Minnesota simboliza la crisis del federalismo en Estados Unidos
El estado se encuentra en un punto muerto con el gobierno federal sobre quién tiene potestad para investigar el asesinato de manifestantes. No es una lucha justa.
Por Emily Bazelon
- 31 de enero de 2026
Desde la década de 1960, cuando los agentes del orden matan o maltratan a civiles estadounidenses, se desarrolla una pauta familiar. Se acusa a la policía estatal o local de uso excesivo de la fuerza; los residentes locales protestan y exigen responsabilidades; el gobierno federal interviene para proporcionar una medida de justicia y restablecer la calma. Como ejemplos están el asesinato de George Floyd en 2020; la paliza a Rodney King en 1991; la desaparición de James Chaney, Andrew Goodman y Michael Schwerner en Misisipi en 1964.
Este mes, las muertes de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales de migración cambiaron esta dinámica. Y la lucha sobre quién investigará estos asesinatos —y si se le exigirán responsabilidades a alguien— forma parte de un enfrentamiento cada vez mayor entre los gobiernos federal y estatal. Desde la fundación de Estados Unidos, el equilibrio de poder entre Washington y los estados ha sido uno de los dramas políticos centrales del país. Ahora, como ya ha ocurrido en ciertos momentos oscuros de la historia estadounidense, ese delicado sistema se está resquebrajando.
Minnesota intenta hacer valer sus prerrogativas llevando al gobierno de Donald Trump ante los tribunales. Una de las demandas pretende acceder a las evidencias relacionadas con el asesinato de Pretti, que el gobierno ha prohibido que sean revisadas por los investigadores estatales y el fiscal del condado, mientras que solo ha abierto investigaciones muy limitadas sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes en las muertes de Pretti y Good.
Los funcionarios de Minnesota tienen motivos para temer que si el estado no puede realizar una investigación completa e independiente, nadie lo hará. Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), hizo que el resultado de cualquier investigación pareciera una conclusión inevitable al acusar a Good y Pretti de atacar a los agentes que los mataron, a pesar de todas las evidencias en video que muestran lo contrario. Entonces, el gobierno de Trump tomó la inusual decisión de poner a la agencia de Noem a cargo de la investigación y pidió al público que confiara en que el DHS se supervisaría a sí mismo.
El viernes, el fiscal general adjunto Todd Blanche pareció dar marcha atrás al afirmar que, después de todo, el FBI llevaría a cabo una “investigación estándar”. “No quiero exagerar lo que está ocurriendo”, matizó Blanche. “Yo la describiría como una investigación estándar del FBI. Esa investigación, en la medida en que necesite implicar a abogados de la división de derechos civiles, lo hará”. La jefa de la división, Harmeet Dhillon, es una aliada cercana de Trump
Blanche no se refirió a la decisión de excluir a los funcionarios estatales y locales. Excluirlos es “contrario a los principios básicos del federalismo consagrados en la Constitución de Estados Unidos”, afirma la demanda interpuesta por funcionarios de Minnesota, que se basa en la Décima Enmienda. Minnesota “tiene un interés soberano básico en investigar y aplicar sus propias leyes penales”. Otra demanda, que también cita la Décima Enmienda, impugna la oleada federal contra la migración por considerarla una violación de la soberanía estatal.
La Décima Enmienda, que reserva a los estados o al pueblo los poderes que la Constitución no delega en el gobierno federal, es el legado de James Madison. Él fue el redactor de Virginia que más se preocuparía después de la fundación por proteger a los estados de la extralimitación federal. Madison veía a Estados Unidos como una “república compuesta”, que atribuía al gobierno nacional “pocos y definidos” poderes, principalmente sobre la guerra y las relaciones exteriores, según escribió en los Documentos Federalistas en 1788, y reservaba a los estados una autoridad “numerosa e indefinida” sobre “las vidas, las libertades y las propiedades del pueblo”.
Cuando el presidente John Adams amplió el poder federal una década después de la fundación, al respaldar las Leyes de Extranjería y Sedición ―que convertían en delito federal criticar al presidente o al Congreso―, Madison instó a los estados a cumplir el derecho y el deber de proteger a sus ciudadanos contra un “ejercicio peligroso” del poder federal inconstitucional.
Pero entonces los derechos de los estados se convirtieron en una herramienta del Sur antes de la Guerra Civil. En la década de 1830, John C. Calhoun de Carolina del Sur, ex vicepresidente, dijo que los estados podían “vetar” los aranceles federales. Jefferson Davis, presidente de la Confederación, dijo en el periodo previo a la guerra que la Décima Enmienda permitía la secesión porque los estados no otorgaban al gobierno federal el poder de suprimirla.
Cuando terminó la guerra, la autoridad federal fue necesaria para recomponer el país y, durante un breve periodo, poner en marcha la Reconstrucción. Y en respuesta a una oleada de terror contra la población negra que los estados del Sur instigaron, el Congreso tipificó como delito federal en 1866 que cualquiera que actuara “bajo el amparo de la ley privara voluntariamente a otro de los derechos protegidos por la Constitución”. Cuando el Congreso y los estados ratificaron la Decimocuarta Enmienda en 1868, el gobierno federal se convirtió en el guardián más amplio de los derechos civiles.
El gobierno federal rara vez hizo cumplir la ley de 1866 durante la época de Jim Crow y nunca lo ha hecho a la perfección. Pero la lección de Mineápolis en las últimas semanas es que intentar resucitar la construcción de Madison del poder estatal, como baluarte contra el abuso federal, es arriesgado. No solo porque los argumentos sobre los derechos de los estados sigan asociados a causas desacreditadas como la lucha contra la segregación. También se debe a que en las décadas en que el gobierno federal protegía los derechos civiles, este acumuló un enorme poder.
La Décima Enmienda no ha muerto. Pero la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que da primacía a la ley federal, ha ganado más influencia. Desde el Nuevo Trato, bajo el cual se expandieron las agencias federales, la Corte Suprema ha dictaminado que las leyes federales prevalecen sobre las leyes estatales si entran en conflicto.
Por desafortunado que le parezca a Madison, hoy en día no existe un camino fácil para que un estado reivindique los derechos de sus residentes cuando se acusa al gobierno federal de pisotearlos. “Minnesota contra el gobierno federal es una historia de David contra Goliat”, dijo Jefferson Cowie, historiador de la Universidad de Vanderbilt y autor de Freedom’s Dominion. “Quizá se consiga una victoria puntual aquí o allá. Pero no es una estrategia a largo plazo”.
Compensar las lagunas de la justicia
Tras la Reconstrucción, durante muchas décadas el gobierno federal hizo poco respecto a la violencia perpetrada por el estado. Los sheriffs del Sur, por ejemplo, gozaban de relativa impunidad para instigar linchamientos y palizas a las personas negras estadounidenses. Entonces, en 1957, el Departamento de Justicia creó una división de derechos civiles. Uno de sus primeros dirigentes, John Doar, vivió durante semanas en un dormitorio con James Meredith durante su lucha por matricularse en 1962 como primer estudiante negro de la Universidad de Misisipi.
