ICE: rendición de cuentas
Después de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) asesinó a otro mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que “no podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos, por lo que estamos preparando medidas jurídicas más importantes, para ir más allá de las notas diplomáticas” y de la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


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09 de julio de 2026 07:17
Después de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) asesinó a otro mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que “no podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos, por lo que estamos preparando medidas jurídicas más importantes, para ir más allá de las notas diplomáticas” y de la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La mandataria no especificó cuáles serán las nuevas disposiciones ni si incluirán acudir ante instancias internacionales, pero anunció que los detalles serán presentados por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
No hay caminos fáciles para hacer que Washington rinda cuentas por violaciones sistemáticas a los derechos humanos como las que perpetra –entre otros ámbitos– en la cacería de migrantes desatada en el segundo periodo presidencial de Donald Trump. En el sistema interamericano de derechos humanos, compuesto por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), los comisionados y jueces tienen un largo historial de señalar únicamente las faltas cometidas por los estados que no se pliegan al imperialismo estadunidense. Incluso si se rompiera esa inercia histórica, Estados Unidos nunca ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y, por lo tanto, la Coridh no tiene jurisdicción para dictarle sentencias vinculantes.
Por su parte, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU es un organismo facultado para dirimir disputas entre estados, pero la ejecución coactiva de sus sentencias depende en última instancia del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos tiene poder de veto. Existe un antecedente, el caso Avena, en el que México logró una resolución favorable ante Washington, pero ésta sólo aplica a las relaciones consulares. En lo que respecta al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención contra la Tortura (CAT), ambos dentro del sistema de Naciones Unidas, Estados Unidos los ratificó con “Reservas, Entendimientos y Declaraciones” (RUD, por sus siglas en inglés) que impiden a las víctimas invocarlos en tribunales. Por último, la Corte Penal Internacional (CPI) no sólo carece de jurisdicción porque Washington nunca ratificó el Estatuto de Roma, sino que además la Hague Invasion Act (Ley de Protección del Personal de Servicio Estadunidense) prohíbe la cooperación con la CPI y autoriza el uso de la fuerza para liberar a cualquier estadunidense detenido por este tribunal. En resumen, las administraciones tanto demócratas como republicanas han tenido como política de Estado que su país jamás responda por ninguna violación a los derechos humanos, ni siquiera cuando ésta alcance la categoría de crimen de lesa humanidad.

Este panorama sólo deja a México la alternativa de litigar ante tribunales estadunidenses. Lamentablemente, tanto la experiencia mexicana en sus demandas contra los fabricantes de armas que diseñan y comercializan sus productos, a sabiendas de que sus clientes son los grandes grupos del crimen organizado, como la militancia trumpista de dos terceras partes de los integrantes de la Suprema Corte de ese país, vuelven improbable que esas instancias emitan una resolución acorde con el derecho.
Con todo, las perspectivas sombrías no pueden tomarse como pretexto para omitir esfuerzos jurídicos encaminados a frenar los asesinatos de mexicanos a manos de un aparato persecutorio racista y fuera de todo marco legal, pues están en juego las vidas de connacionales y la vigencia de sus derechos humanos. Más allá de las acciones del Estado mexicano, nuestra sociedad debe cerrar filas en rechazo al sadismo desatado por Donald Trump, su gobierno y sus simpatizantes contra millones de personas que no han cometido crimen alguno y, por el contrario, contribuyen de manera sustancial en todos los aspectos del quehacer estadunidense, empezando por el económico.
Claudia Sheinbaum Migrantes ICE
La pudrición de Estados Unidos
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10 de julio de 2026 00:01
Aparte de desintegrarse, lo peor que puede pasarle a la nación que se ostenta como máxima potencia planetaria es que el resto del mundo deje de tomar en serio a su gobierno. Pero lo que en la circunstancia actual ha llegado a un grado de farsa trágica y sangrienta viene gestándose de mucho tiempo atrás; el trumpismo no es la enfermedad de Estados Unidos, sino el síntoma de su avanzada descomposición.
