. Kavanaugh planteó que la ley federal establece que las detenciones migratorias basadas en “sospechas razonables” de presencia ilegal “han sido un componente importante de la aplicación de las leyes de inmigración en Estados Unidos durante décadas”.
En cambio, a nombre de los tres jueces liberales, la jueza asociada de origen puertorriqueño Sonia Sotomayorenfatizó, en la opinión disidente, que “innumerables personas” en el área de Los Ángeles han sido detenidas, tiradas al suelo y esposadas simplemente por su apariencia, su acento o el trabajo.
“No deberíamos tener que vivir en un país donde el gobierno pueda detener a cualquiera que parezca latino, hable español y parezca tener un trabajo mal pagado. En lugar de quedarnos de brazos cruzados mientras se pierden nuestras libertades constitucionales, discrepo”, puntualizó Sotomayor.
Afrocaribeños en riesgo
La licenciada García Amador planteó que han visto el discrimen hacia personas afrocaribeñas en Estados Unidos y Puerto Rico, ya que, a su juicio, el perfil racial ha sido uno de los principales determinantes para las intervenciones.
“Se ha visto esto también tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, cuando detienen también personas que son ciudadanos. Las intervenciones de ICE, las hacen intuitivamente, porque ese es el mecanismo más fácil que ellos tienen cuando están interviniendo sin orden judicial”, planteó la expresidenta de la AILA.
El Nuevo Día ha documentado intervenciones con boricuas, como la de un exmilitar puertorriqueño en Nueva Jersey, a principios de la segunda administración de Donald Trump.PUBLICIDAD
Para Bárbara Abadía Rexach, profesora puertorriqueña de la San Francisco State University, en California, esta determinación del Supremo “acrecienta la frustración de lo que las organizaciones antirracistas hemos señalando por años y es una confirmación de que Estados Unidos es un país racista, xenófobo, que discrimina contra todo aquello que no represente esa minoría que está en el poder y toma las decisiones”.
La antropóloga ha sufrido en carne propia el “racial profiling”, que se refiere a la práctica discriminatoria por parte de agentes de ley y orden de detener o sospechar de una persona basándose en su raza, etnia, religión o país de origen.
“Me ha pasado tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, que me han registrado hasta mi cabello crespo afro, y no dudo que esto siga pasando con más violencia”, lamentó la profesora de Afrolatinidad.
En esa misma línea, organizaciones en la isla han reportado intervenciones hostiles con personas negras, de ascendencia dominicana o con inmigrantes con estatus regularizado. En los pasados ocho meses, el 74% de las personas detenidas por ICE son de nacionalidad dominicana.
“Si ya estaba pasando sin tener decisiones del Tribunal Supremo como esta, por supuesto que se van a agudizar los episodios de violencia física contra las personas, porque ya se está diciendo ‘es legal’ maltratar, parar, detener o cuestionar a aquella persona que parezca que no pertenezca a Estados Unidos bajo la ignorancia y no querer entender que la razón de ser de ese país es la migración y la movilidad”, planteó Abadía Rexach.PUBLICIDAD
Retroceso de garantías constitucionales
Aunque recalcó que “queda por verse” el futuro de la demanda de personas afectadas en California, la directora de Ayuda Legal Puerto Rico, Ariadna Godreau Aubert, coincidió en que las personas migrantes “están siendo sujetas a este tipo de redadas arbitrarias”, como parte de un retroceso en derechos civiles.
“El cerco se sigue cerrando. Cuando tú usas estas categorías de ‘racial profiling’ podrías estar hablando de un puertorriqueño, que trabaja en la construcción en el Bronx (Nueva York), que habla español…”, lamentó.
La abogada agregó que, al discrimen institucional, se suma la instrucción de la Casa Blanca de que todos los procesos federales se tienen que llevar en inglés, porque ha visto cómo los casos que atiende Ayuda Legal bajo la Ley de Vivienda Federal se han visto afectados.
“Tengo clientes que tienen derecho a que la banca o que las transacciones de negocios de vivienda se tengan que hacer en su idioma. Puerto Rico es considerado una jurisdicción donde hay acceso limitado al inglés. ¿Cómo yo le voy a decir a mi clienta, que está querellándose porque un banco violó sus derechos civiles, que ella solamente puede ser entrevistada en inglés? Le cierran la puerta las personas que hablamos en español para llegar a los foros (federales), para poder presentar querella a la gente de (la Administración de) Vivienda Pública, a la gente que literalmente sufre discrimen por razón de discapacidad”, cuestionó sobre múltiples barreras de acceso a la justicia.
Del mismo modo, José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano por los Derechos Humanos, resaltó que el perfil racial “lo hemos venido denunciando desde el primer día que iniciaron las redadas” a gran escala en Puerto Rico, el 26 de enero.
“Nos preocupa que esta decisión va a legitimizar estos arrestos, pero no es humano. Ellos saben que no es correcto usar el perfil racial, y más en Puerto Rico que son hispanos los agentes”, resaltó.
“Que un agente pueda intervenir por el hecho de cómo tú te ves en términos de raza, etnia, vestimenta, del trabajo que haces, y automáticamente parecer ‘sospechoso’ resulta en una amenaza, en ir para atrás y perder un montón de garantías que se habían logrado, no solamente por los derechos civiles, sino porque existe un derecho constitucional contra los registros o allanamientos arbitrarios”, enfatizó, por su parte, Godreau Aubert.
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Adriana Díaz Tiradoadriana.diaz@gfrmedia.com
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