Puerto Rico no merece volver a ser una base militar
Las bases estadounidenses dejaron en la Isla un legado de contaminación, violencia y dependencia económica; reabrirlas sería repetir un error histórico que ya costó demasiado

Por Ey Boricua
Por más de un siglo, Puerto Rico ha sido utilizado como pieza estratégica en el tablero militar de Estados Unidos. Bases, cuarteles y campos de tiro nos arrebataron tierras, contaminaron nuestro ambiente y sembraron dolor en comunidades enteras. Hoy, mientras el Partido Nuevo Progresista (PNP) promueve la idea de reabrir viejas instalaciones militares y abrazar la militarización, debemos recordar las cicatrices que esas bases dejaron en nuestra gente. Militarizar de nuevo a Puerto Rico sería un error histórico y un crimen contra nuestro pueblo.
Cada vez que se anuncia la posible reapertura de una base, se repite la misma promesa: “traerá empleos”. Pero los hechos dicen otra cosa. En Okinawa, Japón, donde las bases estadounidenses ocupan tierras valiosas, los estudios demuestran que los negocios civiles generan mucho más valor económico que los terrenos militarizados. Las bases producen dependencia en trabajos de bajo salario (servicios temporeros, bares, transporte informal) mientras impiden el desarrollo nacional de industrias sostenibles. En vez de generar empleos bien remunerados que aporten riqueza mediante la inversión nacional e internacional, las bases militares estadounidenses apenas contratarán a unos cuantos boricuas para limpiar inodoros y recoger el vómito de soldados ebrios.

Puerto Rico ya experimentó este desastre económico. En Vieques y Culebra, la Marina desplazó a familias de sus hogares y restringió la pesca en sus mares. Esto generó desempleo, pobreza y la pérdida de tierras fértiles. ¿Queremos repetir esa tragedia en el resto del país? Militarizar no significa desarrollo; significa atraso. Después de que la Marina fue expulsada de Vieques, la tasa de desempleo mejoró, incluso cuando la Marina y los gobiernos anexionistas pretendían castigar a Vieques con la falta de apoyo económico.
Un estudio del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Puerto Rico, que utiliza datos del Negociado del Censo y del Departamento del Trabajo, revela que las economías de Vieques y Ceiba han mejorado significativamente tras la clausura de las bases militares. En Vieques, por ejemplo, la tasa de empleo aumentó de 24.2 % en 2003, cuando la Marina se retiró, a 34.6 % en 2024, con un incremento de 12.4 puntos porcentuales. Además, el nivel de desempleo disminuyó de 16.1 % a solo 4.3 %, reduciéndose a casi una cuarta parte en veinte años.
Es decir, aunque la Marina y el PNP quisieran penalizar a Vieques, la economía ahora está mejor que cuando había presencia militar. ¿Qué sería de la economía en Vieques sin el PNP? Aún falta recordarle al lector que Vieques todavía no cuenta con un hospital.
Violencia, explotación y prostitución
Donde se instalan bases militares extranjeras, surge un patrón alarmante: violencia sexual, trata humana y prostitución. En Okinawa, múltiples casos de violación cometidos por soldados estadounidenses provocaron protestas masivas. En Corea del Sur, floreció una industria de prostitución alrededor de las bases, muchas veces vinculada a redes de trata de mujeres. En Filipinas, los alrededores de Subic Bay y Clark Air Base se convirtieron en centros de explotación sexual durante décadas. Donde se establece una base militar foránea, lo siguen la prostitución y la violencia sexual.

Según datos oficiales y estudios académicos, la violencia sexual y la explotación relacionadas con las fuerzas armadas de EE. UU. en el extranjero son preocupantes. En Okinawa, Japón, el gobierno local registró más de 5,900 delitos cometidos por militares estadounidenses entre 1972 y 2015, incluyendo más de 1,000 casos de agresión sexual contra residentes. En Corea del Sur, un estudio de 2014 del Instituto Coreano de Desarrollo de la Mujer estimó que decenas de miles de mujeres coreanas fueron obligadas a la prostitución en los “camptowns” cercanos a bases estadounidenses en la segunda mitad del siglo XX. Además, el Pentágono informó que, en 2023, aproximadamente 36,000 militares activos —el 8.4 % de las mujeres y el 1.5 % de los hombres en servicio— experimentaron agresiones sexuales o contacto no deseado en un solo año.
Puerto Rico no sería la excepción. Reabrir bases traería consigo un aumento en crímenes de género, prostitución forzada y trata de personas, impactando principalmente a mujeres y jóvenes vulnerables. Durante la operación de la base naval Roosevelt Roads y los ejercicios de tiro en Vieques y Culebra, se registraron testimonios de residentes que señalaban un aumento de la prostitución en las comunidades vecinas. Diversos reportes describen cómo la presencia militar generó una economía informal que incluyó explotación sexual de mujeres locales y migrantes. Estos relatos históricos evidencian el impacto social negativo de la actividad militar en nuestro país.
