Parlamentarios de Latinoamérica rechazan agresión de EEUU a Venezuela
Congresistas latinoamericanos promueven hoy una declaración parlamentaria multinacional de condena a la agresión de Estados Unidos a Venezuela, el secuestro de su legítimo presidente, Nicolás Maduro, exigen su liberación y que Washington respete la ley internacional
Buenos Aires, 6 ene (Prensa Latina) Congresistas latinoamericanos promueven hoy una declaración parlamentaria multinacional de condena a la agresión de Estados Unidos a Venezuela, el secuestro de su legítimo presidente, Nicolás Maduro, exigen su liberación y que Washington respete la ley internacional.
Titulada “En defensa de la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, del Derecho Internacional y de la paz regional”, los legisladores convocan a todos los parlamentarios de la región y el mundo a rubricarla.
Y enfatizan: Parlamentarios de Latinoamérica, el Caribe y el Mundo condenamos de manera enfática los bombardeos perpetrados contra Venezuela, con consecuencias nefastas sobre la población civil; el secuestro del Jefe de Estado Nicolas Maduro y su esposa, Cilia Flores.
El ataque constituye una violación a los mecanismos internacionales, que deben ser de cumplimiento obligatorio para todos los Estados sin excepción. En consecuencia, exigimos al gobierno de Estados Unidos que cese de inmediato toda acción armada contra Venezuela, respete la soberanía de su territorio, libere al presidente Maduro y a su compañera.
A la vez, la declaración hace un llamado urgente a gobiernos del mundo, organismos multilaterales y a los pueblos de América Latina y el Caribe a “pronunciarse con firmeza para activar los mecanismos diplomáticos y jurídicos internacionales y defender el Derecho Internacional como única vía para preservar la paz”.
La diputada nacional Adriana Serquis, de la alianza peronista Fuerza Patria en el Congreso de Argentina, aseguró que ya ella se sumó a la iniciativa que fue lanzada por legisladores de Colombia.
La misma exige –explicó- respeto a los derechos soberanos de Venezuela y denuncia “el atropello que significa tener detenidos a su presidente y a su esposa”.
Serquis, quien entró al bloque de Fuerza Patria como miembro del movimiento Patria Grande de Río Negro, explicó que “se están uniendo las legislaciones de Latinoamérica en apoyo a la posición de México, Brasil, Colombia, para pedir a las Naciones Unidas que tome carta en el asunto”.
Hugo Yaski, quien comparte la doble tarea como diputado nacional por Fuerza Patria y secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA-T), también rubricó la declaración que reclama –señaló- a la ONU poner en marcha mecanismos para evitar que este ataque contra Venezuela prospere acorde con las amenazas de Donald Trump contra otros países.
“Cuba, México, Colombia, Nicaragua forman parte de una lista todavía más extensa de países que han sido mencionados como posibles blancos de nuevos ataques”, advirtió Yaski. Por eso, “reclamamos a los Parlamentos de toda América Latina que se expidan rechazando de manera tajante y clara esta intervención”, remarcó el político sindicalista.
La declaración parlamentaria advierte que este ataque “no solo pone en riesgo a Venezuela, sino que amenaza de manera directa la paz y la estabilidad de toda América Latina y el Caribe, región declarada Zona de Paz en el 2014 y que rechaza el uso de la fuerza como mecanismo de imposición política”.
El lunes, un centenar de organizaciones política, sindicales, sociales, estudiantiles y de derechos humanos coincidieron en denunciar la agresión de Washington contra Venezuela y miles de sus miembros escenificaron una contundente protesta frente a la embajada de Estados Unidos.
lam/mh
Jurista nicaragüense: Secuestro de Maduro rompe orden internacional
- enero 6, 2026
- CST00:42 GMT -05;00
Managua, 6 ene (Prensa Latina) El jurista y académico nicaragüense Leonardo González calificó de delito grave el secuestro del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, al considerar que se trata de una violación flagrante del derecho internacional.
En declaraciones a Prensa Latina, González explicó que el presidente venezolano es una persona protegida internacionalmente conforme a la Convención de 1973 sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, instrumento jurídico suscrito por la mayoría de los Estados miembros de la ONU, así como por quienes forman parte de las convenciones de Viena y de Ginebra.
A su juicio, los jefes de Estado constituyen el primer sujeto del derecho internacional público y, por tanto, su investidura y condición jurídica permanecen intactas en cualquier circunstancia, independientemente del lugar o de los hechos que se invoquen en su contra.
“Nadie puede despojar a un presidente de su estatuto jurídico internacional”, subrayó.
El académico señaló que los acontecimientos del pasado 3 de enero en territorio venezolano constituyen un acto militar de carácter terrorista, ejecutado con planificación previa y con transgresión no solo de la soberanía de Venezuela, sino también de los derechos del mar territorial del Caribe, región declarada zona de paz por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Indicó que la reinstalación de bases militares y el despliegue de fuerzas extranjeras en el Caribe rompen acuerdos internacionales elevados a Naciones Unidas, y revelan una conducta sistemática de desconocimiento del derecho internacional por parte de Estados Unidos, al que definió como un imperio que actúa bajo una lógica supremacista.
González afirmó que el derecho penal internacional ha sido debilitado deliberadamente por las potencias occidentales, lo que ha impedido que instancias como la Corte Penal Internacional ejerzan una jurisdicción real y efectiva frente a crímenes cometidos por Estados hegemónicos.
En ese contexto, sostuvo que la justicia federal estadounidense carece de competencia para juzgar al presidente Maduro, al tratarse de una jurisdicción anglosajona que no puede procesar a un jefe de Estado extranjero protegido por convenciones internacionales, por lo que cualquier actuación judicial en su contra es jurídicamente nula.
Más que un proceso penal, advirtió, se trata de una acción ejemplarizante destinada a intimidar a los Estados que poseen recursos estratégicos y que no se subordinan a los intereses del poder imperial, particularmente en un escenario global marcado por la transición hacia un mundo multipolar.
El jurista alertó que este hecho marca un punto de quiebre para la seguridad regional, al desmantelar los pactos de paz y los mecanismos de convivencia construidos tras la Segunda Guerra Mundial, dejando a los Estados latinoamericanos expuestos a nuevas formas de intervención y coerción.
Recordó que Nicaragua ha sido históricamente objetivo de agresiones imperialistas y que su experiencia de lucha por la soberanía constituye una lección política y moral para los pueblos de la región, frente a los intentos de recolonización y saqueo de recursos.
González destacó que solo la organización de los pueblos, la defensa de la dignidad nacional y el fortalecimiento de alianzas basadas en la multipolaridad y la cooperación solidaria permitirán enfrentar la actual fase de decadencia del hegemonismo occidental y preservar la paz en América Latina y el Caribe.
lam/ybv
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