La Promesa falsa
La Junta de Supervisión Fiscal no llegó como un organismo consultivo. Llegó con poderes extraordinarios para gobernar, escribe Rolando Emmanuelli
A 10 años de la imposición de la Ley Promesa y de la Junta de Supervisión Fiscal, Puerto Rico debe hacer una evaluación honesta, sin propaganda ni comunicados triunfalistas. La pregunta esencial es sencilla: ¿estamos mejor que antes?
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La respuesta, desde la experiencia cotidiana del país, es que no. Tenemos servicios esenciales más frágiles, una infraestructura deteriorada, una universidad pública asediada, una crisis energética sin solución real, problemas graves de agua potable y un ámbito de poderes locales totalmente menoscabado.
La Junta no llegó como un organismo consultivo. Llegó con poderes extraordinarios para gobernar: certificar presupuestos, imponer planes fiscales, revisar contratos, detener legislación y condicionar la política pública. Por eso, después de una década, no puede presentarse como una observadora externa del fracaso. Si recibió poderes para dirigir los asuntos fiscales y económicos fundamentales del país, también debe responder por la falta de resultados.
La ley Promesa fue vendida como una medicina amarga, pero temporera. Se prometió disciplina fiscal, acceso a los mercados, presupuestos balanceados y una salida ordenada de la crisis. Sin embargo, su efecto principal fue sustituir el limitado gobierno colonial del Estado Libre Asociado por una administración directa del Congreso mediante una Junta no electa. Nadie votó por sus miembros. Nadie puede removerlos en las urnas. Aun así, deciden sobre el presupuesto y sobre asuntos esenciales de la vida pública.
Una de las grandes falsedades fue que la Junta pondría en cintura a la clase política. Sin embargo, la contratología no terminó. El despilfarro no desapareció. La práctica de distribuir fondos públicos mediante contratos se amplió, ahora cobijada por una ideología neoliberal que reduce el gobierno, debilita servicios públicos y transfiere funciones esenciales a manos privadas. La austeridad se impone al pueblo, pero la abundancia continúa para inversionistas extrajeros, consultores y contratistas.
En energía, la privatización no produjo estabilidad ni tarifas razonables. La AEE sigue atrapada en un proceso costoso e interminable, mientras el país paga una de las facturas más onerosas de su historia por un servicio deficiente. El deterioro de la AAA amenaza con repetir el libreto energético: se permite el debilitamiento de lo público, se culpa a la institución pública por el fracaso y luego se presenta la privatización como remedio inevitable. En educación especial y en la Universidad de Puerto Rico, la austeridad fiscal se traduce en menos derechos, menos servicios y menos futuro.
Tampoco es cierto que la salida de la Junta esté cerca. Promesa exige cuatro presupuestos balanceados consecutivos y acceso a los mercados a costos razonables. Pero esos presupuestos deben comprobarse mediante estados financieros auditados, que suelen estar atrasados. Además, la propia Junta es quien certifica el acceso a los mercados. En otras palabras, el organismo que concentra el poder decide cuándo deja de ejercerlo. En adición, la salida de la Junta no se puede dar a menos que concluyan los litigios pendientes. Esto no parece estar en el horizonte.
A diez años y más de dos millardos en gastos, Promesa administró para garantizar el pago a acreedores y la permanencia de un modelo colonial útil para otros. La Junta no es una anomalía del sistema; es una expresión clara del coloniaje. Por eso, la Junta no se irá por voluntad propia ni por sensibilidad democrática. Hay que hacerla políticamente insostenible y reclamar los poderes soberanos necesarios para decidir nuestro futuro. Sin soberanía no habrá solución fiscal verdadera. Promesa prometió rescate, pero trajo subordinación, austeridad y mayor pobreza. Diez años bastan para entender que la colonia no se arregla con juntas imperiales. Se supera con poder democrático, descolonización e independencia.
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Rolando Emmanuelli
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