El brazo inmobiliario de Morgan Stanley se convierte en uno de los grandes desahuciadores en España
El gigante financiero estadounidense es el propietario final de Mosaic Propco SL, la dueña de cuatro inmuebles con inquilinos en Madrid, Santander y Bizkaia a los que se niega a renovar los contratos.
- La empresa española está controlada por Morgan Stanley a través de una sociedad que se llama MSREI X GP LLC y que está domiciliada en el paraíso fiscal de Delaware.
- Mosaic Propco SL compró las viviendas, que eran de alquiler asequible para personas en dificultades, a la inmobiliaria de la Fundación La Caixa.
Morgan Stanley es un gigante mundial de los servicios financieros. Con cerca de 83.000 trabajadores, ganó 13.951 millones de euros en 2025, un 27% más que el año anterior. Su negocio consiste en asesorar en fusiones y adquisiciones o salidas a Bolsa, además de gestionar grandes patrimonios y carteras de inversión. También trabaja en el sector inmobiliario. De hecho, Morgan Stanley será el beneficiario último de al menos cuatro grandes, e inminentes, desahucios en España, tal y como demuestra la investigación realizada por Público.
En concreto, su división especializada, MSREI (Morgan Stanley Real Estate Investing), está detrás de Mosaic Propco SL, la sociedad que adquirió un buen número de las viviendas de alquiler asequible que Inmocaixa, la filial inmobiliaria de la Fundación La Caixa, empezó a poner a la venta en 2024. MSREI X GP LLC, una sociedad de responsabilidad limitada con domicilio social en el estado de Delaware (EEUU), es su propietaria final. A través de su serie de fondos X y North Haven, MSREI se encarga de conseguir capital para «adquirir, gestionar y reposicionar activos inmobiliarios en sectores estratégicos», según describe la propia entidad. Y lo hace con un éxito considerable: presume de gestionar 53.000 millones de dólares –46.760 millones de euros– en activos inmobiliarios brutos en todo el mundo.
De Santander y Bizkaia a Vallecas
Entre ellos se encuentran cinco edificios de viviendas en Santander, Erandio (Bizkaia), Vicálvaro y Vallecas (Madrid), cuyos vecinos llevan años luchando contra un desalojo que parece cada vez más próximo.
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En realidad, uno de ellos ya fue desahuciado el pasado miércoles, el mismo día que Maricarmen fue obligada a abandonar su casa en el centro de Madrid. David Bonachera vivía desde 2027 en el número 10 de la calle de Mazaterón de Madrid, en el Ensanche de Vallecas. Su contrato, con una renta mensual que no superaba los 500 euros por un piso de 45 metros cuadrados, expiró en 2022. Inmocaixa, que entonces aún era la propietaria, se negó a renovarlo. La batalla que libró en los juzgados no ha podido evitar el desalojo. La misma amenaza que se cierne sobre una docena de inquilinos del inmueble, desde septiembre de 2025 ya en manos de Mosaic Propco SL. Al igual que sobre los arrendatarios de la calle de Fresno de Cantespino, 1-3, a escasa distancia de Mazaterón, 10.
Fue la filial de Morgan Stanley la que empezó un mes más tarde a enviarles cartas comunicándoles que sus contratos no se renovarían. Todos ellos accedieron desde 2005 a pisos que se ofrecían con alquileres asequibles para personas en dificultades, mayores de 65 años o menores de 35 con pocos ingresos. De momento, no hay fecha para el desahucio de los que no quieren, o no pueden, marcharse, asegura a Público la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas.
En el edificio de la Gran Vía del Este 9, en Vicálvaro, también en el sureste de Madrid, la angustia es parecida: contratos vencidos o a punto de caducar y, según denuncian, ninguna alternativa que haya partido de Mosaic Propco SL para evitar el desalojo final.
En Erandio, el desenlace es más acuciante. Este jueves 1 de octubre vencen 14 contratos de alquiler de los vecinos de Los Ochos. Pero en total 135 familias están en riesgo de perder sus casas. El Gobierno vasco ha anunciado que va a declarar Erandio zona tensionada, de forma que los inquilinos puedan acogerse a una prórroga de tres años de sus contratos. El problema es que la medida no estará lista antes de enero de 2027, por lo que esos primeros 14 no podrán beneficiarse.
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En Santander, los inquilinos de 107 viviendas situadas en la calle de los Hermanos Calderón han denunciado que Mosaic Propco SL ha contratado una empresa especializada en desocupación y recuperación de inmuebles, Imass, a la que se han facilitado sus datos personales y de la que también están recibiendo todo tipo de mensajes y llamadas conminándoles a abandonar los pisos.
Público ha preguntado tanto a Mosaic Propco SL como a las empresas que gestionan sus propiedades –TMF Group, Brik Real Estate y Bservicer Básico– por los conflictos que mantiene en estos edificios y si ha ofrecido alternativas a los inquilinos o negociado en algún momento con ellos. TFM Group no ha contestado al cierre de la edición, mientras que Brik Real Estate y Bservicer Básico coinciden en que no tienen «nada que comentar».
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Una larga relación con La Caixa
Creada en 1935 por Henry S. Morgan y Harold Stanley –dos antiguos socios de JP Morgan–, Morgan Stanley estuvo al borde de la quiebra como consecuencia de la crisis financiera de 2008. Hasta el punto de que la Reserva Federal le obligó a abandonar su negocio de banca de inversión y a convertirse en un banco comercial al uso, a cambio de beneficiarse del plan de rescate del Gobierno de EEUU. Entonces la prensa estadounidense publicó que Morgan Stanley llegó a perder en Bolsa un millón de dólares por hora. De la debacle lo salvó el mayor banco de Japón, Mitsubishi UFJ Financial Group, que el 13 de octubre de 2008 extendió el que se considera mayor cheque de la historia, por importe de 9.000 millones de dólares.
La relación con La Caixa de este histórico gigante del capitalismo estadounidense se remonta a ese mismo 2008, aunque antes de que quebrara Lehman Brothers –en septiembre– y se desatara el mayor colapso económico desde la Segunda Guerra Mundial. En enero, Morgan Stanley le había vendido a la entidad catalana su negocio de banca privada y gestión de activos –fondos de inversión y planes de pensiones– en España. El precio, 600 millones de euros.
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Dieciséis años después, una filial de Morgan Stanley firmó la compra de parte de la cartera de inmuebles de Inmocaixa, el brazo inmobiliario de la Fundación La Caixa. En 2024, el porfolio de la entidad catalana sumaba inmuebles valorados en más de 1.500 millones de euros, de los que el 40% estaban alquilados a largo plazo. Buena parte de esos edificios eran vivienda social a precios asequibles. Dos años más tarde, Inmocaixa se ha desprendido ya de toda su cartera residencial, también de los pisos del mercado libre, mientras apuesta por la compra de oficinas, que ofrecen el doble de rentabilidad.