Dos años más tarde, Chaney, Goodman y Schwerner estaban en Misisipi para registrar a votantes negros cuando desaparecieron después de que un ayudante del sheriff del condado, Cecil Price, los detuviera por exceso de velocidad. Más tarde avisó al Ku Klux Klan de su paradero (o se los entregó).
Cuando el estado no investigó, el FBI inundó la zona de agentes. Con la ayuda de un informante, se encontraron los cadáveres de los hombres en una presa de tierra. El estado se negó a acusar a nadie en relación con los asesinatos. Doar llevó a cabo una investigación sobre derechos civiles basada en la ley de 1866, y siete hombres fueron condenados, entre ellos Price, quien cumplió cuatro años y medio de prisión. “Así fue como algunos movimientos por la justicia empezaron a obtener recursos del gobierno federal”, afirma Joshua Clark Davis, historiador de la Universidad de Baltimore y autor del nuevo libro Police Against the Movement. “Fue una farsa que los acusados nunca fueran acusados de asesinato. Pero condenarlos por violación de los derechos civiles fue mucho mejor que nada”.
Desde entonces, el FBI y la división de derechos civiles del Departamento de Justicia han compensado eficazmente los fallos estatales en respuesta a una serie de tiroteos entre fuerzas de seguridad que amenazaban con incendiar comunidades, o el país. Los presidentes demócratas solían ser más propensos que los republicanos a investigar a todo un departamento de policía por una “pauta o práctica” de discriminación, como también permite la ley federal. Pero los gobiernos republicanos también han sido agresivos a la hora de perseguir a agentes de policía individuales en casos de violencia de Estado. Varios agentes que cometieron delitos —los que golpearon a Rodney King en 1991, los que dispararon a seis civiles desarmados en un puente de Nueva Orleans tras el huracán Katrina en 2005 y los que asesinaron a George Floyd en 2020― recibieron penas de prisión basadas en investigaciones sobre derechos civiles abiertas por los respectivos Departamentos de Justicia de George H. W. Bush, George W. Bush y Donald Trump en su primer mandato.
Al mismo tiempo, es notable que muchas investigaciones federales sobre tiroteos cometidos por las fuerzas del orden concluyan sin que se presente una acción penal. El nivel de exigencia para presentar cargos es alto: los agentes están autorizados a utilizar la fuerza letal cuando perciben razonablemente una amenaza grave. La ley se inclina a su favor, dadas las decisiones que toman en fracciones de segundo en el cumplimiento de su deber. “Estos casos son difíciles de enjuiciar”, afirma Vanita Gupta, funcionaria del Departamento de Justicia en los gobiernos de Obama y Biden. “Tuve que cerrar investigaciones muchas veces. Pero el público podía confiar en que la División de Derechos Civiles había realizado una investigación independiente, completa y justa”.
Blanche limitó las expectativas incluso cuando revocó la anterior negativa del Departamento de Justicia a abrir una investigación de derechos civiles sobre la muerte de Pretti, y a cerrar la que los fiscales de Mineápolis habían abierto sobre el asesinato de Good. “No quiero que la conclusión sea que hay una investigación masiva sobre derechos civiles”, dijo.
Una diferencia entre muchos tiroteos anteriores que ha investigado el Departamento de Justicia y las muertes de Good y Pretti es que fueron agentes federales, y no fuerzas de seguridad estatales o locales, quienes cometieron el incidente. En cierto sentido, el asedio federal de 1993 al complejo de la Rama Davidiana en Waco, Texas, es un antecedente, y aunque se culpó en gran medida a los davidianos de iniciar los incendios y el tiroteo que acabó con muertes masivas, la fiscala general Janet Reno nombró a un abogado especial para investigar.
Drew Evans, superintendente de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota, que suele investigar el uso de la fuerza letal por parte de un agente, ha prometido que el estado continuará su investigación. Mary Moriarty, fiscala local, pidió a la gente que enviara pruebas en video a través de un portal en línea. El martes, tras un aluvión de críticas bipartidistas, Trump prometió una investigación “muy honorable y honesta”. Pero el presidente siguió culpando a Pretti de portar legalmente un arma en una protesta, aunque un agente federal ya la había tomado antes de que otro abriera fuego.
Los próximos enfrentamientos con los estados
Las investigaciones sobre las muertes de Good y Pretti son el enfrentamiento más urgente entre Minnesota y Washington, pero se están gestando otros.
Desde el punto de vista del gobierno de Trump, los funcionarios estatales y locales son los que no respetan la ley, al impedir que el gobierno federal haga cumplir las leyes de migración del país.
La tensión tiene su origen en el movimiento de las ciudades santuario. En diciembre, Mineápolis reforzó las ordenanzas que restringen la cooperación con las fuerzas federales de migración, al prohibir el uso de cualquier recurso de la ciudad o el intercambio de datos. La policía no puede establecer perímetros ni controlar el tráfico cuando los agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza llevan a cabo detenciones. (La Corte Suprema ha dictaminado que el gobierno federal no puede obligar a los funcionarios estatales a realizar tareas federales).
Más estados y ciudades están considerando leyes de este tipo. Una nueva lista de proyectos de ley desafiaría directamente las tácticas federales, por ejemplo, prohibiendo las máscaras que los agentes federales utilizan habitualmente para ocultar sus identidades. Un grupo de fiscales progresistas, entre los que se encuentra Mary Moriarity, fiscala del condado con jurisdicción en Mineápolis, anunció esta semana que se están agrupando para ayudar a llevar a juicio a los agentes federales que infrinjan las leyes estatales. La idea, dijo Moriarty, es compartir conocimientos entre ciudades y reducir la sensación de aislamiento que conlleva la crisis.
Sin duda, su oficina se enfrentaría a obstáculos legales para procesar a los agentes que dispararon contra Good y Pretti. Entre otras cuestiones, los agentes federales gozan de cierta inmunidad frente a la acusación estatal. “Pero sigo diciendo que no es absoluta”, dijo Moriarty. “Tiene que haber alguna forma de rendición de cuentas. No se consigue la disuasión diciéndole al ICE: ‘Nadie puede tocarte’”.
Resulta revelador que, tras la muerte de Good, el gobierno de Trump dirigiera su poder de investigación penal contra varios funcionarios de Minnesota, entre ellos el gobernador Tim Walz; el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey; el fiscal general del estado Keith Ellison, y Moriarty. El principal agente de corrupción pública del FBI en Mineápolis dimitió en lugar de llevar a cabo la investigación. Seis fiscales federales dimitieron a mediados de enero por la orden de investigar a la viuda de Renee Good. Desde entonces, varios más han dimitido por otras investigaciones.
Los múltiples movimientos federales, y las respuestas estatales, son una señal de cómo se está astillando el pacto federalista. Y, sin embargo, los poderes estatales y locales son importantes como contrapeso cuando el presidente utiliza el gobierno nacional para actuar como un autoritario. Madison tenía razón al respecto.
“No podemos impedir lo que hace el gobierno federal”, dijo Moriarty. “Nuestras acciones pueden parecer una pequeña pieza. Pero son una gran pieza para la gente de aquí. Se están defendiendo unos a otros, e intentan enfrentarse a su propio gobierno federal, y se preguntan: ‘¿Quién está aquí para protegernos? Aquí tenemos un carril. Estamos haciendo nuestro trabajo”.
