El rastro del colobiaje industrial: Otra mirada legislativa a la contaminación en la antigua petroquímica de Peñuelas

Una resolución del Senado propone retomar el tema. Con el cierre de esta refinería, que en su momento albergó a Commonwealth Oil Refining Company (CORCO) y Puerto Rico Olefins, se desvanecieron más de 1,000 empleos y el espacio quedó contaminado.

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Por Diego Nieves Berríos

Si pasa en su carro por la carretera PR-2, entre Peñuelas y Guayanilla, lo primero que capta la vista es un paisaje aterrador con estructuras abandonadas, oxidadas, altas, en forma de cilindros, recorridas por tubos que bajan de arriba abajo. Entre las décadas de 1950 y 1970, allí operó uno de los complejos petroquímicos más importantes del mundo, con capacidad para refinar 161,000 barriles de petróleo al día y generar miles de empleos en el sur de la isla.

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Hoy, ese mismo terreno es señalado por muchos como un desastre ambiental.

Con el cierre de esta refinería, que en su momento albergó la Commonwealth Oil Refining Company (CORCO) y Puerto Rico Olefins, se desvanecieron más de 1,000 empleos y el espacio quedó contaminado con sustancias tóxicas, residuos catalíticos y productos químicos enterrados, según explicó José Manuel Díaz, líder comunitario de Tallaboa, comunidad que queda justo al lado de la instalación.

“El complejo petroquímico lo que nos trajo fue enfermedades, desempleo y contaminación. Se llevaron las ganancias de Puerto Rico y nos dejaron el problema”, denunció.

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La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) determinó que, entre los contaminantes liberados en el suelo y el agua subterránea, están el benceno, el tolueno, el etilbenceno, el xileno y el naftaleno. Estos compuestos se encontraron tanto en el subsuelo como disueltos en el agua subterránea. En las antiguas lagunas y tanques de desechos de CORCO, la EPA también identificó una dioxina tóxica y varios metales pesados, como arsénico, cadmio y cromo.

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El alcalde de Peñuelas, Josean González Febres, le contó a NotiCel que a consecuencia del desempleo que provocó el cierre de CORCO, muchas personas se quitaron la vida.

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“Comenzaron los despidos, muchas personas se quitaron la vida porque en aquel entonces esta empresa pagaba muy bien, muy buen dinero, unos salarios bastante atractivos en aquel entonces para aquella época”, explicó.

Actualmente, solo un área de la petroquímica sigue operando: se trata de un almacenamiento de combustible de Procaribe, el mayor importador y distribuidor de gas propano en Puerto Rico.

“Está solamente operando un área en particular, el resto está inoperante. Como bien le menciono, hasta el momento no hemos visto nada más allá y estamos bien atentos, pero no hemos visto nada más allá que no sea lo que en un momento dado estuvo existente, inoperante, en malas condiciones”, explicó González Febres.

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Piden investigar

Ahora, 35 años después del cierre de Commonwealth Oil Refining Company (CORCO) y varios intentos de manejar la zona, la senadora del Distrito de Ponce, Jamie Barlucea Rodríguez, presentó la Resolución del Senado 569 (RS 569) para ordenar a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre las condiciones ambientales, estructurales, operacionales y de seguridad de los terrenos e instalaciones del antiguo complejo petroquímico de Puerto Rico Olefins y CORCO.

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La primera conversación que motivó la resolución fue en una actividad organizada en el Municipio de Peñuelas, donde el alcalde y la senadora fueron entrevistados en un programa radial. Allí uno de los moderadores del programa Pelota Dura (Noti-Uno) preguntó sobre el estatus de la petroquímica e instó a que se verificara en qué habían quedado las instalaciones.

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“Ahí nos dan la tarea de lo que es presentar una resolución para indagar, porque lo que es este tema, según el ‘research’ que se hizo a nivel del trámite legislativo, se ha presentado ya en otras instancias y en otros cuatrienios distintas resoluciones para investigar tanto en Cámara como en Senado. Entonces, lo que busca prácticamente, a modo general, esta Resolución 569 es investigar todo eso”, explicó Barlucea Rodríguez.

Esta no es la primera vez que se intenta realizar una limpieza. La EPA tiene un acuerdo con CORCO que se estableció en 1990, justo antes del cierre de la refinería en 1991, en el cual se le exigía un plan de cierre que incluyera el manejo de residuos peligrosos. La recuperación de petróleo subterráneo comenzó formalmente en 1994, bajo un esfuerzo llamado “MIS Area Product Recovery System”. Desde mayo de 2000, CORCO propuso un plan de limpieza sustancialmente revisado, y una última actualización de 2006 indica que la limpieza sigue en curso.

“Allí lo que hicieron fue un sistema donde mezclaban el terreno contaminado con terrenos no contaminados y esa mezcla bajaba, no es que eliminaba, bajaba las concentraciones de los productos que estaban allí”, explicó Díaz.