En ese intervalo, La Caixa ha colocado sus viviendas protegidas a la Generalitat catalana y al Gobierno vasco, pero también a las socimis Colonial –Madrid, Zaragoza y Málaga– y Ktesios –Valencia–. Y a Morgan Stanley.
Sobre la firma
Begoña P. Ramírez
Redactora de Investigación
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Del desahucio de Maricarmen al acuerdo ‘in extremis’ del Consejo de Ministros: intrahistoria de una semana política inesperada
- Las negociaciones del decreto de vivienda dentro del Gobierno se han alargado, este martes, hasta la misma puerta del Consejo de Ministros, con Sumar presionando para que se recogieran «todas» sus medidas.
- En Moncloa minimizan esta separación: «Es normal que Sumar quiera diferenciarse». Desde el hermano pequeño del Ejecutivo, advierten a sus socios de Gobierno de que van a «dejarse la piel» para que salgan ambos decretos: «No damos ninguno por perdido».
Madrid-29/09/2026 21:30-Actualizado a30/09/2026 08:24
«Hasta hoy, no habíamos podido sacar estas medidas adelante. Hay que lamentar que hayamos tenido que presenciar un fracaso colectivo para que las posiciones políticas se muevan». Las palabras de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, simbolizan bien las sensaciones dentro del Gobierno que lidera Pedro Sánchez. Durante una semana entera el nombre de Maricarmen, una vecina desahuciada del barrio de Retiro, ha resonado con fuerza tanto en la calle como en la tribuna del Congreso. La situación de la pensionista de 87 años y la presión de la calle —en Madrid, acampada frente a la Puerta del Sol— han supuesto, para Moncloa, un «punto de inflexión». Ya el mismo día del lanzamiento, ejecutado judicialmente a instancias de la empresa Urbagestión, se repetía un mensaje entre las filas del Ejecutivo: había que acelerar la aprobación del nuevo decreto de vivienda. En seguida, las negociaciones se multiplicaban y, de repente, había agua en la piscina.
La tarea no era sencilla. Antes del verano, el hermano pequeño del Ejecutivo, Sumar, presionaba ya para poner el decreto sobre la mesa del Consejo de Ministros, con o sin los apoyos parlamentarios amarrados. Pero las posiciones contrapuestas de Junts, PNV y Podemos hacían zozobrar el acuerdo y obligaban al Gobierno a retrasar la aprobación del decreto hasta la vuelta de septiembre. Un calendario que, en las últimas semanas, Sumar temía que los socialistas volvieran a posponer. En todo este tiempo, el PSOE se ha mantenido firme en su postura, contrario a aprobar nada en el Consejo de Ministros que no tuviera asegurada su convalidación en la Cámara Baja.
Desde Moncloa aseguran que, tras el paréntesis del verano, el partido que lidera Carles Puigdemont, estaba empezando a moverse y había, por fin, voluntad para llegar a un acuerdo. Mientras las conversaciones del Ministerio de Vivienda, a múltiples bandas, seguían produciéndose, el Sindicato de Inquilinas conseguía movilizar a decenas de miles de personas en las calles el sábado por la tarde. En Madrid, la manifestación por Maricarmen culminaba en una acampada en Sol —difícil no recordar el 15M— que fue creciendo de manera progresiva. Aprovechando el clamor social, el ala de Sumar en el Gobierno presionaba a los socialistas a llevar el decreto al próximo Consejo de Ministros, rescatando en su interior la moratoria antidesahucios. El propio Sánchez confirmaba los planes del Gobierno en un mensaje público para Maricarmen durante un acto del PSOE el domingo: «Tengo un mensaje para ti: el Gobierno está trabajando a contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda».
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Para conseguirlo, las negociaciones se alargaron durante todo el fin de semana. El lunes, llegaba el momento de hacer públicas las posiciones de uno y otro lado. No empezaba bien la jornada. Sumar advertía de que el acuerdo sobre el futuro texto seguía muy lejos. «El decreto debe escuchar el clamor de la calle», reprochaban a su socio de Gobierno. El hermano pequeño del Ejecutivo aprovechaba, además, para poner en el foco tres medidas principales que, en esos momentos, Vivienda no había incluido todavía en el borrador de la norma: una protección frente a los desahucios reforzada; la regulación del alquiler de habitaciones y la renovación automática de los contratos. Una última iniciativa que, para Sumar, lleva las políticas de vivienda en España en la buena dirección: hacia los alquileres indefinidos.
Este último punto se erigió, avanzada la tarde del lunes, como el más conflictivo. En Moncloa señalaban entonces que se trataba de algo «nuevo», puesto encima de la mesa por las izquierdas parlamentarias a instancias del Sindicato de Inquilinas. De ahí que tuvieran que estudiarlo: «No estaba trabajado con el resto de fuerzas políticas». Para aumentar la presión sobre el PSOE, el lunes abría los informativos una foto. Representantes de IU, Movimiento Sumar, Más Madrid, Comuns, Compromís, ERC, EH Bildu y BNG hacían suyas, en bloque, las reivindicaciones del movimiento por la vivienda.
El pulso hasta el final de Sumar
Quedaba por ver hasta dónde podía llegar el pulso de Sumar al PSOE. El hermano pequeño del Ejecutivo ya había amenazado, durante el fin de semana, con plantarse si no se incluían sus reivindicaciones. Una estrategia similar a la que siguieron en marzo, cuando las negociaciones en torno a la prórroga de contratos provocaron un importante retraso en el Consejo de Ministros. El Consejo de este martes estaba fijado para las 9.30 horas. Y a las 8.00 de la mañana, según confirman a Público voces de las dos almas del Gobierno, no había todavía acuerdo, en medio de unas negociaciones que lideraron, por la parte socialista, Isabel Rodríguez y Carlos Cuerpo, y, en nombre de Sumar, Pablo Bustinduy y Ernest Urtsun.
La reunión no comenzó, por tanto, a la hora prevista. A las 10.30 horas, fuentes de Moncloa anunciaban, por fin. a los medios de comunicación que ya había arrancado el Consejo. Fue entonces cuando se produjeron unos minutos de confusión. Estas mismas fuentes aseguraban que «todos» los ministros habían entrado a la reunión, mientras varias voces de Sumar insistían a Público en lo contrario. La versión de Moncloa es que no todos entraron a la vez pero que, cuando se cerró la puerta y empezó la reunión, «estaban también los ministros de Sumar». «Se ha llegado a la misma puerta negociando. No ha sido como la otra vez», señalan voces socialistas. Ligeramente distinta es la perspectiva de Sumar. Fuentes del hermano pequeño del Ejecutivo aseguran a Público que sí amagaron con quedarse fuera de la reunión, con el resto de ministros ya en sus sillas, si no había, finalmente, acuerdo.