Emily Bazelon es escritora de la plantilla de The New York Times Magazine.
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Lo que MAGA ve en el espejo de Minnesota
31 de enero de 2026
Por David French
Columnista de Opinión
Es importante saber exactamente lo que está ocurriendo en nuestro país. El presidente Donald Trump sufrió un revés en Mineápolis. Sin embargo, su proyecto más amplio sigue adelante, y está creando una realidad paralela basada en el movimiento MAGA que sienta las bases para una mayor escalada de violencia de Estado.
Así es como funciona el proceso. En primer lugar, los agentes federales (principalmente del ICE y de la Patrulla Fronteriza) adoptan una conducta extraordinariamente agresiva y anárquica, que incluye iniciar el contacto físico con manifestantes o miembros del público.
Y no limitan su agresión a los migrantes ilegales que delinquen, “lo peor de lo peor”. Están deteniendo a personas a las que se ha concedido un estatus legal, han atrapado en redadas a ciudadanos y afirman tener la autoridad de entrar en los domicilios de las personas sin órdenes judiciales que les concedan el derecho de registro.
En segundo lugar, como ha señalado mucha gente (me incluyo), cuando se produce un enfrentamiento, el gobierno y sus aliados en el Congreso inmediatamente publican declaraciones en las que culpan a las víctimas, y a menudo utilizan el lenguaje más fuerte posible: las llaman “terroristas domésticos” o “sediciosos”.
Piensa en las cosas espantosas que han dicho sobre Renee Good y Alex Pretti, dos residentes de Minnesota que fueron abatidos a tiros por agentes federales en las calles de Mineápolis. Kristi Noem acusó a Good de cometer un acto de “terrorismo doméstico”. El vicepresidente JD Vance calificó sus acciones de “terrorismo clásico”. El presidente Trump afirmó que ella “atropelló de forma violenta, deliberada y despiadada al agente del ICE”.
Ninguna de esas afirmaciones está ni remotamente respaldada por las pruebas disponibles.
La calumnia del gobierno contra Pretti puede haber sido aún peor. Gregory Bovino, que entonces aún servía en Minnesota en calidad de comandante en jefe de la Patrulla Fronteriza, dijo que Pretti (que tenía un permiso válido para portar armas de fuego y llevaba una pistola, pero al parecer no la tocó, ni mucho menos la blandió) parecía estar intentando “causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden”. Noem también lo acusó de “terrorismo doméstico”, y Stephen Miller lo llamó “asesino” que “intentó asesinar a agentes federales”. Vance compartió la calumniosa acusación de Miller.
De nuevo, ninguna de esas afirmaciones estaba respaldada por pruebas significativas.
El gobierno hace estas declaraciones antes de que haya ninguna investigación y, a veces, incluso antes de haber tenido la oportunidad de revisar todas las pruebas disponibles públicamente, incluidos los videos de los teléfonos móviles. Si el enfrentamiento no es mortal, a menudo presentan cargos penales y publican comunicados de prensa que pregonan su proceso judicial.
Da la impresión de que si pudieran acusar a los muertos de crímenes, lo harían, con regocijo.
En tercer lugar, cuando los miembros de los medios de comunicación tratan de informar cuidadosamente de los hechos y ponen en duda la versión del gobierno, eso se considera un nuevo ultraje. Para el movimiento MAGA, las versiones periodísticas que contradicen la versión oficial son un ejemplo más de que los medios tradicionales tienen un sesgo activista, mienten y manipulan la información.
Por último, cuando las causas penales llegan a los tribunales, a menudo el gobierno no puede apoyar sus afirmaciones, y las causas son desestimadas una y otra vez. Las sentencias judiciales adversas enfurecen aún más al grupo MAGA: ahora los jueces también participan en una forma de “insurrección legal” o anulación de la ley federal.
Las protestas enfurecen al movimiento MAGA. El periodismo enfurece al movimiento MAGA. La rendición de cuentas enfurece al movimiento MAGA. Y la ira sigue creciendo hasta que una sola frase empieza a extenderse a lo largo y ancho de la base de seguidores de Trump: “Invoquen la Ley de Insurrección”.
Visto a través de un prisma, este patrón es una forma de suicidio político. Como demuestran las encuestas, muchos estadounidenses que pensaban que votaban a favor de mejores controles fronterizos y restricciones más estrictas de la migración están descontentos con la agresión de Trump.
A los votantes no les gusta ver a agentes enmascarados que sacan a la gente de casas, tiendas y coches. No les gustan los videos que se difunden en las redes sociales en los que el ICE y la Patrulla Fronteriza se disfrazan de una versión del SEAL Team 6 de baja estofa.
No les gusta que el gobierno mienta y calumnie a las mismas personas a las que hiere y mata, y se enfurecen especialmente cuando los videos grabados con teléfonos móviles desmienten de inmediato la versión del gobierno.
Y en la medida en que prestan atención a los procedimientos judiciales, definitivamente no les gusta cuando el gobierno es sorprendido mintiendo y desafiando las órdenes de los jueces.
Por ejemplo, el miércoles, Patrick Schiltz, juez jefe del Tribunal de Distrito de Minnesota, emitió una orden extraordinaria en la que catalogaba un total de 96 órdenes judiciales que, según dijo, el ICE había violado en 74 casos diferentes. “Es probable que el ICE haya violado más órdenes judiciales en enero de 2026″, escribió el juez, “que algunas agencias federales en toda su existencia”.
La orden de Schiltz llegó tras otra mordaz sentencia de un tribunal federal. Este mes, después de la muerte a tiros de Renee Good, escribí sobre el dictamen de 233 páginas de la jueza Sara Ellis, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, que exponía de forma cuidadosa y detallada una serie de mentiras del gobierno de Trump, mentiras que utilizaba para justificar sus tácticas en las calles de Chicago.
En cada paso del camino, el gobierno está dilapidando lo que tenía de buena voluntad y aumentando las posibilidades de una victoria demócrata en las elecciones intermedias.
El problema, sin embargo, es que el gobierno está jugando un juego diferente. No intenta ganarse el apoyo de la gente, sino imponer su voluntad.
En septiembre de 2020, publiqué un libro en el que argumentaba que las divisiones estadounidenses estaban creciendo tan profundamente que poníamos en peligro nuestra unión nacional. No creía que un divorcio nacional fuera inminente, ni que estuviéramos derivando hacia una guerra civil como la que padecimos de 1861 a 1865, sino que nos encontrábamos en un camino peligroso. Había paralelismos inquietantes entre la década de 1850 y nuestra nación actual.
¿Qué hizo que una facción minoritaria de la política estadounidense decidiera romper la Unión? Obviamente, la defensa de la esclavitud era, en última instancia, incompatible con el credo estadounidense. La nación se encaminaba hacia una colisión entre su creciente abolicionismo y las tenaces fuerzas del poder esclavista, que consideraban la “peculiar institución” del Sur como fundamental para su prosperidad e identidad.