Es un proceso en el que las contradicciones internas de la república esclavista fundada hace dos siglos y medio parecen haber alcanzado un descontrol irreversible. Si Washington ha entrado en colisión con prácticamente todo el mundo es porque antes ha entrado en colisión consigo mismo. Lo malo es que sus grupos étnicos, culturales y lingüísticos, sus corrientes ideológicas, sus sectores económicos, sus instituciones y hasta sus intereses económicos caminan en sentidos divergentes o contrapuestos y lo peor es que no ha podido encontrar a alguien menos inepto para arbitrar entre ellos que esa encarnación de Ubú rey llamada Donald Trump (https://short-url.cc/1yR0h).
Los zigzagueos, las incoherencias y las chambonadas de la política exterior estadunidense van mucho más allá de los cambios de humor del fanfarrón con delirios de grandeza que habita en la Casa Blanca; expresan las pugnas internas de una clase gobernante incapaz de gestionar y resolver los conflictos de su economía y de la sociedad a la que debiera representar.
Véase, por ejemplo, el choque entre los xenófobos y racistas de MAGA que sueñan con restaurar la pureza del paraíso mítico de los WASP (blancos, anglosajones, protestantes) o, cuando menos, del Estados Unidos “europeo” (que ampliaba ese espacio idílico a irlandeses e italianos) y las empresas agrícolas, de la construcción y de los servicios que enfrentan una aguda escasez de mano de obra, debido a la infame persecución desatada por el gobierno en contra de latinoamericanos, medioorientales y africanos.
O el daño que el petrolismo a ultranza del trumpismo causa a ramos empresariales como el de las energías renovables, incluida la electromovilidad, en la que el propio Elon Musk tiene una participación destacada. O los problemas que los amagos de guerra comercial con China acarrean a empresas cuyo negocio tradicional ha sido la importación masiva de chinerías, como Amazon, de Jeff Bezos.
O el impacto de cinco mil millones de dólares causado en las finanzas de General Motors por las balandronadas arancelarias de Trump (https://shorturl.at/UKl9j). O la pifia monumental de despedir a 177 técnicos esenciales de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA, por sus siglas en inglés) que trabajaban en el mantenimiento del arsenal nuclear, en el marco de las políticas de “reducción del Estado” que Trump encomendó a su amigo Musk en los primeros meses de su segundo gobierno (https:// shorturl.at/iK69N) mientras, por otro lado, contrataba a 12 mil golpeadores y gatilleros para las filas del ICE (https://shorturl.at/ a6SMY).
O la manera en la que los afanes extremos y paranoicos de instrumentalizar el supuesto “combate al narcotráfico” han evidenciado que el verdadero narcoestado no es Colombia, ni Venezuela, ni México, sino el propio Estados Unidos, que es en donde se ubican el mayor mercado de drogas del mundo, el principal centro de lavado de dinero, la más grande industria armamentista que nutre a los cárteles y el gobierno más corroído por la corrupción narca, en el que desde el Departamento de Justicia (https://shorturl.at/Y9jp7) hasta la Casa Blanca (https://shorturl.at/c2EXF) ofrecen (o venden) protección a capos destacados.
Ya será tarea de los estadunidenses encontrar la forma de evitar que su país se caiga a pedazos. Pero para el resto del mundo (aliados, socios, adversarios, naciones neutrales) el problema es que la pudrición de Estados Unidos se traduce en una creciente debilidad que la Casa Blanca busca contrarrestar con atropellos violentos: genocidios (como los que Israel perpetra con la bendición de Washington en Gaza, Cisjordania y Líbano); ejecuciones extrajudiciales (como las de los infortunados tripulantes de lanchas atacadas con fuego letal por las fuerzas del Pentágono); actos de guerra tan criminales como los perpetrados contra Irán, que desembocaron en la peor derrota militar gringa desde Vietnam; el sádico afán de asfixiar y matar de hambre al pueblo cubano –instigado por Marco Rubio–, o las andanadas de injustificable violencia verbal, como las que han experimentado México, Brasil, España, Colombia y hasta el gobierno “amigo” de Giorgia Meloni.
