El fracaso de la privatización
En el caso de la energía eléctrica, la situación ha sido crítica, particularmente desde el paso del Huracán María. El bipartidismo dio paso a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, y entraron en el escenario LUMA, para transmitir y distribuir la energía eléctrica y GENERA PR, para producir la electricidad.
Cuando en 1941 se aprobó la ley que creó la Autoridad de las Fuentes Fluviales (AFF), los objetivos de ese entonces eran muy claros: electrificar la mayor parte del territorio de Puerto Rico. La energía hidroeléctrica constituía la fuente energética primordial. Con el paso de los años, y con la instalación de las centrales termoeléctricas, la AFF se convirtió, en 1979, en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Luego de cuatro décadas de trabajo intenso de TODO el personal de la AFF, era evidente que el país había avanzado en ofrecer un servicio esencial a nuestra población, junto a los logros de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, corporación pública creada en 1945 para proveer otro servicio esencial: agua potable y manejo de aguas usadas.
En el caso de la energía eléctrica, la situación ha sido crítica, particularmente desde el paso del Huracán María. El bipartidismo dio paso a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, y entraron en el escenario LUMA, para transmitir y distribuir la energía eléctrica y GENERA PR, para producir la electricidad.
Esta privatización ha sido un desastre. Ambas empresas han sido extremadamente negligentes en sus acciones, aumentos en la tarifa eléctrica, aumentos en las cantidades y frecuencia en los apagones, incumplimientos constantes en los servicios a la clientela.
Ambas insisten en más dinero para su mediocre labor a expensas del consumidor, afectando la vida diaria de miles de familias y haciéndole la vida imposible al comerciante puertorriqueño. Las noticias y eventos más recientes demuestran el fracaso de la privatización.
El 60% de la generación de energía está en manos de una empresa que, su matriz y garantizadora está en quiebra. La compra de energía temporera ha destapado un conjunto de irregularidades, incumplimientos y serios señalamientos de ilegalidades.
La decisión privatizar un servicio esencial, le ha costado a las finanzas públicas miles de millones de dólares. Tanto el PNP como el PPD están comprometidos con el modelo privatizador y con mantener el uso de combustibles fósiles a perpetuidad. Desde el PIP, insistimos en el PC 797, para devolver el sistema de energía al pueblo.
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LUMA debe salir, pero ¿qué viene después?
Lea la columna del expresidente del PPD
24 sept, 3:00 am2 min de lectura
En cuanto a LUMA, mi posición es clara: estoy convencido de que ha incumplido el contrato y, por esa razón, debe salir de Puerto Rico.
El Gobierno también persigue la salida del operador. Sin embargo, ha escogido un camino distinto: cuestionar judicialmente la validez de la carta que extendió el acuerdo suplementario en 2022. Aunque coincido con el resultado que procura, me parece equivocado descansar la estrategia en la supuesta nulidad de esa extensión.
La discusión principal no debe ser si un documento fue aprobado correctamente. La pregunta medular es si LUMA cumplió con las obligaciones para las cuales fue contratada. La experiencia del país ofrece una respuesta: interrupciones frecuentes, deficiencias en el servicio al cliente, falta de los ahorros prometidos, lentitud en la reconstrucción y una fiscalización insuficiente. Un contrato para administrar un servicio esencial no puede convertirse en un escudo frente al incumplimiento.
Pero cancelar un contrato tampoco constituye, por sí solo, una política energética. Rechazar a LUMA no significa respaldar la improvisación. Antes de completar su salida, el Gobierno tiene la responsabilidad de explicar quién administrará el sistema, cómo se conservará el personal técnico, qué ocurrirá con los proyectos financiados con fondos federales y cómo se garantizará la continuidad del servicio.
Puerto Rico necesita una transición organizada, con dirección técnica, calendario, responsabilidades definidas y rendición de cuentas. No podemos regresar al modelo politizado que debilitó a la Autoridad de Energía Eléctrica ni sustituir a LUMA mediante otro acuerdo carente de métricas exigibles y supervisión competente.
La discusión, además, debe superar los nombres de las empresas. Nuestro futuro requiere mayor inversión, diversificación de las fuentes de generación, energía renovable, almacenamiento, generación distribuida y una red capaz de resistir emergencias. El modelo que se seleccione deberá evaluarse por su confiabilidad, costo, transparencia y aportación al desarrollo del país.
La energía no es únicamente un servicio público. Es infraestructura económica. De ella dependen la inversión, la competitividad de nuestros negocios, la prestación de servicios esenciales y la calidad de vida de cada familia.
LUMA debe salir porque ha incumplido. Sin embargo, Puerto Rico necesita algo más que terminar un contrato: necesita un Gobierno preparado para ejecutar el próximo paso y una visión clara del sistema eléctrico que queremos construir.
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