Pero, ¿por qué los sureños estaban tan ansiosos por separarse en 1860 y 1861? Parte de la respuesta está en la prensa del Sur. Después de la ejecución en diciembre de 1859 de John Brown, el violento abolicionista del Norte que había asaltado el arsenal federal de Harpers Ferry en un intento de desencadenar una rebelión de esclavos a gran escala, la prensa partidista del Sur amplificó las voces de los norteños que admiraban a Brown —aunque solo admiraran su causa, no sus tácticas— y utilizó esas palabras para intensificar el miedo y la ira latentes en el público blanco del Sur.
James McPherson, en su magnífica historia de la Guerra Civil en un solo volumen, Battle Cry of Freedom: The Civil War Era, describe el escenario de forma vívida.
Una publicación llamada De Bow’s Review escribió que el Norte “ha aprobado y aplaudido el robo, el asesinato y la traición”. Un periódico de Baltimore se preguntaba si el Sur podría “vivir bajo un gobierno, la mayoría de cuyos súbditos o ciudadanos consideran a John Brown un mártir y un héroe cristiano”.
Como escribió McPherson, los historiadores han comparado el “paroxismo de ira” que se apoderó del Sur en 1859 y 1860 con el “Gran Miedo” de Francia en 1789, cuando los campesinos franceses creyeron que las fuerzas del rey estaban empeñadas en masacrarlos.
Hoy se puede ver en juego la misma dinámica en el movimiento MAGA. Está atenazado por su propio “paroxismo de ira”. Cuando los migrantes indocumentados cometen un crimen violento, la noticia plaga los medios de comunicación de derecha. Sabemos por las elecciones de 2024 que la derecha traficará con las mentiras más descabelladas sobre las comunidades de migrantes, incluida la fantasía de que los migrantes haitianos se comían a los animales domésticos en Springfield, Ohio. Palabras como “invasión” son omnipresentes en los medios de comunicación de derecha.
Con ese telón de fondo, desde el punto de vista del grupo MAGA, la respuesta del resto del país a las muertes de Good y Pretti se parece mucho a la respuesta del Norte a la ejecución de John Brown. Good y Pretti no tenían las manos manchadas de sangre como Brown, pero a los ojos de la derecha MAGA, son criminales peligrosos responsables de sus propias muertes.
Son culpables de obstaculizar a los agentes. Son culpables de resistirse a la detención. Pretti es culpable de llevar un arma a una protesta (extraño que la derecha se oponga, dada su propia afición a las protestas armadas). Son culpables de proteger a migrantes criminales violentos y crueles.
La cámara de eco de la derecha es tan poderosa y está tan herméticamente sellada que incluso los conservadores serios pueden caer en la desinformación del gobierno.
El lunes, una mujer de Chicago llamada Marimar Martinez presentó una moción ante un tribunal federal que solicitaba la anulación de una orden de protección que le permitiera compartir con el público información sobre su encuentro con la Patrulla Fronteriza.
Un agente de la Patrulla Fronteriza disparó a Martinez varias veces el 4 de octubre de 2025, y el gobierno de Trump afirmó inicialmente que ella había “embestido” a agentes de la Patrulla Fronteriza o había ayudado a “acorralar” a agentes de la Patrulla Fronteriza con “aproximadamente 10 vehículos”. El gobierno de Trump presentó cargos penales contra ella, para luego solicitar al tribunal que desestimara los cargos, con perjuicio (lo que significa que no se pueden volver a presentar).
Sin embargo, gran parte de las pruebas del caso permanecen selladas. ¿Y por qué querría Martinez que se revelaran todas las pruebas? ¿Quizás porque el gobierno todavía la califica de terrorista doméstica en el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional?
Además, e igualmente inquietante, el juez Samuel Alito repitió la versión falsa de los hechos proporcionada por el gobierno en su opinión disidente en el caso Trump contra Illinois, la reciente decisión de la Corte Suprema que bloquea el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por el gobierno de Trump en Illinois.
“En un suceso ampliamente publicitado el 4 de octubre”, escribió Alito, “un vehículo federal que transportaba agentes de la Patrulla Fronteriza fue acorralado en una calle pública por 10 vehículos civiles, y dos de esos vehículos embistieron al vehículo gubernamental. Cuando los agentes salieron de su vehículo, uno de los vehículos civiles se dirigió directamente contra un agente, obligándolo a disparar en defensa propia”.
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Si eso es correcto, ¿por qué pidió el Departamento de Justicia que se desestimara el caso, con perjuicio?
No creo ni por un momento que Alito repitiera a sabiendas información falsa, pero es difícil discernir la verdad cuando estás expuesto a una ventisca de mentiras, sobre todo cuando esas mentiras proceden de una institución, el Departamento de Justicia, que ha demostrado durante mucho tiempo tal integridad que los jueces le han concedido una “presunción de regularidad”, es decir, se cree que las fuerzas federales del orden actúan de forma honesta y legal.
Ya no merece tal presunción. De hecho, el gobierno de Trump miente con tal regularidad y descaro que uno debería suponer que es deshonesto hasta que podamos ver con nuestros propios ojos las pruebas que respaldan su versión.
Trump parece estar dando marcha atrás en Minnesota, hasta cierto punto. Bovino, el comandante de la Patrulla Fronteriza que había estado a cargo de la operación del estado, ha sido retirado de Minnesota y, al parecer, se le ha impedido publicar en las redes sociales.
El presidente envió a su zar fronterizo, Tom Homan, al estado. Trump incluso ha suavizado su tono hacia el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, al menos temporalmente. El miércoles, Trump indicó que Frey “jugaba con fuego” si se negaba a hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
Homan es un defensor de las políticas de inmigración duras, pero no es tan agresivo y pugilístico como Noem, y al parecer ambos se han enfrentado por la preferencia de Noem por operaciones de aplicación de la ley vistosas y de estilo militar.
Pero hay una diferencia entre un cambio de opinión y una retirada táctica. Al momento de escribir estas líneas, la publicación de Miller en la que acusaba a Pretti de ser un asesino sigue publicada. El retuit de Vance de la publicación de Miller sigue en línea. El martes, un portavoz de Seguridad Nacional se negó rotundamente a dejar de calificar a Pretti de terrorista doméstico durante una entrevista con Dana Perino en Fox News.
Apenas el domingo pasado Miller afirmó que los demócratas, “después de perder unas elecciones, lanzaron una resistencia armada para impedir que el gobierno federal revirtiera la invasión”.
Y entonces, como si estuviera previsto, Miller volvió a atacar al poder judicial justo cuando yo estaba terminando de redactar este boletín. Un tribunal federal de Mineápolis emitió una orden que impedía al gobierno arrestar o detener a refugiados que se encuentren legalmente en Estados Unidos, lo que llevó a Miller a publicar en X: “El sabotaje judicial de la democracia no tiene fin”.
No hay que confundir la gestión de crisis con una reforma real, y no hay que creer ni por un segundo que la furia del movimiento MAGA está amainando. No se ha aplacado por las imágenes que muestran que Pretti fue rociado con gas pimienta sin justificación, que nunca buscó su arma y que fue acribillado a balazos después de ser desarmado.
