Más de 70 organizaciones e individuos declaran hoy ante la ONU en torno al caso colonial de Puerto Rico
El PIP advertirá de la importancia de avivar el llamado en favor del derecho a la libre determinación e independencia, en medio de nuevas intervenciones estadounidenses en Latinoamérica
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com
Washington D.C. – El Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidassesionará hoy, lunes, para escuchar los testimonios de más de 70 organizaciones e individuos sobre una nueva resolución que reconoce el derecho de Puerto Rico a la libre determinación e independencia, la cual se prevé que ratificará, en horas de la tarde, por ocasión número 44.
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Sin interés de las mayorías republicanas del Congreso en atender el debate sobre el futuro político de Puerto Rico, en medio de un fuerte rechazo a la estadidad, la sesión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidos puede ser, este año, el principal foro para sectores políticos y cívicos puertorriqueños presentar sus argumentos en torno al caso colonial del archipiélago.
La resolución será, otra vez, liderada por el gobierno de Cuba, en momentos en que la administración deDonald Trump amenaza con intervenir en ese país caribeño y mantiene bloqueado el acceso a petróleo extranjero, en medio de reclamos de cambios políticos y económicos.
“Ante el escenario político actual en la región latinoamericana, así como en el resto del mundo, y el papel que juega Estados Unidos en lo que parece ser un retroceso histórico en cuanto al respeto de la soberanía de los pueblos, cobra especial importancia la aprobación de la resolución de este comité especial reconociendo nuestro carácter de nación latinoamericana y caribeña, así como nuestro derecho a la libre determinación e independencia”, indica la ponencia que presentará el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Adrián González, el único funcionario electo que declarará en la sesión de hoy.
Al denunciar el “corolario” de la doctrina Monroe de Trump –por la cual el gobierno de Estados Unidos percibe a Latinoamérica como su patio trasero–, el senador González, secretario de Organización del PIP, planteará que el “retroceso histórico que amenaza la región, en nuestro caso, es la realidad que hemos vivido durante más de un siglo de dominio económico, social y político”.
“Nuestras tierras han sido ocupadas para propósitos militares, poniendo en peligro la salud y vida de nuestros compatriotas… Como parte del recrudecimiento de las políticas coloniales, hace ya una década que una junta no electa por los puertorriqueños, sino impuesta por el Congreso estadounidense, ejerce un control selectivo sobre el uso de dinero público, imponiendo medidas de austeridad diseñadas para debilitar el acceso a la salud, el empleo público y la educación, en particular nuestro principal proyecto educativo que es la Universidad de Puerto Rico (UPR), mientras exhibe una sospechosa pasividad ante prácticas fiscales nocivas que promueven la corrupción”, agrega González en su escrito.PUBLICIDAD
La misión de Cuba en la ONU ha confirmado a este medio que volverá a presentar la resolución en favor del derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia. La resolución exhorta a la Asamblea General de la ONU a retomar el caso político puertorriqueño, denuncia la imposición de la ley Promesa, recuerda la represión en contra del movimiento independentista y los bombardeos y entrenamientos en Vieques.
“Cuba ha señalado, en numerosas ocasiones, ante el Comité Especial de Descolonización que el status colonial actual impide al pueblo puertorriqueño decidir soberanamente sobre las necesidades y los graves problemas económicos y sociales que le afectan”, indicó, este fin de semana, a El Nuevo Día el embajador de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, al señalar que, pese a la amenaza de intervención de Estados Unidos, la posición de su país “sobre la cuestión colonial de Puerto Rico es histórica e invariable”.
Aunque, en 1953, la Asamblea General de las Naciones Unidas dejó de requerir informes a Estados Unidos sobre Puerto Rico, el Comité de Descolonización ha sesionado desde 1973, casi anualmente, para escuchar a sectores puertorriqueños y aprobar una resolución que reconozca que Puerto Rico no ha ejercido su derecho a la libre determinación e independencia.
En las últimas décadas, el gobierno de Estados Unidos ha cesado de combatir la medida. No obstante, el caso no ha sido debatido nuevamente de forma independiente en la Asamblea General de la ONU.
Este año, la audiencia coincide con el décimo aniversario de la aprobación por el Congreso de la ley Promesa, que impuso la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que controla las finanzas públicas del gobierno electo de Puerto Rico y creó un sistema judicial de bancarrota territorial que ha permitido reestructurar la deuda del archipiélago.
Pese a que el tema no está en la agenda del Congreso, el comisionado residente en Washington y presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández, presentó legislación con la idea de elevar su defensa del status territorial vigente, el cual propone incluir -junto a la estadidad, la independencia y la soberanía en libre asociación-, en un futuro plebiscito vinculante para el gobierno federal.
“La realidad colonial de Puerto Rico queda meridianamente expresada en la onerosa carga económica impuesta para el pago de la deuda gubernamental a los bonistas norteamericanos, en la crisis permanente de su sistema de salud, en el cierre de sus escuelas públicas, el secuestro de la Universidad del Estado, la precariedad de su clase trabajadora, la imparable ola criminal, en la desatención de los esenciales servicios de electricidad y agua potable, la dificultad para obtener servicios esenciales del gobierno y la ausencia de un plan de desarrollo económico del país y para el país”, afirmará Gustavo Quiñones Rovira, en representación del Gran Oriente Nacional de Puerto Rico, formación masónica.