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El pacto se anunció sobre las 11 horas. A los pocos minutos, se confirmaba la existencia de dos decretos. Uno de ellos con la mayoría de las medidas previstas: prórroga de contratos, regulación del alquiler de temporada, protección frente a los desahucios o prohibición de las compras especulativas por parte de fondos buitre. Además de, por supuesto, bonificaciones fiscales a caseros e inquilinos para contentar a Junts y PNV. El otro, se dejaba en exclusiva para la renovación automática de contratos. Además, el Gobierno en bloque anunciaba la celebración, aprobación de la Mesa del Congreso mediante, de un pleno extraordinario el viernes para convalidar ambos textos.
Pero la línea divisoria entre ambos partidos no se quedaba ahí. La rueda de prensa en Moncloa la protagonizó Rodríguez, que compareció junto a la ministra portavoz, Elma Saiz, el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. En paralelo los cinco ministros de Sumar —Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Sira Rego, Mónica García y Pablo Bustinduy— convocaban su propio acto ante los medios de comunicación en el Ministerio de Trabajo.
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En Moncloa minimizan la relevancia de esta separación, hasta ahora inédita durante toda la legislatura. Destacan las fuentes consultadas que «es normal que Sumar quiera diferenciarse» y que les habían comunicado que harían su propia convocatoria. «Estamos en año electoral», insisten en el equipo de Sánchez, conscientes de que para sus socios la política de vivienda es «fundamental», así como «reivindicar su parte de éxito». Desde Sumar advierten a los socialistas de que van a «dejarse la piel» para que salgan ambos decretos: «No damos ninguno por perdido». Dos textos que, añaden, son solo «una primera conquista» de la lucha por el derecho a la vivienda. «Hace seis meses parecía imposible aprobar la prórroga. Este martes, aprobamos todo un paquete de medidas ambiciosas«, siguen poniendo en valor voces del hermano pequeño del Ejecutivo, animando al Sindicato de Inquilinas a «señalar la siguiente meta».
Sobre las firmas
Miguel Muñoz
Redactor de Política, Gobierno y PSOE.
Inés García Rábade
Redactora de Vivienda y Memoria Histórica.
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Si no hay alquiler indefinido, habrá acampada indefinida: «Esto no es el final ni mucho menos»
Los acampados en la Puerta del Sol consideran insuficientes los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno y advierten de que mantendrán la movilización.
Madrid-29/09/2026 21:30-Actualizado a30/09/2026 08:16
Bea está tumbada en el suelo, escuchando lo que opinan sus amigos de los dos decretos-ley sobre vivienda aprobados este martes por el Consejo de Ministros, cuando de repente se pregunta: «Muchas medidas son hasta 2028 o 2030. ¿Solo vamos a tener derechos un par de años? ¿Y a partir de entonces qué pasará?». La respuesta se queda en el aire.
El Gobierno ha acordado incluir las medidas en dos decretos. El primero, que podría ser aprobado por la mayoría en el Congreso, incluye la prórroga de hasta dos años para determinados contratos de alquiler que vencen antes del 31 de diciembre de 2028 y la ampliación de la protección frente a desahucios de hogares vulnerables hasta 2030. El segundo contiene la renovación automática de los contratos de alquiler, pero no ha sido acordado entre los grupos parlamentarios, por lo que podría ser rechazado en la Cámara Baja por falta de apoyos.
Bajo una carpa de la acampada por el derecho a la vivienda que se montó el pasado sábado en la Puerta del Sol de Madrid, Bea encarrila su discurso: «Se quedan muy cortos. Nosotras estamos aquí porque queremos que se apruebe el decreto Maricarmen tal y como lo ha planteado el Sindicato de Inquilinas, sin que se cambie ni una sola coma».
La joven, de 26 años, cree que incluso es necesario ir más allá: «Tenemos que pedir una reducción del 50% de los alquileres, que se expropie la vivienda vacía en manos de fondos buitre y de inversión, y que se paralicen los desahucios. Sin embargo, me llama mucho la atención que las medidas del decreto tienen fecha de caducidad, algo que no puede ser. Necesitamos una solución duradera y sacar la vivienda del mercado».
El troceo de las iniciativas en dos decretos ha sido criticado por el Sindicato de Inquilinas, cuyas portavoces, Valeria Racu y Alicia del Río, han advertido este martes por la mañana de que «cuanto más dividan, más nos enfadarán». Horas después, intervendrán en una asamblea informativa para abordar la vuelta de Maricarmen a su casa y dar su opinión sobre las medidas aprobadas por el Gobierno. Ya por la tarde, durante una asamblea informativa, han advertido de que el decreto no era el objetivo ni un «punto y final», por lo que las tiendas seguirán en Sol hasta que no conozcan el texto definitivo de la norma.
«Lo más importante de esta semana no cabe en ningún decreto: miles de personas hemos descubierto que no estamos solas. Sol no nace de la nada. Es una chispa que prende sobre años de organización y lucha colectiva», afirmaba el Sindicato de Inquilinas en X. «Una tienda de campaña no puede parar cada desahucio ni defender nuestros barrios. Pero las personas que nos encontramos alrededor de ella sí […]. Lo que se ha prendido en Sol debe seguir ardiendo cuando desaparezcan las tiendas», concluía el comunicado difundido en redes sociales, donde también solicitó ayuda ante las «amenazas de grupos fascistas» de reventar la acampada.
La división de los decretos de vivienda
Alejandro está convencido de que dividir las medidas en dos decretos es una estrategia política para que se aprueben las medidas menos conflictivas y caigan en saco roto las más ambiciosas, a las que previsiblemente se opondrían en el Congreso PNV y Junts, que había pedido incentivos fiscales para favorecer que los propietarios saquen viviendas al mercado, una iniciativa incluida en el primer decreto rechazada por el Sindicato de Inquilinas.
«El PSOE no quería quedar mal con los partidos a su izquierda y tenía que parecer que estaba haciendo algo, de ahí que haya dos decretos. Así escurre el bulto, aunque el segundo no será aprobado por Junts y otras formaciones políticas», critica Alejandro, quien subraya que la movilización busca aprovechar su fuerza para conseguir aquello que sin la presión social no saldría adelante. «Esto no es solo por Maricarmen, porque hay muchos afectados que podrían verse beneficiados si se aprobase un solo decreto con todas las medidas», añade este joven de 30 años, que de repente es interrumpido por un hombre que camina ante sus amigos, sentados en el suelo.