Tampoco lo escarmientan las imágenes que muestran que el agente que mató a Renee Good ya estaba fuera de peligro cuando disparó la primera bala, ni las que muestran que él mismo provocó gran parte del peligro al caminar imprudentemente delante de un coche en marcha en una situación caótica y confusa. Tampoco lo corrige el sonido de alguien que estaba lo suficientemente cerca como para que se escuchara cuando llamó “maldita perra” a Good justo después de que le dispararan y la mataran delante de su horrorizada pareja.
Y si crees que el movimiento MAGA cree que su furia y rabia paralizarán su actual intento de conseguir un poder cada vez mayor, piensa en la lección que aprendió después del 6 de enero: Trump podría desencadenar lo que equivalió a un intento de golpe de Estado y aun así volver al Despacho Oval.
Así que no cree en las encuestas. No cree a los medios de comunicación. No cree en los tribunales. Sigue confiando en Trump, y seguirá bajo su hechizo cuando muera alguien más y todo el ciclo vuelva a empezar.
Otras cosas que hice
El lunes publicamos una conversación de mesa redonda con mis colegas Michelle Goldberg, Lydia Polgreen y Matthew Rose. Hablamos del asesinato de Alex Pretti y de cómo reformar el ICE:
Me gusta la idea de responder de forma agresiva y específica. Quitarles las máscaras. Acabar con sus inmunidades. Limitar su jurisdicción. Restringir sus tácticas. Todo esto puede hacerse mediante la legislación sin inhibir la aplicación humanitaria de las leyes de inmigración. Y si se hace correctamente, la reforma legislativa puede conducir a una mayor rendición de cuentas en todo el gobierno.
El domingo escribí sobre la forma en que la guerra cultural envenena la enseñanza superior. Está convirtiendo las universidades en motores del activismo, y cuando el activismo es más importante que la investigación, puede tener un efecto pernicioso:
Con el tiempo, esta mentalidad da lugar a una sorprendente monocultura ideológica, en la que casi todas las personas a tu alrededor comparten, en líneas generales, tu misma ideología. Cuando casi todas las personas inteligentes que conoces están de acuerdo contigo de forma significativa, es muy fácil llegar a la conclusión de que tus oponentes no solo están equivocados, sino que incluso pueden ser estúpidos o malvados.
¿Y quién quiere gente estúpida o malvada en el campus?
Las mejores universidades, por el contrario, adoptan el enfoque opuesto. No te enseñan a reafirmar tus convicciones, sino a acercarte al mundo con espíritu de curiosidad. No es que las personas curiosas no deban tener convicciones; pero sus convicciones deben estar templadas por la humildad.
Por último, el sábado publicamos una divertida conversación con mis colegas Emily Bazelon y Aaron Retica. Hablamos de los argumentos orales en el caso Trump contra Cook, en el que Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, lucha por conservar su puesto de trabajo después de que Trump intentara despedirla. En el debate participó un conservador tradicional, Paul Clement, contra el gobierno de Trump, y el conservador tradicional va a ganar:
Pero hay otro aspecto muy interesante que, en mi opinión, no ha recibido suficiente atención. El defensor de Lisa Cook era Paul Clement. Esto es significativo porque se produjo un enfrentamiento entre el arquetipo de la filosofía jurídica de MAGA, representada por el procurador general —probablemente el mejor defensor de la filosofía legal del movimiento MAGA en Estados Unidos es el actual procurador general, John Sauer— contra no cualquier abogado conservador, sino un tipo que estaría en el Consejo de Elrond del originalismo.
Es decir, este hombre es el arquetipo del abogado conservador. Así que, francamente, en esa lucha, tenías a la parte legal de MAGA contra el conservadurismo clásico. Lo que Clement logró fue apelar al originalismo de los jueces Roberts, Barrett, Kavanaugh y Gorsuch, y lo hizo con fluidez.
Fue fascinante escuchar el argumento porque, a medida que avanzaba, sentí que Clement ganaba cada vez más confianza. Era como: Oh, yo gano por la puerta n.º 1. Pero si no les gusta la puerta n.º 1, la n.º 2 también es fabulosa. Yo gano por la puerta n.º 2.
Pocas veces he salido de un alegato oral o he escuchado un alegato oral y he salido con una idea tan clara del resultado como en este caso.
David French es columnista de Opinión y escribe sobre derecho, cultura, religión y conflictos armados. Es veterano de la Operación Libertad Iraquí y exabogado constitucional. Su libro más reciente es Divided We Fall: America’s Secession Threat and How to Restore Our Nation. Puedes seguirlo en Threads (@davidfrenchjag).
Al matar a Renee Good, ICE nos envía un mensaje a todos
El gobierno de Trump miente con descaro. El Congreso debe actuar
El terror de Estado llegó a EE. UU.
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26 de enero de 2026
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Por El Comité Editorial
El Comité Editorial es un grupo de periodistas de opinión cuyos puntos de vista se basan en su experiencia, investigación, debates y valores arraigados. Es independiente de la sala de redacción.
El gobierno federal debe a los estadounidenses una investigación exhaustiva y un informe veraz sobre los disparos mortales que Alex Jeffrey Pretti recibió el sábado por la mañana en una calle de Mineápolis. Cuando el gobierno mata, tiene la obligación de demostrar que ha actuado en interés público. En lugar de ello, el gobierno de Donald Trump está incurriendo una vez más en una perversión de la justicia.
Apenas unas horas después de la muerte de Pretti, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, declaró sin ofrecer pruebas que Pretti había “cometido un acto de terrorismo doméstico”. Gregory Bovino, funcionario de la Patrulla Fronteriza, ofreció su propia valoración: “Parece una situación en la que un individuo quería causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden”.
Estos juicios infundados e incendiarios se adelantan al resultado de una investigación, que el Departamento de Seguridad Nacional ha prometido. También parecen totalmente incongruentes con varios videos grabados en el lugar de los hechos.
Esos videos mostraban que Pretti no tenía nada más que un teléfono en las manos cuando fue abordado por los agentes de la Patrulla Fronteriza, y que nunca sacó la pistola que llevaba (y para la que, al parecer, tenía licencia). De hecho, los videos parecen mostrar que un agente federal le quitó el arma a Pretti momentos antes de que otro agente le disparara por la espalda. Análisis independientes realizados por The New York Times, The Wall Street Journal, The Associated Press, CBS News y otras organizaciones concluyeron que los videos contradicen la descripción de los hechos presentada por el gobierno de Trump.
El gobierno insta a los estadounidenses a rechazar las pruebas que perciben con sus ojos y oídos. Noem y Bovino mienten, desafiando verdades evidentes. Mienten a la manera de los regímenes autoritarios que exigen que la gente acepte las mentiras como demostración de poder.
Peor aún es que todo esto resulte tan terriblemente familiar. A principios de este mes, un agente federal disparó y mató a otra residente de Mineápolis, Renee Good. También en ese caso, el gobierno de Trump ha satanizado a la víctima y ha bloqueado una investigación estatal del asesinato.
La verdad es una línea de demarcación entre un gobierno democrático y un régimen autoritario. Pretti y Good están muertos. El pueblo estadounidense merece saber qué ocurrió.
La temperatura en Mineápolis es peligrosamente alta. Es urgente que los agentes federales desplegados en la ciudad den un paso atrás y se tomen un respiro antes de que más estadounidenses resulten heridos o muertos. Quienes protestan contra el gobierno de Trump tienen la misma obligación de evitar la violencia.