El problema no es sólo que Estados Unidos se esté pudriendo, sino que para el resto del mundo su pudrición se proyecta en forma de muerte, destrucción, violencia, inestabilidad y crisis económica. Y el desafío para los demás consiste en articularse de alguna manera para sobrellevar la avanzada desarticulación del que ha sido, por muchos años, el gran hegemón planetario.
navegaciones@yahoo.com
Estados Unidos Narcotráfico Injerencismo Donald Trump
ICE, otro asesinato de paisano // En Houston, crueldad // Sheinbaum: “otras medidas” // FGR asegunda en caso El Mayo – Astillero
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09 de julio de 2026 08:53
La familia del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años de edad, 35 de ellos como trabajador de la construcción en Houston, Texas, tuvo que verlo morir tirado en el pavimento, sin poder acercarse a él, rodeado de manera infranqueable por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, conforme a sus siglas en inglés), uno de los cuales lo había asesinado.
“La crueldad del cerco institucional obligó a sus seres queridos a identificar a Lorenzo escuchándolo pedir ayuda y viéndolo desangrarse a través de videos difundidos en redes sociales. Las autoridades continuaron con la violencia institucional, ya que después de disparar contra Lorenzo impusieron un muro de silencio burocrático, negando a la familia cualquier dato sobre su estado de salud”, señalan los familiares mediante un comunicado difundido anoche.
Salgado Araujo no tuvo “jamás ningún otro conflicto con la autoridad” y estaba “a un paso de consolidar su estatus legal y obtener un permiso de trabajo, tras décadas de aportaciones”, precisaron los familiares. Antes del amanecer de este martes, salió de su hogar en Houston para recoger en camioneta a otros trabajadores. Un vehículo sin logotipos oficiales interceptó al de Lorenzo, con saldo de su muerte por disparo de arma de fuego y la detención de tres acompañantes. ICE aseguró que fue en defensa propia, pues Salgado Araujo no habría obedecido órdenes y habría pretendido arrollar con su vehículo a los agentes (misma narrativa utilizada por ICE en otros ataques a migrantes).
De 2018 a 2026 se han documentado 38 muertes de mexicanos en cárceles de ICE o en incidentes migratorios. El pasado 25 de junio, Human Rights Watch publicó la investigación titulada Morir en detención, en la que se señala que “en los 500 días transcurridos entre la toma de posesión del presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025 y el 4 de junio de 2026, 52 personas fallecieron bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Estados Unidos (…) Los fallecidos representaban 20 nacionalidades diferentes”; 10 de esos 52, mexicanos (https://goo.su/afian).
La presidenta de México declaró ayer en su conferencia matutina de prensa: “nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas y lo que planteamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos, a los connacionales. Entonces, estamos planteando otras medidas (…) sí, estamos preparando medidas jurídicas, obviamente, más importantes”.
En lo inmediato, los familiares de Salgado Araujo plantean “demandas fundamentales”: apertura de una investigación del crimen, exhaustiva y transparente; garantías procesales y toma de declaración a los testigos detenidos; dignificación de la víctima y reforma a los protocolos de notificación y asistencia consular y un posicionamiento claro y contundente por parte de Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores. Ayer mismo fue convocada en Houston una “vigilia comunitaria, por la vida, la dignidad y la justicia”, pues “le quitaron la vida a un guerrero, que sólo iba a trabajar” y “quien le quitó la vida fue un agente del ICE”.
En cuanto a la subida presidencial de tono por el caso de Ismael Zambada El Mayo, ayer la Fiscalía General de la República secundó el posicionamiento de Sheinbaum y puntualizó que hay “tres situaciones graves: violaciones al derecho mexicano e internacional, al establecimiento de un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadunidense” (el ex embajador Ken Salazar, quien ayer mismo declaró que nunca mintió y que Estados Unidos no tuvo nada que ver en el tema)”.
Y, en tanto se despeja la pregunta clave: ¿hasta dónde habrá de llegar México ante estas tres “situaciones graves”?, ¡hasta mañana, con la muerte, en enfrentamiento con fuerzas federales y estatales, del jefe de plaza de Los Chapitos en Culiacán, Sinaloa, apodado El Texas!
Facebook: Julio Astillero
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