«Ojalá que el mundo sea manejado por ustedes», comenta el espontáneo. «Gracias a ustedes una persona mayor va a volver a tener hogar. Dios los bendiga». Además de lograr que Maricarmen vuelva a su casa, este martes varios acampados han frenado un desahucio en la calle Navas de Tolosa, situada cerca de la Puerta del Sol, mientras que el Ayuntamiento exigía a la Delegación del Gobierno que disuelva la concentración y la Comunidad de Madrid amenazaba con ir a los tribunales si no levanta el campamento en 48 horas.
Sin embargo, Lun deja claro que la protesta no terminará en Sol. «Esto no es el final, ni mucho menos, ni se va a quedar aquí. La lucha se está extendiendo a otros territorios y seguirá haciéndolo», deja claro la joven. «Este fin de semana habrá manifestaciones y, si hace falta, iremos a la huelga general por la vivienda». La movilización de Sol, efectivamente, se ha extendido en forma de acampadas en Palma, Sevilla o Málaga, así como de protestas en Barcelona, València, Alacant, Cádiz, Málaga, Sevilla, Vigo, Murcia, Córdoba, Toledo, Oviedo o Eivissa, entre otras localidades. Y este fin de semana se han convocado «movilizaciones estatales en todas las ciudades del país».
Si esto no es el final, como dice Lun, tampoco es el principio. Así lo cree Teo, de 26 años, que critica que concebir la acampada como el comienzo de una lucha borra toda la organización previa: «No tiene sentido que se plantee así cuando el Sindicato de Inquilinas lleva defendiendo a Maricarmen desde hace años. Hay mucho trabajo detrás a favor de nuestros derechos». La lucha por la vivienda, pues, no empieza ni termina con una afectada, ni tampoco con la concentración en Sol.
«No es solo que hayan desalojado de su casa a Maricarmen, sino que hay situaciones terribles y peores sin tanta cobertura mediática que sufren migrantes, personas sin papeles y otras muchas que cada día se levantan con miedo a recibir una carta de desahucio», explica Su, de 29 años. «Hay que mirar al futuro y no debemos conformarnos con medidas que se adoptan para contentarnos ahora mismo, sino intentar que se lleven a cabo las que mejoran verdaderamente el bienestar de la gente».
No se refiere a los incentivos fiscales a los propietarios de viviendas, que «refuerzan la acumulación de dinero por parte de quienes ya obtienen ingresos del alquiler», critica Luis. «No veo muy ético que se potencie que un casero pueda amasar tanta riqueza y luego se dedique a explotar a los demás para conseguir más dinero», añade este hombre de 37 años. «No me parece lógico que se les financie, porque al final los de abajo somos siempre los que pringan».
La prórroga de los alquileres y la limitación del precio no son suficientes para José María, quien cree que el problema del acceso a la vivienda no se resolverá mientras no se suban los salarios. «Gracias a Urbagestión [propietaria del piso de Maricarmen desde 2018] por haber organizado indirectamente todo esto», ironiza este jubilado de 78 años. «Y ahora le pediría que ayude a convencer a los empresarios para que paguen sueldos dignos para que la gente pueda pagar los alquileres».
«Mientras el Gobierno no se ajuste a las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas, hay que seguir protestando, porque los alquileres están carísimos y la compra de una vivienda es inasequible», se queja Carmen, quien a sus 72 años aplaude a los concentrados en la Puerta del Sol. «Siento orgullo, porque parecía que la juventud estaba dormida, pero basta que se haya tocado la tecla de la vivienda para ver que está despierta. Ahora es el turno de las administraciones».
Sobre la firma
Henrique Mariño
Redactor de Culturas y Memoria
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La votación exprés de los decretos obligará a las derechas a retratarse en plena oleada de indignación por la vivienda
- Las dos almas del Ejecutivo han traslado la presión, este martes, al resto del arco parlamentario, especialmente a Junts. «Quien se oponga al clamor social tendrá un destino político muy delicado», han advertido, en rueda de prensa, los ministros de Sumar.
- Todas las formaciones de la izquierda han salido a criticar el troceamiento de las medidas en dos decretos. «Genera desconfianza», ha valorado ERC. «Aquí, muchos decretos y pocos derechos», ha añadido BNG. «Es una trampa para lavarle la cara al Gobierno», ha censurado Podemos.
Madrid-29/09/2026 21:30-Actualizado a30/09/2026 08:06
La pelota está en el tejado del Congreso. Al menos, así lo dibujan las dos almas del Ejecutivo: PSOE y Sumar. Este martes, los dos socios de Gobierno llegaban a un acuerdo para dar luz verde en el Consejo de Ministros al macrodecreto de vivienda en el que trabajan desde antes del verano. Lo hacían, eso sí, troceado en dos decretos. Por un lado, algunas antiguas promesas de la legislatura: la prórroga, por dos años, de los contratos de alquiler; la regulación del alquiler de temporada y habitaciones; la protección frente a desahucios (hasta 2030) o la prohibición de la compra especulativa por parte de los fondos buitre (hasta 2028). Por otro, la medida más importante para los sindicatos de inquilinas —y la que más debate ha generado entre los pasillos del Congreso y en el propio seno del Gobierno—: la renovación automática de contratos. Toda «una revolución» en las políticas de vivienda en España, tal y como la definen desde el ala de Sumar, por tratarse de un «primer paso» en la dirección de los alquileres indefinidos.
«Van a destruir todavía más el mercado de la vivienda«. Así ha reaccionado la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, al anuncio de los dos decretos. «Ahora pretenden arreglar en media hora lo que no han hecho en ocho años», ha denunciado, por su lado, Pepa Millán, portavoz de Vox, acusando al Gobierno de imponer, con sus medidas, «su sectarismo e ineptitud». Como de costumbre, ni unos ni otros están dispuestos a prestar sus votos al Gobierno para sortear la votación a la que, este viernes, en un pleno extraordinario, se someten ambos decretos. 170 noes que le dejan unas cuentas muy ajustadas a los de Pedro Sánchez, afanados en acercar a los socios del antaño bloque de investidura hacia el sí.
