Este lunes México formaliza denuncias penales ante EU por el fallecimiento de 17 mexicanos en custodia del ICE
Alonso Urrutia y Lilian Hernández
13 de julio de 2026 08:15
Ciudad de México. México formalizará este día las denuncias penales en las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el fallecimiento de 17 mexicanos en operativos o centros de internamiento del ICE. “Entre ellos el último que fue prácticamente ultimado”, en Houston y por lo que está en curso una investigación por parte de la autoridad de esa ciudad, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum.
Informó que la semana pasada el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, se comunicó con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para mencionarle del proceso que seguirá el gobierno mexicano para buscar justicia por estos fallecimientos en territorio estadunidense.
Sheinbaum consideró que el diplomático estadunidense se mostró receptivo a las preocupaciones de México por defender los derechos humanos de los migrantes mexicanos que han perdido la vida en ese país.
Además, aseveró que la defensa de los mexicanos en el exterior y particularmente en Estados Unidos, compete a todas las fuerzas políticas, por lo que hizo un llamado al Congreso de la Unión y los partidos políticos que respalden la defensa de los derechos de los connacionales.
Denuncias penales no deben afectar relación con EU
Sheinbaum estimó que estas denuncias penales no afectarán la relación con Estados Unidos. “No queremos afectar la relación pero imaginen si fuéramos omisos en la defensa de los connacionales. Es un asunto de todas las fuerzas, no solo de la Presidenta ni de la Cancillería. Como mexicanos nos indigna que un mexicano fallezca en un centro de detención sin explicación, que se diga que fue suicidio sin ninguna explicación”.
Señaló que México mantiene las relaciones en materia comercial y de seguridad, pero tenemos que levantar la voz en la defensa de los derechos humanos. La mandataria dijo que ver las imágenes cuando fue asesinado Lorenzo Salgado es indignante incluso para el local de Houston.
“No podemos seguir solo con las cartas diplomáticas que no han dado resultados. Que haya una investigación del Departamento de justicia y las fiscalías estatales. Que se investiguen los hechos. Además de la carta al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unido para solicitar su intervención», dijo; todo esto no tendría porque lastimar la relación.
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Washington. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está tomando medidas adicionales para impedir que las personas que viven en su país sin permiso de residencia utilicen el sistema bancario, al intensificar las acciones contra las instituciones financieras que les prestan dinero.
Un grupo de reguladores financieros tiene previsto emitir directrices destinadas a recordar a los bancos e instituciones financieras sus requisitos de “conozca a su cliente” en materia de gestión del riesgo crediticio, en particular en lo que se refiere a prestatarios que no están autorizados a trabajar en Estados Unidos.
La advertencia es una de varias medidas que el gobierno de Trump ha adoptado para desalentar que las personas que están en Estados Unidos de manera ilegal interactúen con el extenso sistema financiero estadunidense. Las medidas están diseñadas para alentar enérgicamente a los bancos a retirar a dichas personas como clientes, sin ordenar expresamente que los bancos lo hagan.
Está previsto que el anuncio lo hagan tres reguladores bancarios: la Oficina del Contralor de la Moneda, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y la Asociación Nacional de Cooperativas de Crédito.
Las agencias indicaron que los bancos deberían tener en cuenta que las personas que están en Estados Unidos de manera ilegal podrían no poder rembolsar un préstamo en caso de deportación. En resumen, señalan, las personas que trabajan en Estados Unidos de manera ilegal representan un riesgo general para el sistema financiero.
Hay datos limitados sobre cuántas personas que están en Estados Unidos de manera ilegal tienen cuentas bancarias y préstamos a través de los bancos.
Esto ocurre como parte de la orden ejecutiva del presidente Trump firmada en mayo que exige a los bancos y a otras instituciones financieras examinar más de cerca la ciudadanía de sus clientes. Esa orden inició la ola más reciente de cambios en la regulación bancaria, al instruir a los reguladores bancarios y a oficinas del gobierno a buscar indicios de que personas sin estatus legal están abriendo cuentas u obteniendo préstamos o tarjetas de crédito.