En 2013, bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, se anunció que se había comenzado con los procedimientos de descontaminación, demolición, limpieza y reúso de los terrenos de la petroquímica ubicados en el municipio.

“La última fue García Padilla, que instó a crear lo que es un comité para estudiar el área, para estudiar cuáles son las vías de desarrollo  económico del área y todo, pues prácticamente todo quedaba en nada, los resultados nunca se dieron”, detalló la senadora.

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Por otro lado, el líder comunitario José Manuel Díaz denunció que la última demolición, ocurrida cerca de 2010, correspondió a la refinería de Puerto Rico Olefins, la más cercana a su comunidad de Tallaboa, y que puso en peligro a los residentes de la zona.

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“Puerto Rico Olefins, que es la última que fue demolida y que hubo un tremendísimo problema precisamente por la cuestión de los particulados de asbestos. Cuando se demolió esa parte se hizo sin ningún tipo de precaución de que se fugara el asbesto. Contaminaron las escuelas, donde estuvieron casi seis meses cerradas para descontaminación y la comunidad entera”, reveló Díaz.

En su momento, el entonces gobernador García Padilla explicó que CORCO había radicado una petición de limpieza, remoción y demolición de cerca de 11,000,000 libras de acero y metales en desuso, ubicados en 30 cuerdas de terreno, según reportó Microjuris al Día. Se estimó que el costo del proyecto sería de $16 millones, financiados principalmente por la misma empresa.

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Posibles soluciones

Los entrevistados coinciden en que el complejo petroquímico ha dejado un legado de contaminación seria.

La senadora Barlucea explicó que su resolución conlleva una investigación amplia que busca determinar el estado actual de los procesos de evaluación, descontaminación y remediación ambiental; investigar las actuaciones de las agencias estatales y federales con jurisdicción sobre dichas propiedades; evaluar el impacto que el estado de estas instalaciones pudiera representar para la salud pública, el ambiente y el desarrollo económico de la región; identificar alternativas para su recuperación y reutilización sostenible; y atender otros asuntos relacionados.

“Hoy podemos ver que lo que prevalece es un área como baldía, un área que dejó de ser lo que era en ese momento a nivel económico. Lo que buscamos es eso: tratar de indagar a ver en dónde se quedaron las investigaciones y, sobre todo, también en la búsqueda”, explicó Barlucea.

Por otro lado, el alcalde reveló que el dueño de estos terrenos está considerando vender el área y mencionó que hay potenciales compradores tanto para las áreas que operan como para las inoperantes. Igualmente, indicó que el dueño aspira a que el lugar vuelva a generar actividad económica y empleo.

“En efecto, si hay alguien que aspira a que esto vuelva a ser lo que en un pasado fue, siempre teniendo en cuenta y vuelvo y repito de que no atente con la salud, de que no atente con la seguridad, de que no atente con el ambiente de los vecinos de esta comunidad, del pueblo de Peñuelas, de los pueblos cercanos, del pueblo de Puerto Rico”, detalló González Febres.

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Otra de las propuestas presentadas para solucionar el problema, y que fue acogida por la comunidad de Tallaboa, fue creada por el profesor y economista Edwin Irizarry Mora, quien propone reconvertir parte de los terrenos contaminados del complejo petroquímico en un polo público de energía solar e industria asociada, en lugar de dejarlos abandonados o entregarlos a empresas privadas.

“La propuesta del profesor Edwin Irizarry Mora, lo que para aquel entonces estaba proponiendo era que se usarán parte de esos terrenos para una finca de energía solar que fuera del gobierno, con una fábrica para producir los paneles ahí mismo. Eso generaba unos empleos para la gente, especialmente para la gente de Peñuelas, al mismo tiempo que se estaban reutilizando terrenos que no se pueden utilizar para más nada porque están súper contaminados”, explicó Díaz.

Aunque el alcalde no estaba al tanto de la propuesta de la comunidad, a preguntas de NotiCel coincidió en que es una idea viable y que forma parte de sus propuestas.

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“Realmente lo veo bastante viable, y más en los tiempos que estamos viviendo; esto es conocimiento público, que muchos ya aspiramos a no depender de lo que es en este caso de LUMA, y aspiramos a producir, y estar conectado a lo que es energía renovable. Me parece muy favorable para la región y para el pueblo de nosotros”, concluyó González Febres.

Mientras tanto, la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado no ha anunciado una fecha para las vistas públicas que atenderán la Resolución 569. Para las comunidades de Tallaboa en Peñuelas, que llevan más de tres décadas conviviendo con los restos de la petroquímica, esta nueva investigación legislativa, la más reciente entre varios intentos que en el pasado terminaron en nada, vuelve a poner a prueba si esta vez el resultado será distinto.