Este mediodía, en rueda de prensa, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ironizaba en torno a la ausencia de preguntas de los periodistas sobre el papel del Partido Popular. «Lo que lamento es que, en esta situación, el PP ni está ni se le espera. Es dramático que, ante el principal problema de los españoles, los populares ofrezcan la nada», valoraba la ministra. En la misma línea, se pronunciaba, en un vídeo difundido en X, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «No podemos esperar nada. Su único proyecto de vivienda es la ley de la selva, indefensión para los inquilinos y sumisión ante los fondos buitres. Lo vemos cada día en las comunidades autónomas en las que gobiernan». Desde Sumar, miran, sin embargo, más allá del Partido Popular. «Quien se oponga al clamor social tendrá un destino político muy delicado«, advertían este martes, en rueda de prensa, sus cinco ministros. Mirando directamente a uno de los socios más problemáticos del Gobierno: Junts.
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Poco antes del anuncio de los dos decretos, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, insistía en las críticas a algunas de las medidas que han acordado PSOE y Sumar. En una entrevista para La Hora de la 1 de TVE, la política catalana acusaba a Sumar de «dejar a la intemperie» al pequeño propietario y de entorpecer, con ello, cualquier acuerdo. A las preguntas de Público, voces del partido independentista explican que no harán más valoraciones hasta que no tengan los textos definitivos. Y es que, aseguran, aunque el Gobierno habla de un acuerdo, les consta que no hay «un texto cerrado». Sin embargo, según Europa Press, los posconvergentes estarían ya valorando votar en contra del decreto con la renovación automática de contratos, entre críticas a algunas de las medidas del paquete amplio. Más críptica se muestra otra de las piezas del puzzle parlamentario, la derecha vasca. «No vamos a decir nada hasta analizar los textos definitivos», dan carpetazo a las preguntas de Público desde el PNV.
Este viernes, redirigen la conversación desde Sumar, de lo que se va a hablar es de frenar los desahucios, de poner coto a los fondos buitre, de prohibir la especulación… Un debate en el que no hay «bandera, consigna o exabrupto» capaz de desdibujar quién está de parte de la gente y quién del negocio. «A ver cómo le explican a España oponerse a medidas que van a brindar un alivio inmediato a millones de familias. Eso es lo que está en juego», subrayaban, este mediodía, los cinco ministros de Sumar. De eso va también la votación en el Congreso, aseguran desde el hermano pequeño del Ejecutivo: de forzar a las derechas a retratarse en plena oleada de indignación por la vivienda. Fuentes de Moncloa tachan de «oportunidad histórica» la posibilidad de aprobar el principal paquete de medidas. «No va a caer», afirman con rotundidad. Más dudas tienen con el decreto que incluye la renovación de contratos, por el que Sumar va, en cualquier caso, a «dejarse la piel». Sobre las críticas del Sindicato de Inquilinas al troceo del decreto, en Moncloa aseguran que «van de la mano» de sus reivindicaciones y que las medidas que aterrizan este viernes en el Congreso no son «un punto y final».
Las izquierdas arremeten contra el troceo del decreto
ERC ha sido la primera formación de la izquierda en reaccionar, este martes, al anuncio de los dos decretos. Para los republicanos, la división del paquete de medidas genera, cuanto menos,» desconfianza». Fuentes del partido independentista insisten a Público que no quieren que haya, por un lado, «un decreto de postureo» —que decaiga y que genere «frustración»— y, por otro, uno que salga adelante. Eso sí, reconocen desde el partido de Gabriel Rufián, aunque «arrastrando los pies», el PSOE habría incluido, al final, algunas de las medidas propuestas, en bloque, por la izquierda. Con todo, a la espera del texto definitivo, y aunque apostaban por un único decreto, ERC «estará en todo aquello que suponga dar respuesta a los problemas de la ciudadanía«.
Desde EH Bildu las fuentes consultadas por Público señalan que están «estudiando en detalle las medidas» anunciadas para fijar su posición. «En cuanto tengamos toda la información, haremos la valoración», añaden. Públicamente, este martes la formación vasca no se ha pronunciado. Sí lo hizo el lunes su diputado y portavoz, Oskar Matute: «EH Bildu está dispuesto a hacer esfuerzos para alcanzar consensos. Lo que pedimos al resto de fuerzas es que hagan lo mismo y que escuchen lo que la ciudadanía está reclamando en las calles«. Desde Compromís, por su parte, se muestran escépticos con los dos decretos. «Lo que el PSOE no ha querido hacer en ocho años, se ha visto forzado a meterlo en una semana en dos decretos que deberían haber sido uno y sin los beneficios a los caseros», apunta, en conversación con Público, la diputada Àgueda Micó. No obstante, fuentes de la formación valencianista adelantan a este diario que, previsiblemente, darán su sí a ambos textos.
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También BNG apoyará, previsiblemente, los dos decretos este viernes, si bien la izquierda gallega «suspende» igualmente al Gobierno por haberlos troceado. En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, su portavoz, Néstor Rego, ha asegurado que estudiarán «en profundidad» los textos, sin dejar de mostrarse «desagradablemente» sorprendido por que haya dos: «Aquí, muchos decretos y pocos derechos«. Desde el BNG sugieren también que uno de los dos decretos «no va a salir adelante» y acusan al Ejecutivo de optar, frente a la falta de acuerdo, por una solución «salomónica» para no echar más madera al fuego de la calle, donde son miles las personas manifestándose, en distintos puntos del país, para reclamar soluciones.
«Esta vez el divide y vencerás no va a colar». Así ha arremetido, en los pasillos del Congreso, contra el troceo del decreto la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. «Dividir el decreto es una trampa y tiene un único objetivo: lavarle la cara al Gobierno y contener la movilización social«, añadía la dirigente morada, instando a los de Pedro Sánchez a aprobar medidas como la expropiación de viviendas de fondos buitre o la bajada de los precios del alquiler por ley. «El Gobierno no está siendo consciente de lo que hay en la calle, del malestar, de la rabia y también de la esperanza que se está construyendo en la izquierda», ha desgranado la política navarra, pidiéndole a PSOE y Sumar que «rectifiquen» y lleven al Congreso «un único texto». Fuentes de Podemos insisten, en conversación con Público, en esta idea, sin aclarar el sentido de su voto: «Confiamos en que el Gobierno se corrija. Como mínimo para llevarlo todo junto».
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Inés García Rábade
Redactora de Vivienda y Memoria Histórica.
Miguel Muñoz
Redactor de Política, Gobierno y PSOE.
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Última hora de la acampada en Sol y el decreto de vivienda, en directo | Junqueras confirma que ERC apoyará los decretos de vivienda pese a considerarlos «parches»
30/09/2026 08:31-Actualizado a30/09/2026 09:50
Un millar de personas han pasado su cuarta noche consecutiva de acampada en la Puerta del Sol de Madrid contra los desahucios y la crisis de la vivienda en medio de una creciente tensión institucional.