Entre otras cosas, las directrices que se emitirán aconsejan a las instituciones financieras “identificar, medir, monitorear y controlar estos riesgos mediante prácticas de suscripción seguras y sólidas que evalúen la disposición y la capacidad de un prestatario para pagar conforme a los términos de la obligación crediticia”, según un comunicado de prensa.
En mayo se emitió comunicado contra robos
En mayo, el FinCEN, el brazo de delitos financieros del Departamento del Tesoro, emitió un aviso a los bancos donde les indicó que estuvieran atentos al robo de identidad, al fraude de impuestos sobre nómina y a esquemas de lavado de dinero vinculados a la contratación de personas que no están autorizadas a trabajar en Estados Unidos.
El aviso insta a las instituciones financieras a estar alertas ante más de una docena de señales de alerta que indican que una persona está en Estados Unidos de manera ilegal.
La Casa Blanca también ha tomado otras medidas para desalentar que las personas que están en Estados Unidos de manera ilegal utilicen el sistema financiero. En noviembre, el Tesoro anunció que reclasificaría ciertos créditos fiscales rembolsables como “beneficios públicos federales”, lo que impide que algunos contribuyentes inmigrantes los reciban, incluso si presentan su declaración y pagan impuestos.
Expertos fiscales señalaron que los inmigrantes que llegaron de niños a Estados Unidos, es decir aquellos beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), y los inmigrantes con Estatus de Protección Temporal se verían afectados por el cambio previsto.|
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EU, omiso en asesinato de mexicano // Houston: protestas contra ICE // Simulacro en Guadalajara // Ken y la ley del hielo – Astillero
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13 de julio de 2026 07:34
El asesinato del mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston, Texas, por disparos de arma de fuego de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha generado protestas crecientes, a la par que las autoridades federales se niegan a colaborar con las estatales y las específicas de la ciudad, que es la cuarta más grande de ese país.
Las protestas de la comunidad mexicana (que lo es por ascendencia o por origen directo) se producen en un cuadro difícil, pues se han multiplicado los recorridos y ataques de vehículos sin identificación oficial que buscan detener, encarcelar y expulsar a migrantes en situación documental irregular e incluso ya regularizada (Salgado Araujo estaba justamente en el último paso para obtener su permiso de trabajo y, conforme a The New York Times, hubo una “confusión” de agentes del ICE que terminó con el asesinato del mexicano).
El gobierno de la presidenta Sheinbaum ha anunciado que se emprenderán acciones penales y civiles contra agentes e instalaciones de ICE que presuntamente han tenido responsabilidad en muertes de mexicanos. Hasta ahora, las autoridades federales de Estados Unidos parecen ser colaboradoras involuntarias contra sí mismas, pues han manipulado elementos claves para esclarecer lo sucedido con Salgado Araujo y se han colocado en un plano de omisión que podría ser aprovechado por México.
Autoridades federales, estatales y municipales han anunciado para hoy, a partir de la una de la tarde, un simulacro de seguridad en el área metropolitana de Guadalajara (AMG), consistente en “un despliegue inusual de unidades de emergencia, policía y personal operativo”, como “ejercicio de entrenamiento para fortalecer la coordinación ante situaciones de emergencia”. Se aparentarán bloqueos carreteros en siete puntos de entrada a dicha zona metropoli-tana, todo por acuerdo de la Quinta Región Militar y el gabinete de seguridad.
El propio enunciado oficial de estas maniobras las refiere a hechos relacionados con grupos del crimen organizado. La capital de Jalisco ha sufrido bloqueos carreteros, robo e incendio de vehículos automotores y mortales enfrentamientos armados en consonancia con operaciones gubernamentales contra el cártel que domina la región, y mucho más, y la reacción de esos grupos delictivos.
El ejemplo más reciente se produjo el pasado 22 de febrero, con la muerte oficialmente registrada de Rubén Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, máximo jefe del cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG). En esta ocasión se produjeron unos 60 fallecimientos, casi la mitad de ellos correspondiente a las fuerzas gubernamentales, y reacciones criminales contra vehículos, comercios, tiendas de conveniencia y otros inmuebles en varias partes del país.