¿Estamos dispuestos a sacrificar la seguridad y dignidad de nuestras hijas e hijos por un puñado de empleos temporeros? ¿Qué harán los boricuas y la policía cuando soldados estadounidenses ebrios o drogados empiecen a amenazar a nuestras comunidades y a violentar derechos civiles y humanos? ¿Cómo responderá el PNP cuando miles de soldados anden sueltos buscando “señoritas” y terminen violando o asesinando a nuestras jóvenes? ¿Arrestarán a los padres y madres boricuas que defiendan a sus hijos de soldados abusivos?
Según la lógica torcida y colonial de los líderes y propagandistas estadistas en los medios, si algún estadounidense (civil o militar) amenaza o violenta a su familia, no deberíamos protestar ni defendernos, sino decir “gracias” y “ser agradecidos” por la ciudadanía americana. Tristemente, así piensan muchos estadistas que apoyan la militarización.
Los militares y las tasas de infecciones de transmisión sexual
Las investigaciones del propio ejército (Health.mil) muestran de forma consistente que el personal militar de Estados Unidos presenta tasas de infecciones de transmisión sexual (ITS) significativamente más altas que la población general, especialmente de clamidia y VPH genital. Aunque el PNP quiera alabarlos como seres celestiales, esos soldados traerán a Puerto Rico un sinnúmero de infecciones y enfermedades sexuales. Este mayor riesgo se debe a factores comunes en la vida militar: despliegues frecuentes, alta movilidad, cultura ultramachista y estrés que favorecen las relaciones sexuales sin preservativo con nuevas parejas, particularmente con “señoritas” lejos del “mainland” que jamás tendrán que ver otra vez.
Padres y madres de familia, piénsenlo bien: ¿realmente quieren a sus hijos e hijas en contacto con estos soldados y las infecciones que traen? ¿Qué ocurriría si un soldado estadounidense embarazara a su hija, le transmitiera herpes y luego desapareciera, regresando a Kentucky o Nebraska sin querer saber más de ella? Para estos soldados del norte, su hija sería solo un “fling tropical”. Esto también forma parte de la militarización que el PNP no menciona.
En 2019, según el gobierno estadounidense, las tasas de clamidia en el Ejército casi duplicaron las de los adultos estadounidenses en general, mostrando variaciones según edad, género y raza, con mayor incidencia en los miembros más jóvenes y en las mujeres militares. Las cinco infecciones de transmisión sexual —clamidia, gonorrea, virus del papiloma humano (VPH) genital, herpes genital y sífilis— son las más prevalentes entre el personal militar de Estados Unidos. ¿Estamos listos en Puerto Rico para un aumento de estas infecciones debido a la militarización del país por culpa del PNP y su afán de arrodillarse aún más ante Estados Unidos?
Crimen, drogas y mercados informales
Las bases no solo traen prostitución, violencia sexual e infecciones; también abren la puerta al narcotráfico y al crimen organizado. Casos documentados en Japón y Europa muestran soldados estadounidenses involucrados en el contrabando de drogas usando la infraestructura militar. En Corea y Filipinas proliferaron mercados informales alrededor de los campamentos. Fort Cavazos (antes Fort Hood) en Texas ha enfrentado repetidos delitos relacionados con drogas que involucran a soldados y civiles. En octubre de 2023, fiscales federales acusaron a cuatro personas de participar en una red de tráfico de fentanilo vinculada a la muerte de la esposa de un militar. Si los militares estadounidenses cometen estos crímenes entre ellos mismos, imagínese lo que harán en Puerto Rico contra la población civil.
Un informe de ICE de 2024 también destacó actividades anteriores, incluido un caso de 2014 en el que un exsoldado fue condenado por tráfico de personas y otro incidente ese mismo año en el que un soldado intentó transportar migrantes indocumentados ocultos bajo su equipo. Lejos de “proteger” a la comunidad, las bases militares traerán más narcotráfico, tráfico humano (incluyendo menores), soldados adictos y más criminalidad. Incluso, los grandes ganadores de la militarización no serán el pueblo ni la economía, sino los propios narcotraficantes locales, ya que las bases militares serán un nuevo mercado repleto de soldados con dinero disponible y con problemas de sustancias controladas. Boricuas, pregúntese: ¿usted quiere su comunidad impactada por soldados buscando drogas y aventuras sexuales a todas horas del día?
