El engaño monumental del 25 de julio
Puerto Rico nunca ha dejado de ser un territorio no incorporado sujeto a los poderes plenarios del Congreso, destaca Carlos Gorrín Peralta
En julio se conmemoran tres aniversarios de próceres: Gilberto Concepción de Gracia, independentista, Luis Muñoz Rivera, autonomista y José Celso Barbosa, estadista. De todo como en botica. También se celebra el 4 de julio —cada vez con menos entusiasmo— la independencia de Estados Unidos, que cumplió 250 años.
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El 25 de julio es quizá la fecha más significativa. Luego del bombardeo de San Juan dos meses antes, ocurrió la invasión de Guánica por las fuerzas armadas de Estados Unidos y empezó la ocupación militar, hasta el día de hoy. Según la Corte Suprema, Puerto Rico no era parte de Estados Unidos, sino una “posesión”, un “territorio no incorporado” con el que el Congreso podía hacer lo que quisiera. En el 1952 se le lavó la cara al “día de la invasión” al proclamarse la Constitución del Estado Libre Asociado, luego que el Congreso cambiara la propuesta que se había aprobado acá.
Durante más de medio siglo se proclamó a los cuatro vientos que Puerto Rico había dejado de ser una colonia gobernada por leyes del Congreso. Mediante un “pacto” se había creado una relación diferente “a fin de organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática …un sistema… donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público”. La constitución añade que “el poder emana del pueblo y se ejercerá con arreglo a su voluntad”.
Pero el viento se lo llevó. Se ha documentado ad nauseam por administraciones de cinco presidentes, por el Congreso y por la Corte Suprema, que Puerto Rico nunca ha dejado de ser un territorio no incorporado sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Han dicho que podrían hasta cedernos a otra nación sin consultarnos. Hace diez años, el Congreso aprobó la ley Promesa y una junta de siete personas nombradas por el presidente, que revisan y revocan decisiones del gobierno. Es la culminación de la relación colonial, principal responsable de las penurias que sufre el pueblo.
Quienes promovemos un cambio de este régimen repudiamos esa vergonzosa realidad jurídica, política, económica y social. Uno esperaría que quienes tenían la ilusión de haber creado un “sistema democrático” aspirarían a un cambio para alcanzar lo que decían haber logrado mientras negaban que fuera un “engaño monumental”. Pero no es así. El Partido Popular “Democrático” podría reencaminarse hacia la descolonización proponiendo la libre asociación reconocida en el derecho internacional. Así se crearía un verdadero “estado libre asociado”, no la mera etiqueta que encubre la cruda realidad colonial. Lo que está proponiendo el presidente de dicho partido, actual comisionado residente, es más de lo mismo, con la retórica de conseguir por filtración concesiones de Washington, dentro del mismo régimen territorial.
Una versión de la “refundación” del PPD ha surgido en días pasados con la presentación, como aliado o asesor, de un profesor de Ciencias Políticas que ha enseñado en diversas universidades, y que ha publicado sobre diversas nacionalidades sometidas a la soberanía de otro país (Catalunya, Irlanda del Norte, Escocia, Hong Kong, Haikou y Hainan en China, entre otros). Se ha inventado el concepto de “independencia parcial”. Sugiere que si un país puede ejercer localmente algunas de las funciones de gobierno, es preferible la dependencia a la independencia. En un trabajo publicado en el 2014 sobre “las bases del estatus de Puerto Rico” admite que antes del 1952 el régimen era colonial, pero que el arreglo de ese año modificó la situación. La cláusula territorial continúa formalmente vigente, facultando teóricamente al Congreso a gobernar a Puerto Rico, pero en realidad la cláusula está “congelada” (“frozen”), y los poderes del Congreso resultan políticamente muy difíciles de ejecutar. Reconoce en su escrito que esta teoría no es compatible con el sistema constitucional.
Por supuesto, este trabajo de 2014 es anterior al 2016, cuando la Corte Suprema resolvió que Puerto Rico carece de soberanía, es territorio no incorporado sujeto a poderes plenarios, y no puede legislar para resolver su quiebra, permitiendo que el Congreso aprobara la infame ley Promesa, “validada” por ese profesor con la falacia de haber contado con el consentimiento del pueblo de Puerto Rico.
El intento de validación del régimen actual y su falaz “refundación” con más de lo mismo, carecen totalmente de fundamento. Parece mentira…
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PPDEstado Libre AsociadoPablo José Hernández RiveraJunta de Supervisión Fiscal
Carlos I. Gorrín Peralta
Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Interamericana
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