Ofensiva de LUMA, la Junta Fiscal y bonistas contra intento gubernamental de anular contrato de operación del sistema eléctrico

por Nueva Pensamiento Crítico · 4 de febrero de 2026

Las partes, en sus alegatos a la jueza Laura Taylor Swain, se opusieron de plano a que las demandas se devuelvan al foro estatal

Desde 2021, LUMA Energy opera bajo un acuerdo “suplementario” que vencerá cuando finalice la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. (Josian Bruno Gómez)

Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com

LUMA Energy, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y un grupo de acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) atacaron, desde distintos ángulos, la premisa de que las dos demandas incoadas por la administración de Jenniffer González para anular el contrato del operador privado del sistema energético deben resolverse en el tribunal estatal.

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Con sus distintos tonos, las tres partes coincidieron en que el contrato otorgado a LUMA, en 2020, forma parte integral de los procesos de reestructuración y transformación de la AEE, y que su cancelación dejaría al sistema eléctrico en un estado de incertidumbre mayúscula.

“Estas acciones amenazan con potencialmente retrasar este caso de Título III por años, impactando no solo a las partes interesadas, sino a los residentes de Puerto Rico. De hecho, como LUMA y el gobierno del Estado Libre Asociado han expresado por años, la bancarrota de la AEE y su falta de acceso a los mercados financieros socavan los esfuerzos de todas las partes por salvaguardar la red”, argumentó, en un escrito a la jueza federal Laura Taylor Swain, la coalición de acreedores conformada por Golden Tree Asset Management, Syncora Guarantee y el Paul Weiss Ad Hoc Group, que busca el repago de más de $8,000 millones en bonos emitidos por la corporación pública.

Junto a su alegato en contra de que las demandas –una presentada por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y la AEE y otra, por la gobernadora– se devuelvan al foro estatal, los bonistas presentaron el lunes una moción de intervención que Swain deberá resolver.

Por su lado, LUMA recalcó, en el caso de la AAPP y la AEE, que ambas corporaciones “han realizado un viraje en U total” respecto a las posturas que apoyaron durante la administración de Pedro Pierluisi, que incluyeron la extensión, en noviembre de 2022, del pacto suplementario para que la empresa administre el sistema eléctrico hasta que finalice la bancarrota de la empresa estatal.

El consorcio privado, que describió las demandas como una “maniobra política”, puntualizó que el actual jefe de la AAPP y zar de Energía, Josué Colón, mientras era director ejecutivo de la AEE, afirmó, en una reunión de la Junta de Gobierno de esa corporación pública, que la extensión del acuerdo suplementario se hacía “de acuerdo con las leyes aprobadas bajo otras administraciones”, lo que chocaría frontalmente con el alegato central de las demandas sobre el trámite impropio.

Mediante declaraciones escritas compartidas este martes a El Nuevo Día, LUMA reiteró que los argumentos del gobierno para trasladar el caso “carecen de mérito” y “son un intento de invalidar” un contrato que el propio gobierno, la AEE y la AAPP “establecieron, respaldaron públicamente y aprobaron hace más de cinco años”.

“Estas acciones perjudican a los clientes y retrasan la transformación energética de Puerto Rico que es fundamental para reparar las décadas de abandono y mal manejo por parte del operador anterior, la AEE, que permanece en bancarrota después de casi diez años”, añadió.

En tanto, la JSF, que previamente ha vaticinado un “caos” de anularse el contrato de LUMA, sostuvo que, en caso de que se determinara alguna ilegalidad en la extensión aprobada en 2022, solo la corte de Título III “podría conformar e implantar los remedios de la forma menos destructiva a la reorganización de la AEE”.

También el lunes, la representación legal del gobierno se opuso parcialmente a la intervención de la JSF en la demanda de la primera ejecutiva, planteando que la controversia se limita a la legalidad de la extensión contractual y no “si la Junta de Supervisión cree que el T&D OMA (contrato de operación y mantenimiento) debe continuar”.

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Existe un malestar acumulado que desata a cada momento la furia del pueblo, como la gota al tope que una copa llena, es la gota que la desborda. El gobernador Pierluisi trató una semana antes de la última convocatoria de calmar los ánimos de unas masas del pueblo que pocos años antes habían tumbado un gobernador de su propio partido, anunciando un aumento salarial temporero, pero su táctica se le revirtió en contra, y tuvo que recibir en Fortaleza al liderato de esos trabajadores, con las grandes masas enardecidas fuera de sus portones, al mismo liderato obrero que una y otra vez se había negado a recibir. Los gobernantes arrogantes no conocen otro lenguaje que el lenguaje de la fuerza, y esa fuerza de las masas de obreros y trabajadores es la que hay que saber articular ahora para construir órganos de poder permanente.

Es importante señalarnos a nosotros mismos que las ideas se desarrollan en la acción revolucionaria, no en la exégesis acrítica de la teoría. Por ello, en la praxis marxista y en el fervor de la militancia revolucionaria, teoría y práctica son inseparables. Es por eso que sostenemos que la teoría, en la acción revolucionaria, no es para las academias (en alto despiste en Puerto Rico), como tampoco la acción de la militancia lo es solo para las organizaciones revolucionarias, cuyos errores en la percepción de la realidad y sectarismos absurdos son cada vez más frecuentes.

La lectura apresurada y superficial de la historia por parte de los cuadros al frente de movimientos reivindicativos lleva a acciones y decisiones políticas erradas y de consecuencias fatales para la revolución. Tal, por ejemplo, el monstruo auto creado de la anexión^[1] que condujo a un sector del independentismo, elección tras elección, a aliarse con los llamados autonomistas, yerro que terminó perpetuando la colonia y, por lo tanto, mantuvo sobre nuestras cabezas el mentado “monstruo”. Es una paradoja que solo el movimiento obrero, con una política clasista consecuente, ha de romper.

De nuevo, pero ahora con lentitud y con demasiada incoherencia, los vientos están cambiando. La oposición a la venta de la Telefónica en los años noventa, el éxito alcanzado por las grandes movilizaciones de masas contra la Marina de los Estados Unidos en Vieques, las luchas sindicales y políticas del movimiento estudiantil y obrero en defensa de la universidad pública y contra la legislación anti obrera son muestras de este despertar. Cientos de miles de trabajadoras y trabajadores movilizados en verano de 2019 desplegando una fuerza tal que lograron la renuncia de un gobernador inepto e inmoral es muestra de que renace la voluntad de lucha de los trabajadores en Puerto Rico.

Lo importante ahora es reconstruir esas fuerzas dispersas en nuevos esfuerzos organizativos con metas realista hacia la transformación social. Las movilizaciones de pobladores y sectores desposeídos, junto a los sectores organizados del movimiento obrero, por cambios fundamentales en la estructura social habrán de cimentar la unidad de clase de la gran masa de trabajadores. La cuestión es movilización y organización. Organización para continuar movilizando. Movilización para alcanzar para los trabajadores nuevos estadios de conciencia y poder.