El pueblo estadounidense también necesita respuestas sobre si los agentes federales actuaron de forma inapropiada, y el comportamiento del gobierno de Trump significa que será imposible confiar en cualquier investigación federal que este lleve a cabo. El presidente Trump y sus funcionarios designados han demostrado que no les importa la verdad y que están dispuestos a mentir para servir a sus propios intereses. Por tanto, el Congreso debe intervenir. La Constitución le confiere el poder de celebrar audiencias, emitir citaciones y exigir respuestas.
El Congreso debe investigar tanto las circunstancias de las recientes muertes de Mineápolis como la conducta más general de las agencias federales que participan en la represión de la migración de Trump, incluido el trato que dan a los manifestantes pacíficos. Las pruebas de video muestran que el incidente que culminó con la muerte de Pretti comenzó cuando un agente federal se abalanzó sobre una manifestante y la tiró al suelo. Hay muchos videos similares y casos documentados de agentes federales que emplean una violencia innecesaria contra personas que protestan pacíficamente o documentan acontecimientos, comportamientos ambos protegidos por la Primera Enmienda.
El Congreso tiene el poder de exigir cuentas al gobierno a través de su control del gasto federal. Un proyecto de ley pendiente para financiar al Departamento de Seguridad Nacional ofrece una oportunidad crucial para realizar un escrutinio e imponer las salvaguardias necesarias, como la financiación de las cámaras corporales.
El gobierno federal también ha intentado impedir las investigaciones del estado de Minnesota. Esto debe terminar. Un juez federal de Minnesota dictó el sábado por la noche, a instancias del estado, una orden de alejamiento temporal que prohíbe a las agencias federales destruir pruebas relacionadas con la muerte de Pretti. La necesidad de tal orden es tan evidente como extraordinaria.
“Está en juego la credibilidad del ICE y del DHS”, publicó el sábado en las redes sociales el senador Bill Cassidy, republicano por Luisiana, que cada vez está más enfrentado a Trump. “Debe haber una investigación conjunta federal y estatal completa. Podemos confiar la verdad al pueblo estadounidense”.
El gobierno de Trump no ha hecho ningún intento de calmar las aguas en Mineápolis. Es una vergüenza que el primer comentario público de Trump tras la muerte de Pretti fuera colgar una foto en las redes sociales de lo que describió como “el arma del atacante”. Stephen Miller, posiblemente el asesor más influyente de Trump, escribió en las redes sociales, sin ofrecer pruebas, que Pretti era “un asesino”.
Es prematuro llegar a conclusiones sobre lo que ocurrió exactamente en aquella calle de Mineápolis. El gobierno de Trump no debería haberlo hecho, y nosotros no lo haremos. No obstante, lo que está claro es que el gobierno federal necesita restablecer la fe pública en las agencias y los funcionarios que están llevando a cabo las medidas enérgicas de Trump contra la migración. Si se permite que el gobierno actúe con impunidad y eluda incluso la rendición de cuentas más básica, el resultado será más violencia.
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Fotografía original de Victor J. Blue para The New York Times.
El Comité Editorial es un grupo de periodistas de opinión cuyos puntos de vista se basan en su experiencia, investigación, debates y valores arraigados. Es independiente de la sala de redacción.
El terror de Estado llegó a EE. UU.
26 de enero de 2026
- 2
Por M. Gessen
Es columnista de la sección de Opinión.
Después de las tres últimas semanas de violencia en Mineápolis, ya no debería ser posible decir que el gobierno de Donald Trump solo pretende gobernar este país. Pretende reducirnos a todos a un estado de miedo constante, un miedo a la violencia de la que algunas personas pueden librarse en un momento dado, pero de la que nadie estará nunca de verdad a salvo. Esa es nuestra nueva realidad nacional. El terror de Estado ha llegado.
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Por favor, repasa conmigo esta lista. Desde principios de enero, cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas amplió sus operaciones en Mineápolis y St. Paul, Minnesota, los agentes federales mataron a Renee Good, una mujer blanca y madre de clase media; amenazaron a una abogada de inmigración embarazada en el estacionamiento de su bufete; detuvieron a numerosos ciudadanos estadounidenses, incluido uno al que sacaron de su casa en ropa interior; rompieron ventanillas de coches y detuvieron a sus ocupantes, incluida una ciudadana estadounidense que se dirigía a una cita médica en un centro de lesiones cerebrales traumáticas; detonaron granadas antidisturbios y un contenedor de gas lacrimógeno junto a un coche en el que viajaban seis niños, entre ellos uno de 6 meses; registraron un aeropuerto, donde exigieron ver la documentación de la gente y arrestaron a más de una decena de personas que trabajaban allí; detuvieron a un niño de 5 años, y ahora mataron a otro ciudadano estadounidense, Alex Jeffrey Pretti, enfermero de la unidad de cuidados intensivos sin antecedentes penales. Parece que era blanco. Los agentes lo tenían en el suelo, sometido, antes de dispararle, al parecer, al menos 10 tiros a quemarropa.
Ante una lista como esta —un diluvio como este—, buscamos detalles que puedan explicar por qué estas personas fueron sometidas a este trato, detalles que puedan darnos la tranquilidad de que nosotros, por el contrario, no estamos en peligro. Good tenía una relación con una mujer, y su pareja, que tiene una expresión de género más masculina, habló impertinentemente a un agente del ICE, así que, después de todo, Good no era la típica madre blanca. ChongLy Thao, el hombre al que sacaron de su casa en ropa interior, es un migrante de Laos; no es blanco, y se puede suponer que habla con acento. La mujer que se dirigía a la consulta médica y la familia con seis hijos atravesaron zonas donde se estaban produciendo protestas contra el ICE. La familia del niño de 5 años no tiene estatus permanente. Poco se sabe de Pretti mientras escribo estas líneas, pero su padre dijo que participó en protestas y que podría haber llevado un arma (legalmente).
No nos enfocamos en estos detalles para justificar las acciones de los agentes federales, que son claramente brutales e injustificables; lo hacemos para obligar al mundo a tener sentido, y para calmar nuestros nervios. Si no contestamos de forma insolente, si modificamos nuestras rutas para evitar las protestas, si tenemos la suerte de ser estadounidenses de nacimiento, blancos y heterosexuales —o, si no lo somos, pero nos mantenemos agazapados, silenciosos—, estaremos a salvo. Por el contrario, podemos elegir alzar la voz, ir a las protestas, arriesgarnos. En cualquier caso, nos decimos, si podemos predecir las consecuencias, tenemos capacidad de acción.
Pero no es así como funciona el terror de Estado.
En la década de 1990, cuando hablé con personas de la antigua Unión Soviética sobre las experiencias de terror estalinista de sus familias, me sorprendió repetidamente lo mucho que la gente parecía saber sobre sus circunstancias. Una y otra vez, la gente me contaba exactamente lo que había llevado a la detención o ejecución de sus familiares. Vecinos celosos los habían denunciado ante las autoridades, o compañeros que habían sido detenidos los nombraban bajo coacción. Estas historias se habían transmitido de generación en generación. Me pregunté cómo podían llegar a saber tanto. No podían. La gente elaboraba relatos a partir de sospechas, rumores e indicios, para satisfacer la necesidad desesperada de una explicación.