Por su parte, Mádelin Colón Pérez, a nombre de la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte, recordará que Estados Unidos puede imponer la pena de muerte en Puerto Rico, pese a que la Constitución puertorriqueña la prohíbe. “El rechazo a la pena capital es una guía para nuestro progreso social y responde a la defensa de la dignidad y el valor de la persona humana”, afirmará Colón Pérez.
Dennis Febo, de la Red Nacional para la Abolición de la Esclavitud (ASNN, por su siglas en inglés), denunciará que, a pesar de que la Constitución del Estado Libre Asociado prohíbe la esclavitud, en el texto oficial, quedó un lenguaje que permite como castigo penal el trabajo involuntario, “una condición de trabajo forzoso”.
“En Puerto Rico, una persona condenada por un delito queda sujeta a un régimen de sometimiento, no simplemente a trabajo forzado. Ningún delegado puertorriqueño votó a favor de eso”, comentó Febo, al adelantar su posición.
El Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), representado por su secretario de Organización, Iván Elías Rodríguez, señalará “la contradicción que representa que Estados Unidos se apreste a celebrar por todo lo alto los 250 años de su independencia a la vez que nos niega este derecho inalienable”.
El MINH destacó el compromiso de Cuba con el derecho de Puerto Rico a su independencia, aun en medio de las presiones de Estados Unidos.
Por su parte, Kevin Rivera Medina, portavoz del Comité Pro Derechos Humanos, expondrá que el proceso de libre determinación de Puerto Rico debe incluir medidas reparadoras de la situación colonial.
“Las medidas reparadoras deben incluir: la condonación de la deuda y acceso a mercados financieros; devolución de infraestructura, edificaciones y tierras, con la previa rehabilitación de terrenos contaminados y de las tierras fértiles; rehabilitación de los cascos urbanos; reconocimiento formal de los abusos históricos; facilitar el retorno de nuestro exilio; y, sobre todo, un proceso genuino de autodeterminación e independencia”, argumentará Rivera Medina.
Mientras, la organización Plan B Independencia hará un nuevo llamamiento al presidente Trump para que emita un decreto que reconozca el derecho del pueblo de Puerto Rico a su independencia, retire a Estados Unidos del Tratado de París de 1898 y “establezca un proceso formal para una transición ordenada hacia la independencia”.
“Hacemos un llamado directo al gobierno de los Estados Unidos, ya que ahora tiene una oportunidad histórica para resolver simultáneamente varios problemas: poner fin al régimen colonial, reducir los costos políticos y económicos asociados a la dependencia territorial y eliminar, de una vez por todas, la posibilidad de la anexión de Puerto Rico, una alternativa que amenaza con socavar la cohesión interna de los Estados Unidos”, expresará Carlos Pérez Lizaruian, a nombre de Plan B Independencia, según copia de su ponencia.
Por su parte, Manuel Rivera, de la organización de la diáspora Puertorriqueños Unidos en Acción (PUA) y candidato republicano a fiscal general en Washington D.C., afirmará que la conmemoración de los 250 años de la independencia de los Estados Unidos “adquiere mayor relevancia en momentos en que el presidente Trump y diversas figuras del Partido Republicano se han expresado en contra de la estadidad para Puerto Rico” y considera que sectores demócratas que promueven la estadidad se alejan de “un genuino esfuerzo de descolonización”.
Rivera ha llevado ante dos congresistas republicanos –Tom McClintock (California) y John McGuire (Virginia)–, un borrador de legislación en favor de encaminar la independencia de Puerto Rico y desvincular a Estados Unidos del Tratado de París. Respecto al proyecto de ley del comisionado residente, Rivera señaló que “incluir el territorio equivale a mantener abierta la puerta a la estadidad y a perpetuar el colonialismo”.
La lista oficial de la sesión de hoy incluye 73 ponentes, en representación de organizaciones o en su carácter individual. En los últimos años, entre los ponentes ha habido decenas de activistas que han propuesto, sin éxito, integrar la estadidad a la resolución del Comité de Descolonización.PUBLICIDAD
La lista de organizaciones e individuos que han solicitado turnos incluye a la coordinadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Eva Prados; la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Vivian Godineaux Villaronga; y Vannesa Ramos, de la Asociación Americana de Juristas.
También han pedido declarar, entre otros, la codirectora de Right to Democracy, Adi Martínez; Zaida Torres Rodríguez, de la Alianza de Mujeres Viequenses; Ignacio Ros, presidente del capítulo 177 del sindicato NTEU y miembro de la delegación estadista que lidera el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares; la abogada Lía Fiol Matta, en representación de Power4PuertoRico; y Sonia Santiago, portavoz de Madres contra la Guerra.
La sesión del Comité Especial de Descolonización –integrado por 28 países– comenzaría a las 10:00 a.m.
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José A. Delgado
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