Puerto Rico ya enfrenta graves problemas de narcotráfico y criminalidad, y eso que no controlamos nuestras fronteras, sino los federales (algunos de los cuales están envueltos en narcotráfico y permiten que las drogas entren en Puerto Rico vía el correo y los puertos). La presencia de nuevas bases militares solo agravaría la situación, convirtiendo nuestras comunidades en zonas de tránsito de drogas, prostitución y contrabando. Además de usar el correo regular, soldados ligados al narcotráfico podrían también utilizar el sistema postal militar (MPS) para importar más drogas al país. La seguridad de nuestro pueblo estaría aún más comprometida y al servicio del narcotráfico con la militarización.
Derechos civiles y humanos en peligro
La militarización también significa represión. En Corea del Sur, aldeas enteras fueron desalojadas a la fuerza para expandir bases estadounidenses. En Okinawa, activistas que protestaban contra nuevas construcciones fueron arrestados y hostigados. En Vieques, miles de puertorriqueños que luchaban contra los bombardeos fueron detenidos, golpeados y procesados. En 1979, Ángel Rodríguez Cristóbal, quien luchó contra la militarización de Vieques y los ejercicios bélicos, fue arrestado y luego asesinado por las autoridades estadounidenses en una prisión lejana en Florida.
Cada base militar trae consigo no solo soldados y armas (rifles, ametralladoras, municiones, explosivos, químicos y gases), sino también limitaciones a nuestras libertades y humillaciones coloniales. ¿Qué hará la policía local cuando soldados empiecen a pelear contra boricuas en plena calle? ¿Qué haremos cuando profanen nuestra bandera, orinen sobre nuestro patrimonio nacional, nos griten “Speak English” y violenten nuestros derechos? ¿Qué hará la policía cuando grupos de soldados y marineros (muchos armados hasta los dientes como hacen en su país) estén vandalizando propiedades y amenazando a la población? ¿Cree que un policía boricua estadista le ayudará si un soldado estadounidense está abusando de usted y violando sus derechos y seguridad? Posible, pero lo dudo.
¿Acaso no vivimos ya suficientes décadas bajo humillación, arrestos masivos y represión por defender nuestro país? Aceptar la militarización de nuevo sería entregar lo que nos queda de voz y dignidad.
Salud y ambiente bajo amenaza
Las bombas que cayeron sobre Vieques dejaron contaminación y enfermedades que hasta hoy siguen marcando a sus habitantes. Estudios independientes han detectado niveles elevados de metales pesados en la población, mientras familias enteras luchan contra cánceres y condiciones crónicas. Aunque el gobierno estadounidense trate de minimizarlo, el pueblo sabe la verdad: la Marina envenenó a Vieques.
Reabrir bases en otras partes de Puerto Rico solo multiplicaría los riesgos ambientales: contaminación de suelos y aguas, residuos tóxicos y daños irreparables a nuestra salud. ¿Cuántas veces más debemos permitir que conviertan nuestra patria en un vertedero militar?
El engaño del PNP
El llamado a militarizar Puerto Rico no surge de un verdadero interés por el bienestar del pueblo. Proviene del PNP, un partido colonialista y entreguista que ha fracasado en lograr la estadidad —su principal anzuelo electoral—. Ante ese fracaso, buscan disfrazar la militarización como símbolo de “importancia estratégica” o “desarrollo económico”. No es más que otra táctica para perpetuar la dependencia, el control colonial y sabotear la lucha legítima por la independencia y la descolonización.
Aceptar la militarización sería aceptar que Puerto Rico siga siendo un peón tropical de Estados Unidos. Lo que necesitamos no son más bases ni más soldados extranjeros en nuestro país: necesitamos soberanía nacional, industrias propias, inversión en nuestra gente y un modelo de desarrollo económico digno.
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Un llamado al pueblo puertorriqueño
Compañeras y compañeros puertorriqueños: no olvidemos nuestra historia. No olvidemos a Vieques, a Culebra ni a las comunidades desplazadas. No olvidemos los arrestos, la represión, las enfermedades y la pobreza que trajeron las bases militares. Las bases militares estadounidenses no traerán progreso económico ni seguridad, sino más crimen, drogas, narcotráfico, prostitución, violencia, infecciones sexuales y violaciones de derechos civiles, entre otras consecuencias nefastas.
Hoy, debemos rechazar cualquier intento de volver a militarizar nuestro país. La verdadera seguridad no se basa en bombas, aviones o bases extranjeras, sino en justicia social, soberanía económica, democracia y respeto a los derechos humanos, conceptos que el PNP desconoce y no comprende.
Puerto Rico merece un futuro de dignidad, no de explotación. Puerto Rico merece paz y respeto, no bases militares. Merecemos soberanía, libertad y progreso, no colonización disfrazada de “seguridad”.
Decir no a la militarización es decir sí a la vida, sí a la justicia y sí a la independencia.
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