Mi libro favorito sobre el terror de Estado es Sofia Petrovna, de Lydia Chukovskaya, una novela corta rusa que se ha traducido a varias lenguas. La protagonista, una mujer de mediana edad leal al Partido Comunista de Stalin, pierde la cabeza intentando encontrar el sentido de la detención de su hijo. Mi propia historia familiar contiene un corolario. Después de que la policía secreta detuviera a la mayor parte del personal directivo del periódico en el que mi abuelo era subdirector, esperó a que llamaran a su puerta. Cuando la policía secreta no apareció noche tras noche, semana tras semana, se angustió tanto que se internó en un psiquiátrico. Puede que así evitara ser detenido. O puede que la policía secreta hubiera cumplido su cuota de detenciones para ese mes.
Porque este era el secreto de la policía secreta que quedó claro cuando se abrieron (brevemente) los archivos del KGB en la década de 1990: se regían por cuotas. Los escuadrones locales tenían que detener a un número determinado de ciudadanos para que fueran designados enemigos del pueblo. Que los agentes detuvieran a menudo a grupos de colegas, amigos y familiares fue probablemente una cuestión de conveniencia más que otra cosa. De forma fundamental, el terror fue aleatorio. Así es, de hecho, como funciona el terror de Estado.
La aleatoriedad es la diferencia entre un régimen basado en el terror y otro sencillamente represivo. Incluso en los regímenes represivos de forma brutal, incluidos los de las colonias soviéticas en Europa oriental, uno sabía dónde estaban los límites del comportamiento aceptable. Las protestas abiertas eran motivo de detención, pero no las conversaciones en la cocina. Escribir ensayos o novelas subversivas o editar revistas clandestinas era motivo de detención; leer estas obras prohibidas y pasárselas discretamente a los amigos, probablemente no. En cambio, un régimen basado en el terror despliega la violencia precisamente para reforzar el mensaje de que cualquiera puede ser sometido a ella.
Cuando pensamos en los regímenes de terror del pasado, resulta tentador superponerles una narrativa lógica, como si los líderes totalitarios tuvieran una lista de tareas pendientes de exterminio y se abrieran paso a través de ella metódicamente. Creo que así es como la mayoría de la gente entiende la famosa cita de Martin Niemöller “Primero vinieron”. En realidad, las personas que vivían bajo esos regímenes nunca sabían qué grupo sería designado enemigo del Estado a continuación.
En la época de Niemöller, el terror lo ejercían la policía secreta y las fuerzas paramilitares —especialmente las SA, más conocidas como camisas pardas—, cuyo trabajo consistía en infundir miedo a la población. En 1934, Adolf Hitler mandó detener a entre 150 y 200 miembros de la propia cúpula de las SA y ejecutó a sus principales generales, en la demostración definitiva de que nadie era inmune a la violencia mortífera del Estado. Stalin llevó a cabo con regularidad purgas similares. El terror en sí no era el objetivo final de esos regímenes, pero nada de lo que siguió habría sido posible sin él.
La caja de herramientas no es especialmente variada. El presidente Trump está utilizando todos los instrumentos: las cuotas de detenciones del ICE que se han reportado; la fuerza paramilitar formada por matones embriagados de su propia brutalidad; el espectáculo de la violencia aleatoria, sobre todo en las calles de las ciudades; el vilipendio post mortem de las víctimas. Es natural que nuestros cerebros luchen por encontrar una lógica a lo que estamos viendo. Existe una lógica, y esta lógica tiene un nombre. Se llama terror de Estado.
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M. Gessen es columnista de opinión del Times. Obtuvo el premio George Polk al mejor ensayo de opinión en 2024. Ha publicado 11 libros, entre ellos El futuro es historia: Rusia y el regreso del totalitarismo, reconocido con el National Book Award en 2017.
Las secuelas de Mineápolis dejan al Departamento de Seguridad Nacional sumido en el caos
Mientras los funcionarios lanzan acusaciones tras la muerte de Alex Pretti a manos de agentes federales, crece la preocupación por el futuro de la agencia.
Agentes federales desalojaron a los manifestantes de un hotel en Mineápolis el domingo por la noche.Credit…Victor J. Blue para The New York Times
Por Zolan Kanno-Youngs y Hamed Aleaziz
Reportando desde Washington
- 29 de enero de 2026
El creciente juego de acusaciones en torno a la gestión del gobierno de Donald Trump de la muerte perpetrada por las autoridades fronterizas en Mineápolis esta semana ha puesto de manifiesto las luchas internas por el poder dentro del Departamento de Seguridad Nacional con relación a la amplia campaña de represión migratoria del presidente Trump, y ha sumido al departamento en lo que funcionarios actuales y anteriores consideran una grave crisis.
En los días transcurridos desde que agentes federales dispararon mortalmente contra un enfermero de Asuntos de Veteranos, el beligerante agente de la Patrulla Fronteriza que dirigía la operación en la ciudad fue hecho a un lado. La asediada secretaria de Seguridad Nacional se apresuró a conseguir una reunión personal con Trump en medio de llamamientos para que dimitiera. Y un alto funcionario de la Casa Blanca que diseñó la agenda de migración de Trump dijo que el gobierno examinaba si los agentes fronterizos habían violado el protocolo.
La situación ha sumido al departamento en el caos y ha suscitado una preocupación generalizada entre los empleados y los miembros del Congreso sobre el futuro de una agencia encargada de proteger a Estados Unidos de las amenazas internas y externas. Funcionarios actuales y antiguos de Seguridad Nacional ya han descrito un creciente sentimiento de frustración y desilusión en la agencia, la cual lidera el impulso de Trump para detener y deportar a millones de inmigrantes.
“Parece un caos”, dijo Deborah Fleischaker, quien fue directora adjunta de políticas del ICE durante el gobierno de Joe Biden, en referencia a la dirección del Departamento de Seguridad Nacional. “La migración ha estado politizada durante mucho tiempo. Pero lo que estamos viendo es una escalada de esa politización y una aceptación del poder como herramienta definitiva”.
“La moral dentro del departamento debe verse afectada”, añadió. “Debe verse afectada. Ven lo que está ocurriendo”.
Ninguno de los altos funcionarios de migración parecía correr riesgo inminente de perder su empleo. Después de que Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, se reuniera con Trump durante casi dos horas esta semana, él dijo que había hecho un “muy buen trabajo”. Y Stephen Miller, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, quien ha desempeñado un papel destacado en la configuración y dirección de las medidas contra la migración, sigue siendo una de las figuras más influyentes del gobierno.
Gregory Bovino, el jefe de la Patrulla Fronteriza cuyas tácticas en las operaciones de inmigración en las ciudades estadounidenses han suscitado demandas y protestas, fue retirado de Mineápolis. Pero funcionarios de la Casa Blanca mantuvieron que no corría riesgo de perder su puesto. La Casa Blanca ha ordenado a Tom Homan, el zar fronterizo del presidente, que sustituya a Bovino en Mineápolis y se reúna con las autoridades locales para “desescalar” la situación en Mineápolis, en palabras de Trump.