Mientras, la oposición del PP y varios socios parlamentarios del Gobierno pedirán cuentas hoy en el Congreso a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por su gestión al frente de su cartera
Aquí te iremos contando, en directo, todo lo que acontezca en los dos principales escenarios informativos del día: el Congreso de los Diputados y la Puerta del Sol.
09:49 Comparte
Junqueras confirma que ERC apoyará los decretos de vivienda pese a considerarlos «parches»
El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha confirmado este miércoles que su partido apoyará la convalidación de los dos decretos de vivienda que se votarán el próximo viernes en el Congreso de los Diputados, aunque ha subrayado que ambos textos son «claramente insuficientes» para paliar la crisis de vivienda.
En declaraciones a los periodistas desde el Parlament de Catalunya, en el arranque de la segunda sesión del debate de política general, Junqueras ha señalado que los decretos son «parches» que tratan de solucionar «una situación de emergencia», pero no van «a la raíz del problema».
«Por muchos límites que se pongan, si no se hace una política efectiva de construcción de vivienda, de rehabilitación masiva y de transporte público que funcione, las políticas de vivienda no funcionarán», ha enfatizado Junqueras, que ha reclamado un «esfuerzo decidido» en estos ámbitos.
El líder de ERC ha señalado que los republicanos apoyarán «todos los decretos que ayuden a paliar el drama de la vivienda», pero ha reclamado más medidas y «mucho más ambiciosas».
09:47 Comparte
Bustinduy, a PP y Vox: «A ver cómo explican que se ponen del lado de los fondos buitre y de la especulación»
Este miércoles, en una entrevista para Cadena SER, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha asegurado que, todas las peticiones que, la semana pasada, el Sindicato de Inquilinas puso sobre la mesa, «están ya en el BOE». Lo que toca ahora, ha dibujado el ministro, es «pelear, este viernes, la convalidación de los dos decretos». «Los dos», ha insistido Bustinduy, negando que haya «un decreto blando, pactado con Junts, y uno duro», diseñado para zozobrar en la votación parlamentaria. Gracias a las movilizaciones y la presión de las calles, ha defendido el titular de Consumo, «va a ser muy difícil» justificar oponerse a los decretos, que, ha recordado, «no van en contra de nadie y solo mejoran la vida de los inquilinos». «El viernes, todo el Congreso tendrá que posicionarse», ha reiterado el ministro, interpelando directamente a PP y Vox: «A ver cómo explican que se ponen del lado de los fondos buitre y de la especulación y no de la gente que está manifestándose en la calle». Informa Inés García Rábade.
09:45 Comparte
Sumar dice que «no valdría» que el Congreso aprobara solo uno de los decretos de vivienda
El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago, se ha mostrado convencido este miércoles de que el decreto que contiene la prórroga de los alquileres «va a tener un amplio acuerdo» cuando se vote en la cámara, pero ha dicho que no «valdría» si no saliera adelante también el otro decreto.
«Ahora es imprescindible el otro decreto de renovación automática de los arrendamientos, que es el que arregla realmente el problema de este país o hace que se avance mucho en el arreglo. También tiene que ser votado. No nos valdría que saliera el primer decreto adelante y no saliera el segundo», ha advertido en los pasillos del Congreso.
Santiago, no obstante, ha dicho que en su grupo están «muy satisfechos porque la movilización ciudadana ha conseguido grandísimos avances».
09:39 Comparte
El decreto de la prórroga automática de alquileres se publicará el jueves, con el riesgo de no entrar en vigor
El decreto ley de la prórroga de automática de los contratos de alquiler, que aprobó el Consejo de Ministros este martes a instancias de Sumar y el Sindicato de Inquilinas, se publicará este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la víspera de su votación en el Congreso, con lo que corre el riesgo de que no llegue a entrar en vigor ni un día.
Pese a las exigencias de Sumar de publicar de inmediato este segundo decreto ley, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha dicho en los pasillos del Congreso que la norma se publicará este jueves.
Los decretos leyes entran en vigor tras publicarse en el BOE, pero en el plazo de 30 días han de votarse en el Pleno del Congreso para decidir su convalidación o su derogación. El decreto de medidas vivienda, protección contra desahucios y ayudas fiscales a los propietarios ya se ha publicado este miércoles y «entrará en vigor el día siguiente al de su publicación», según consta.
09:30 Comparte
Sumar exige que se publique ya el segundo decreto de vivienda y apela al voto a favor de Podemos
El portavoz de Izquierda Unida (IU) y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha exigido que se publique «de inmediato» en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el segundo decreto de vivienda que hace referencia a la prórroga automática de los contratos de alquiler, al tiempo que ha apelado al voto a favor de Podemos de las propuestas del Gobierno: «Siempre hay que votar lo que sea mejor para la clase trabajadora».
Santiago ha respondido así, en los pasillos del Congreso, al ser preguntado por la razón que ha llevado al Gobierno a publicar este miércoles en el BOE sólo uno de los dos decretos aprobados este martes por el Consejo de Ministros, el acordado con Junts, retrasando a este jueves la publicación del segundo, el de la renovación automática de alquileres.
Preguntado por este extremo, el diputado de Sumar ha defendido que es «fundamental» que este segundo decreto se publique «rápidamente, de inmediato», apuntando que los argumentos técnicos que ha escuchado para no hacerlo no le convencen «en absoluto».
09:22 Comparte
Cuerpo reta al PP a apoyar los decretos: «¿Dónde van a estar ustedes?»
En una sesión de control sin Pedro Sánchez, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía ha sido el primero en responder preguntas del PP. Primero, Ester Muñoz ha tratado de acorralarlo con la crisis de Ceuta. Después, Elías Bendodo ha optado por presionar con los casos de corrupción que han afectado al Gobierno. Pero Cuerpo ha respondido con los decretos de vivienda aprobados este martes, que llevarán «protección y alivios para los inquilinos, incentivos para los pequeños propietarios (540 euros al año por mantener al inquilino), frenos a la especulación (prohibición de compra a derribo) y ayudas a la compra con hasta 50.000 euros a tipo cero». «¿Donde van a estar ustedes?», ha preguntado el vicepresidente a Bendodo. Informa Samuel Martínez.
09:21 Comparte
Belarra apunta que el Congreso «aprobará presumiblemente» el primer decreto
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, no ha desvelado todavía el sentido de su voto a los decretos del Gobierno en materia de vivienda. Sí que se ha asegurado, en cambio, que el primero de ellos, que incluye medidas muy diversas, que van desde la prohibición de los desahucios hasta bonificaciones fiscales a los caseros, «presumiblemente se va a aprobar».
