Desafíos territoriales de deuda y estabilidad [según el informe GAO sobre Puerto Rico y el resto de las colonias de los EE.UU.]

El informe GAO-25-107560 detalla la compleja situación fiscal que enfrentan los territorios de los Estados Unidos en el año 2025 (p. 1). Este documento técnico subraya la persistencia de desafíos estructurales que comprometen la sostenibilidad económica a largo plazo en estas jurisdicciones (p. 1). A pesar de recibir una asistencia federal significativa, las limitaciones en la gestión de deuda siguen siendo un obstáculo crítico

Wilkins Román Samot 

(San Juan, 11:00 a.m.) El informe GAO-25-107560 detalla la compleja situación fiscal que enfrentan los territorios de los Estados Unidos en el año 2025 (p. 1). Este documento técnico subraya la persistencia de desafíos estructurales que comprometen la sostenibilidad económica a largo plazo en estas jurisdicciones (p. 1). A pesar de recibir una asistencia federal significativa, las limitaciones en la gestión de deuda siguen siendo un obstáculo crítico (p. 1). La Oficina de Rendición de Cuentas resalta la necesidad de reformas profundas para asegurar la transparencia financiera (p. 1). El análisis integral busca identificar los riesgos específicos que amenazan la estabilidad de cada territorio evaluado (p. 1).

El territorio colonial de Puerto Rico encabeza el análisis debido a la magnitud de sus procesos de reestructuración (p. 14). Tras años de crisis, el informe documenta una reducción sustancial de los pasivos mediante mecanismos legales estratégicos (p. 14). No obstante, el sector energético se mantiene como el principal cuello de botella para el crecimiento (p. 24). La disparidad en los costos de servicios básicos comparados con el continente refleja una ineficiencia persistente (p. 24). Este panorama introduce una discusión necesaria sobre el control interno y la rendición de cuentas federal (p. 12).

Por otro lado, territorios como Guam, las Islas Vírgenes, las Islas Marianas y Samoa Americana presentan realidades diversas (p. 31, 43, 59, 75). Mientras algunos muestran signos de recuperación en su Producto Interno Bruto, otros enfrentan crisis de liquidez inmediatas (p. 35, 60). Los problemas operativos en las utilidades públicas y los sistemas de pensiones descapitalizados son temas recurrentes (p. 52, 54). El informe enfatiza que la falta de informes financieros oportunos agrava la vulnerabilidad ante los mercados (p. 12). La siguiente sección desglosará minuciosamente estos hallazgos técnicos para comprender la magnitud del riesgo fiscal actual (p. 1).

Puerto Rico logró una reducción de su deuda pública por un total de 36.5 mil millones de dólares desde el año 2016 (p. 14). Este avance fue posible gracias a la implementación de planes de ajuste bajo el marco legal vigente (p. 14). Para junio de 2022, el saldo de la deuda pública total se situó en 52.8 mil millones de dólares (p. 15). Esta cifra representa aproximadamente el 47% del Producto Interno Bruto total de la isla (p. 15). A pesar del desapalancamiento, la reestructuración de la autoridad eléctrica sigue siendo un proceso inconcluso y crítico (p. 15).

La salud fiscal de Puerto Rico mostró una mejora inusual al reportar un superávit de 1.9 mil millones de dólares (p. 16). Este resultado positivo corresponde al cierre del año fiscal 2022 tras periodos de déficits constantes (p. 16). Sin embargo, el costo de la vida se ve afectado por un sistema eléctrico sumamente ineficiente (p. 24). El precio del kilovatio-hora alcanzó los 29 centavos en enero de 2025 según los registros (p. 24). Dicho costo supera en un 80% al promedio pagado en el territorio continental estadounidense (p. 24).

Guam experimentó una trayectoria de crecimiento con un PIB de 6.7 mil millones de dólares en 2022 (p. 35). Esto representa un incremento real del 4% en comparación con el ejercicio económico del año anterior (p. 35). La deuda pública de este territorio se contabilizó en 2.5 mil millones de dólares al cierre de 2023 (p. 31). A pesar del crecimiento económico, existen debilidades materiales graves en los controles de informes financieros (p. 40). La GAO señala que el territorio no ha logrado remediar fallas críticas en su gestión administrativa (p. 40).

La implementación de un nuevo sistema de gestión financiera en Guam ocurrió en febrero de 2024 (p. 40). No obstante, la modernización tecnológica no ha solucionado los problemas de cumplimiento y auditoría interna (p. 40). En las Islas Vírgenes de los EE. UU., la deuda pública alcanzó los 2.2 mil millones de dólares (p. 43). Este monto equivale al 50% de su Producto Interno Bruto según los datos de 2021 (p. 43). La infraestructura eléctrica en este territorio sufre de un mantenimiento diferido de 33 millones de dólares (p. 52).