Y en medio de todas las acusaciones y los intentos por superar las repercusiones políticas de la muerte, ni Trump ni ninguno de sus asesores han explicado por qué dijeron falsamente que el hombre al que mataron los agentes, Alex Pretti, blandía un arma antes de que le dispararan, ni por qué los funcionarios del gobierno lo etiquetaron como terrorista doméstico antes de que se realizara cualquier investigación.
Las tácticas agresivas y las declaraciones falsas reflejan un enfoque combativo impuesto desde la cúpula por Trump, en el que el gobierno ataca inmediatamente a sus oponentes con un lenguaje incendiario, incluso si más tarde se ve socavado por pruebas en video.
Una portavoz de la Casa Blanca se refirió a los comentarios de esta semana de Trump, en los que indicaba que estaba abierto a una investigación sobre la muerte de Pretti.
Sin embargo, varios funcionarios de Seguridad Nacional afirmaron que las consecuencias de lo sucedido en Mineápolis han puesto de manifiesto lo que una persona familiarizada con la dinámica interna denominó una batalla por el poder en el departamento, al estilo de Juego de Tronos, la cual se ha ido fraguando durante meses y ahora ha llegado a un punto de ebullición. Otros funcionarios del ICE han expresado dificultades para seguir las directrices de la Casa Blanca y de la dirección del Departamento de Seguridad Nacional, ya que en ocasiones no coinciden.
Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, refutó cualquier afirmación de que hubiera una lucha de poder en la agencia.
“Solo hay una sintonía: la del presidente”, dijo McLaughlin. “Todo el mundo está en la misma sintonía”.
Después de que Noem recibiera intensas críticas por calificar a Pretti de terrorista doméstico, un funcionario estadounidense dijo que su mensaje había sido elaborado en parte por Miller. Miller, quien calificó a Pretti de “terrorista” durante el fin de semana, emitió el martes una declaración en la que afirmaba que el Departamento de Seguridad Nacional había elegido su lenguaje “con base en los informes de la CBP sobre el terreno”. McLaughlin repitió esa explicación el miércoles.
La afirmación de Noem de que Pretti “blandía” un arma también quedó desvirtuada por una revisión preliminar realizada por la oficina de vigilancia interna de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés). Y otra afirmación de Bovino durante el fin de semana, según la cual dos agentes implicados en el tiroteo contra Pretti seguían trabajando, fue puesta en entredicho después de que un funcionario de Seguridad Nacional dijera el miércoles que estaban de licencia.
Algunos exfuncionarios de Seguridad Nacional dijeron que Trump había preparado la agencia para una lucha de poder al principio de su mandato, cuando nombró zar fronterizo a Homan, un antiguo funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. A Homan se le encargó poner en práctica las promesas de campaña del presidente sobre políticas fronterizas y deportaciones masivas, tareas que normalmente serían competencia del secretario de Seguridad Nacional.
Miller también lleva mucho tiempo dando directrices a los altos cargos de Seguridad Nacional, desde el primer mandato de Trump. Ha seguido supervisando las operaciones de migración de Trump y mantiene frecuentes llamadas con altos funcionarios del ICE, exigiéndoles que aumenten las detenciones de migrantes.
Noem recibe llamadas telefónicas de Miller varias veces a la semana para tratar diversos asuntos de seguridad nacional, según dos funcionarios estadounidenses.
Para complicar aún más las cosas, la omnipresencia en el departamento de Corey Lewandowski, primer jefe de campaña de Trump y asesor principal de Noem, ha provocado una gran consternación entre los funcionarios de seguridad nacional.
Un funcionario que solicitó el anonimato para hablar con franqueza sobre el liderazgo del Departamento de Seguridad Nacional dijo que todo lo que ocurre en el ICE debe recibir aprobación de Lewandowski. Y otra persona familiarizada con el asunto dijo que cualquier solicitud de financiación para su oficina de seguridad nacional tenía que pasar por Lewandowski.
En un principio, Homan y Noem se ganaron los elogios de la Casa Blanca por reducir los cruces ilegales en la frontera hasta mínimos históricos.
Pero el año pasado, cuando el ICE intentó sin éxito cumplir las enormes expectativas de la Casa Blanca en cuanto a detenciones y deportaciones mediante una aplicación más selectiva, Bovino ascendió al poder.
El ascenso de Bovino provocó frustración entre algunos funcionarios de seguridad nacional, que consideraban que había eludido la cadena de mando para dirigir redadas de migración militarizadas y de gran envergadura, según un funcionario estadounidense, un funcionario y un exfuncionario del ICE.
“Es duro para la gente del departamento y de las agencias, que esperan que la dirección les guíe, que la dirección no esté de acuerdo y, lo que es peor, que esté públicamente en desacuerdo”, dijo Tim Quinn, exfuncionario de alto rango de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que dejó la agencia el año pasado. “La gente está observando las escenas desde Minnesota y otros lugares y creo que no refleja lo que esperan de las fuerzas de seguridad federales”.
Entrevistas con personas del Departamento de Seguridad Nacional, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar cuestiones delicadas, arrojaron opiniones encontradas sobre la situación. La marcha de Bovino ha frustrado a algunos agentes. Algunos funcionarios del ICE esperan que reduzca la tensión de la situación en Minnesota, como ha sugerido Trump.
Otros con conocimiento de la situación expresaron su preocupación por que Miller hubiera socavado a los agentes de la Patrulla Fronteriza sobre el terreno al sugerir el martes que sus tácticas en Mineápolis violaban las directrices de la Casa Blanca.
Rodney Scott, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, dijo en un comunicado que Miller había transmitido su apoyo a los agentes fronterizos sobre el terreno y “los hombres y mujeres de la CBP están profundamente agradecidos por su inquebrantable apoyo. Cualquier insinuación en sentido contrario es una mentira ignorante y estúpida”.
A pesar del cambio de responsabilidades entre los altos funcionarios, miembros del propio partido de Trump en el Congreso cuestionaron la competencia de la cúpula de seguridad nacional.
El senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, dijo que no tenía “ninguna confianza” en Noem y acusó a su departamento de descuidar otra de sus responsabilidades: la respuesta a las catástrofes.
“Están completamente despistados”, dijo Tillis a los periodistas en el Capitolio. “Está claro que no sabe dirigir, nunca ha dirigido una gran organización y está fracasando en todos los aspectos posibles del trabajo”.
Tillis también criticó las declaraciones de Miller después de la muerte, calificándolos a él y a Noem de “aficionados en el sentido más estricto de la palabra”.
El senador Rand Paul, republicano por Kentucky, pidió una investigación independiente sobre los disparos contra Pretti.
“Para que la gente confíe en el gobierno y en las fuerzas del orden que tenemos en el gobierno, tenemos que ser muy honestos”, dijo Paul. “Tenemos que decir la verdad”.
Tyler Pager colaboró con reportería.
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Zolan Kanno-Youngs es corresponsal del Times en la Casa Blanca y cubre las noticias relacionadas con el presidente Donald Trump y su gobierno.
Hamed Aleaziz cubre para el Times temas relacionados con el Departamento de Seguridad Nacional y la política migratoria.
Lee más en: Departamento de Seguridad Nacional, Donald Trump
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