09:07 Comparte
El decreto no aclara qué es un «fondo buitre» y establece que no podrán comprar a menos de 70% de su valor
El Gobierno ha publicado este miércoles en el BOE uno de los dos decretos de vivienda aprobados ayer, de 96 páginas, que no define qué es un «fondo buitre» y que les establece como prohibición comprar vivienda hasta 2028 por debajo de un 70% de su valor de tasación de mercado.
El segundo decreto, que incluye la propuesta de Sumar de prorrogar automáticamente los alquileres, es el que despierta más recelos y aún no se ha publicado en el BOE. Ambos textos se llevarán este mismo viernes al Consejo de Ministros para su convalidación.
08:52 Comparte
EH Bildu apoya las movilizaciones de los próximos días en defensa del derecho a la vivienda
EH Bildu apoya las movilizaciones que se celebrarán en Euskadi en los próximos días en defensa del derecho a la vivienda, según ha anunciado el secretario de Acción Política de la formación soberanista, Arkaitz Rodríguez.
En un comunicado, Rodríguez ha afirmado que «la vivienda ha de ser un derecho, no un negocio». «Porque los derechos no caen del cielo, se conquistan, y porque, para ello, la movilización y la presión popular son tan necesarias como la lucha institucional. ¡Todos y todas a la calle!», ha emplazado.
08:36 Comparte
El Congreso examina hoy a la ministra Isabel Rodríguez tras los nuevos decretos y las protestas por la vivienda
La oposición del PP y varios socios parlamentarios del Gobierno pedirán cuentas este miércoles en el Congreso a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por su gestión al frente de su cartera, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes dos nuevos decretos en esta materia tras las protestas por la vivienda desencadenadas por el desahucio de Maricarmen.
En la sesión de control al Gobierno del Pleno de este miércoles, diputados de Esquerra Republicana (ERC), PNV, Junts y también el PP dirigirán diferentes preguntas e interpelaciones a la ministra por su gestión en el ministerio.
08:25 Comparte
El BOE publica el decreto ley de vivienda que prohíbe desahucios hasta 2030 y limita la subida de las rentas
El Boletín Oficial del Estado ha publicado esta mañana el Real Decreto Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros sobre la Vivienda y que prevé «medidas urgentes» para proteger la «función social de la vivienda».
El citado texto consta de 96 páginas y pretende la «ampliación de la oferta de vivienda asequible» con un paquete de medidas que incluye la prohibición de los desahucios hasta 2030, se limitan las subidas de las rentas, se prohíbe la compra especulativa por los llamados «fondos buitre», se regula el alquiler de temporada y habitaciones, se incluyen deducciones fiscales para los inquilinos y bonificaciones para los propietarios que bajen el alquiler, entre otras medidas.
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Avances de calado, medidas temporales y una pieza clave en riesgo: expertos analizan los decretos de vivienda
- El próximo viernes el Congreso tendrá que votar dos textos diferentes, uno de ellos incluirá exclusivamente la propuesta de contratos indefinidos, «el corazón del decreto Maricarmen».
- Los expertos consultados por ‘Público’ critican la partición de los decretos y la temporalidad de algunas medidas, como ocurre con la prórroga de los alquileres o la suspensión de los desahucios.
29/09/2026 21:30-Actualizado a30/09/2026 08:16
Finalmente serán dos decretos de vivienda y no uno. Los partidos de Gobierno han llegado a un acuerdo in extremis, tras varios días de negociaciones y un Consejo de Ministros que comenzó con una hora de retraso. Ambos textos serán votados en el Congreso de los Diputados este mismo viernes en un pleno extraordinario.
Las medidas que tendrá que ratificar la mayoría del hemiciclo incluyen la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación del alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra por parte de fondos buitre hasta 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras cuestiones.
En un real decreto aparte se incluye, exclusivamente, la renovación automática de los alquileres. Esta medida supone la obligación para los arrendadores de acreditar una causa justificada para no renovar el contrato. En caso de no hacerlo, tendrán que indemnizar al arrendatario. Esta propuesta era uno de los puntos clave para el Sindicato de Inquilinas, que ha criticado duramente «el troceamiento del decreto Maricarmen».
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Sumar había presionado en las últimas horas para intentar incluir esta propuesta de alquileres indefinidos, similar a los contratos que ya operan en otros países europeos. Según ha explicado la ministra de Vivienda en la rueda de prensa posterior al Consejo, se ha decidido votar por separado ante la falta de tiempo para negociar con los socios. Los ministros de Sumar, que no han estado en esa rueda de prensa, han hecho un llamamiento a la movilización popular para lograr que ambos decretos puedan ser convalidados.
La abogada experta en vivienda Alejandra Jacinto dice no entender la división de las dos normas porque la prórroga automática de los alquileres «es el corazón del decreto Maricarmen». «Se tiene que aprobar», insiste. Además, Jacinto cree que las medidas planteadas este martes tienen que ser «el punto de partida para que la vivienda sea un derecho subjetivo» y resalta el hecho de que muchas de ellas tengan carácter temporal. «La moraleja es que la movilización y la organización popular funciona», deja claro.
A última hora del martes todavía no se había podido consultar ninguno de los dos textos íntegros, por lo que las incógnitas no han hecho más que crecer. A la espera de conocer la letra pequeña, la abogada pide cautela, aunque celebra que se incluyan cuestiones «necesarias», como la suspensión de los desahucios o la regulación del alquiler por habitaciones.
Por su parte, desde Ideas en Guerra, la economista Alba Agraz y el arquitecto Jon Bakaikoa tampoco entienden la estrategia de votar por separado «dos medidas que deberían ir juntas». «No entendemos la suspensión de los desahucios sin los alquileres indefinidos», aseguran. Ambos expertos consideran que los sectores más progresistas del gobierno deberían reflexionar sobre «cuál es el precio político a pagar» y plantean si unos meses más de gobierno «salen más rentables que presionar al socio mayoritario». «Exigimos desde hace mucho tiempo valentía, y esta también se tiene que aplicar a quienes tienen que sacar las uñas en el Consejo de Ministros», añaden.
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Prórrogas de contratos y medidas antidesahucios
La ministra Rodríguez ha incidido especialmente en las medidas de carácter fiscal. Según ha explicado, se incrementará la fiscalidad de las SOCIMI del 15% al 25% de sus beneficios no distribuidos. Los ayuntamientos podrán duplicar el IBI a las casas que lleven cerradas más de tres años y se prohíbe durante dos años a los fondos de inversión comprar viviendas para uso especulativo. Además, habrá bonificaciones fiscales para los inquilinos con bajos ingresos, ayudas para comprar la primera vivienda y reducciones fiscales a los caseros que rebajen la renta.