El simulacro tapatío de este lunes se produce cuando el Mundial de Futbol ya está físicamente fuera de México y a cinco días de que el Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos ha asegurado que el nuevo jefe del CJNG es Juan Carlos Valencia, conocido como El 03, nacido en el vecino país del norte, hijastro de Oseguera Cervantes e hijo de Armando Valencia, cofundador del cártel del Milenio. La consolidación de esta nueva jefatura podría significar el recrudecimiento de la violencia interna y externa.
Y, mientras el ex embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar ha dicho que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador le aplicó la ley del hielo a partir de la operación que llevó a Ismael Zambada, El Mayo, de Culiacán a un aeropuerto de Nuevo México, y que desde un principio la administración Biden estuvo dispuesta a cooperar con las investigaciones que inició la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, ¡hasta mañana, con Morena tratando de frenar la voracidad (y el chantaje) de la camarilla de las cuatro mentiras (PVEM) en cuanto a candidaturas a gobiernos estatales y lo que sigue!
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Estados Unidos Lorenzo Salgado Araujo CJNG El 03
Salgado Araujo: homicidio y encubrimiento
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Funcionarios de Houston y del condado de Harris, donde el pasado 7 de julio el migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo fue asesinado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), denunciaron ayer que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) se ha negado a entregarles información relacionada con ese homicidio, pese a que por ley las autoridades locales tendrían que participar en su esclarecimiento. A lo anterior debe agregarse la injustificable demora para entregar el cuerpo a los familiares, el afán del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de deportar a las tres personas que acompañaban a Salgado Araujo en el momento en que fue asesinado para evitar que testifiquen contra los homicidas, así como la absurda declaración del ICE de que sus efectivos involucrados en el crimen carecían de cámaras corporales debido al cierre de gobierno “provocado por los demócratas”, pese a que el Congreso aprobó un presupuesto sin precedente de 134 mil millones de dólares para el DHS.
La versión del ICE de que el agente que disparó contra el mexicano lo hizo “en defensa propia”, porque trataba de atropellarlo, fue desmentida desde un inicio por testigos presenciales, quienes declararon que la víctima simplemente trataba de huir de la persecución de vehículos y personas carentes de toda identificación. La falsedad de la postura oficial fue corroborada por videos aparecidos en días recientes que confirman que nunca hubo el pretendido intento de atropellamiento.
Por lo demás, el empecinamiento de las instancias federales en encubrir homicidios perpetrados por sus agentes conforma ya un patrón de conducta, si se consideran los asesinatos en Minesota de los ciudadanos estadunidenses Renee Good y Alex Jeffrey Pretti, perpetrados con dos semanas de diferencia en enero de este año en Mineápolis, Minesota; en ambos casos, el ICE afirmó, falsamente, que las víctimas habían agredido a sus efectivos, y en ambos casos se demostró de manera fehaciente que no existió tal agresión. Para ahondar el agravio, tras la muerte de Good, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la calificó de “terrorista” y poco después, junto con Greg Bovino, quien se desempeñaba de comandante de la Patrulla Fronteriza, sostuvo la versión mendaz de que Pretty había tratado de disparar a los agentes, cuando, como lo demostraron los videos, simplemente estaba grabando con su teléfono celular un acto de represión contra manifestantes.
La propensión a mentir exhibida por instancias federales estadunidenses para tratar de dar impunidad a sus empleados homicidas es ilustrativa del nivel de descomposición que han alcanzado bajo el trumpismo instituciones que tendrían que ser respetuosas del estado de derecho y que, en cambio, se empeñan en acciones que merecen ser consideradas como obstrucción a la justicia. Pero si los delitos del ICE y del DHS resultan indignantes, lo es más su motivación, que no es otra que el racismo, la xenofobia y el desprecio por la legalidad, característicos de Donald Trump, jefe supremo de los agentes homicidas y, en última instancia, responsable político e intelectual de sus crímenes.
Es claro que, en estas circunstancias, el Estado mexicano tiene ante sí la obligación de buscar la justicia para Salgado Araujo y para los 17 connacionales muertos cuando se encontraban en poder del ICE –en circunstancias de desatención médica, supuestos suicidios y violencia física por parte de sus captores–, tanto en instancias estadunidenses como internacionales, y que ese propósito debe recibir el respaldo del país entero, al margen de diferencias políticas, partidistas o ideológicas.
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