Los apagones frecuentes en las Islas Vírgenes son una consecuencia directa de la falta de inversión (p. 52). Además, el sistema de pensiones GERS enfrenta una crisis de solvencia con solo el 11.6% de financiación (p. 54). Esta tasa de capitalización sitúa al sistema entre los más precarios de toda la nación (p. 54). Por su parte, las Islas Marianas del Norte (CNMI) enfrentan una crisis de liquidez muy severa (p. 60). Su deuda pública se registró en 121.1 millones de dólares durante el periodo de evaluación (p. 60).

CNMI tuvo que recurrir a préstamos bancarios externos para poder cubrir sus obligaciones de pensiones (p. 59). En noviembre de 2024, el gobierno obtuvo un crédito de 51 millones de dólares para este fin (p. 59). La gestión financiera en este territorio muestra retrasos administrativos que superan los 25 meses (p. 70). Las auditorías únicas del año fiscal 2021 aún presentaban demoras significativas al momento del informe (p. 70). Estas deficiencias impiden una supervisión efectiva de los fondos federales otorgados por el Congreso (p. 70).

Samoa Americana presenta un panorama de deuda más manejable con 145.4 millones de dólares en 2023 (p. 75). A diferencia de sus pares, este territorio obtuvo una opinión de auditoría limpia recientemente (p. 82). Este logro administrativo refleja una mayor estabilidad en la presentación de sus estados financieros (p. 82). Sin embargo, su economía sufre de una dependencia excesiva en la industria del enlatado de atún (p. 80). La falta de diversificación económica representa un riesgo latente para su estabilidad futura (p. 80).

El informe advierte que la falta de informes financieros fiables pone en riesgo el acceso a capital (p. 12). Sin datos precisos, los gobiernos territoriales no pueden tomar decisiones informadas sobre su política fiscal (p. 12). La opacidad administrativa también eleva los costos de endeudamiento en los mercados financieros internacionales (p. 12). La GAO recomienda priorizar el establecimiento de controles internos que aseguren la transparencia total (p. 41). El cumplimiento de las normativas federales es esencial para evitar la devolución de fondos (p. 71).

La problemática de las auditorías retrasadas es un factor común que erosiona la confianza pública (p. 70). En varios territorios, la incapacidad de cerrar ciclos contables impide la detección temprana de fraudes (p. 71). Los fondos cuestionados por los auditores suelen derivar de una documentación deficiente o inexistente (p. 71). El informe recalca que la asistencia técnica federal debe enfocarse en fortalecer las capacidades locales (p. 41). Solo a través de una gestión robusta se podrá mitigar el riesgo de insolvencia (p. 12).

Finalmente, el análisis técnico destaca que la sostenibilidad depende de reformas en sectores estratégicos (p. 24). La energía, las pensiones y la salud son los pilares que más presionan los presupuestos (p. 54). La GAO insta a los territorios a no depender exclusivamente de los rescates federales (p. 1). Se requiere una estrategia de autogestión que promueva la eficiencia y la responsabilidad fiscal (p. 12). Los hallazgos de 2025 sirven como una advertencia sobre la fragilidad de estas economías (p. 1).

La situación fiscal de los territorios estadounidenses requiere una atención inmediata y coordinada entre niveles de gobierno (p. 1). El informe GAO-25-107560 deja claro que la reestructuración de deuda es solo el comienzo (p. 14). La transparencia financiera y la puntualidad en las auditorías son requisitos no negociables para la estabilidad (p. 12). Sin estas bases, el riesgo de una nueva crisis de deuda permanece extremadamente alto (p. 12). La sostenibilidad económica solo será posible si se resuelven las ineficiencias estructurales mencionadas (p. 24).

Los territorios deben transformar sus sistemas de gestión interna para recuperar la confianza del mercado (p. 40). El éxito de Samoa Americana en sus auditorías demuestra que la disciplina administrativa es alcanzable (p. 82). Por el contrario, los retrasos en las Islas Marianas y las Islas Vírgenes son alarmantes (p. 70). La dependencia de industrias únicas o de subsidios externos limita el potencial de desarrollo autónomo (p. 80). Es imperativo que cada jurisdicción implemente las recomendaciones técnicas ofrecidas por la oficina federal (p. 41).

En última instancia, el bienestar de los ciudadanos en estos territorios depende de una gestión fiscal responsable (p. 1). Los altos costos de energía y la precariedad de las pensiones afectan la calidad de vida (p. 24, 54). El informe de la GAO proporciona una hoja de ruta crítica para evitar el colapso financiero (p. 12). La rendición de cuentas debe ser el eje central de toda política pública territorial (p. 71). Solo así se podrá garantizar un futuro económico sólido para todas las regiones evaluadas (p. 1).