El abogado del Sindicato de Inquilinas, Víctor Palomo, no es muy positivo respecto al decreto, a la espera de que pueda leerse. Recuerda la importancia de definir correctamente conceptos como «fondo buitre» y le llama la atención que hayan sido los puntos pactados por Junts «los mejor detallados» tras el Consejo de Ministros. «Sobre todo cuando se hablaba de limitar la especulación, escuchábamos muchos condicionantes y verbos en futuro. Eso lo que nos hace pensar es que todavía ni saben lo que van a aprobar. El listado de empresas que se haga tendrá que tener una formalidad jurídica», subraya.
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Otra de las críticas que señalan los expertos consultados por Público tiene que ver con el carácter temporal de algunas de las propuestas. Como ya pasó en el decreto que decayó en mayo, la prórroga de dos años en los contratos del alquiler solo protegerá a aquellos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028. Además, tendrán que ser los propios inquilinos quienes la soliciten. La protección antidesahucios también tiene carácter temporal y estará en vigor hasta 2030.
«¿Por qué temporales? Desde los movimientos sociales llevamos pidiendo mucho tiempo la suspensión indefinida de los desahucios. La cuestión de vulnerabilidad no tiene un plazo límite. Lo primordial es proteger a quienes más necesitan esa protección, no pausar el problema hasta después de las elecciones», valoran Agraz y Jon Bakaikoa.
En la misma línea, Palomo recuerda que esta misma prórroga de los alquileres ya fue tumbada en mayo y que la suspensión de los desahucios estuvo en vigor hasta principios de año: «Lo que han hecho es alargarlo un poco más. Cuesta pensar que esto es lo que está pidiendo la gente. Ahora, con todo lo que ha pasado con Maricarmen no tiene sentido estar prorrogando reales decretos temporales, hay una necesidad estructural».
Se regula el alquiler por habitaciones y de temporada
Si sale adelante, aunque sea el primero de los decretos, se podría empezar a regular tanto el alquiler por habitaciones como el de temporada. Ambas fórmulas estaban siendo utilizadas por los inversores para esquivar las restricciones de la ley de vivienda, así que su inclusión en el texto legislativo ha sido bien recibida por los sindicatos. De acuerdo con lo anunciado por Isabel Rodríguez, deberá acreditarse la temporalidad de los contratos y no podrán exceder los doce meses, además, los inquilinos que residan en una habitación estarán igual de protegidos que el resto.
El portavoz del Sindicato de Inquilinas, Fernando de los Santos, incidía este lunes en conversaciones con Público en estas dos modalidades de contrato. En concreto, De los Santos recordaba que se había debatido la inclusión del alquiler habitacional hasta última hora, «a pesar de que cada vez más gente vive en pisos compartidos». Desde Ideas en Guerra creen que estas dos regulaciones son una «conquista social», aunque, como en el resto de cuestiones, se muestran prudentes: «Tendremos que ver en qué términos y cómo se desarrolla la ley. Era imprescindible frenar las ventanas por las que se colaban los rentistas para jugar con nuestra estabilidad».
Qué esperar de la letra pequeña
Además de los puntos analizados, Víctor Palomo señala que la forma en la que quede redactada la suspensión de los desahucios será fundamental. «Todo dependerá de si es amplia o va a tener muchos peros. Como tenga muchos peros, es decir, como esté sujeta a dos o tres condiciones, los jueces no la van aplicar. Ya nos pasó con el escudo social», recuerda.
En cuanto a las medidas que parecen haberse quedado fuera de los decretos, el jurista pone el foco en una de las exigencias históricas del Sindicato de Inquilinas: la recuperación de las viviendas en manos de fondos buitre para el parque residencial público. «Lo ideal sería, no solo que no puedan comprar, sino que se puedan recuperar las viviendas de las que se van deshaciendo, adquiriéndolas para que pasen a manos públicas», concluye.
Tras meses con las negociaciones estancadas, el desahucio de Maricarmen ha desbloqueado las negociaciones entre socios. Aun así, todo apunta a que la movilización en las calles se va a prolongar más allá de la votación de este viernes. No hay fecha prevista para que se levante la acampada de Sol y se han anunciado concentraciones en varias ciudades este fin de semana. «No sé si es una estrategia muy inteligente aprobar un real decreto para hacerlo caer el viernes. Es imposible que la gente esté contenta. Hace falta una contundencia mayor. Ya estamos escuchando en las protestas que nos dicen que les da igual lo que diga el Gobierno, que quieren ir a por más y que se van a quedar en Sol», concluye Palomo.
Sobre la firma
Laura Prieto Gallego
Redactora de Vivienda y Memoria Histórica.
Maricarmen no es el final, es el principio
Abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, CAES
29/09/2026 21:30
Hay momentos en los que una sociedad cambia de conversación. No porque un Gobierno decida hacerlo, ni porque lo escriba un periódico, ni porque lo anuncie un ministro. Cambia porque miles de personas deciden que aquello que hasta ayer parecía inevitable ya no puede seguir siéndolo.
Eso es lo que ha ocurrido esta semana con la vivienda.
Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba más de 70 viviendo en su casa, fue desahuciada hace justo una semana, el pasado 23 de septiembre. La imagen de Maricarmen en una camilla de ambulancia, siendo expulsada de forma violenta de su casa de toda la vida a manos de Urbagestión, por un séquito de antidisturbios y una comisión judicial que daba cumplimiento a unas resoluciones judiciales cuyo origen trae causa en normativa franquista, mientras decenas de activistas y el Sindicato de Inquilinas trataban de impedirlo con sus propios cuerpos y todo ello bajo el ruido de fondo de una radial, ha dado literalmente la vuelta al mundo.
Esa imagen de fragilidad, que dio rostro a la palabra injusticia, condensó en unas horas algo que miles de personas repulsamos; la avaricia especulativa, la rentabilidad por encima de la vida, en este caso de una señora que podría ser cualquiera de nuestras madres, tías o abuelas.
Y entonces ocurrió algo que no estaba en ningún decreto ni en ninguna agenda parlamentaria: la gente se organizó, salió a la calle, se movilizó indignada para que no haya ni una Maricarmen más.
Una chispa que incendió la pradera, la gota que ha colmado el vaso, como queramos decirlo. Lo importante es que el análisis es compartido por la mayoría de la sociedad. Una olla a presión de años y años de dejación de funciones por parte de todas las Administraciones Públicas, (unas más que otras y todos sabemos cuáles) que han permitido, o incluso promovido, activamente que hasta la fecha haya mandado la especulación.
Así las cosas, el sábado la Puerta del Sol se llenó de tiendas de campaña. Cientos de personas decidieron acampar y quedarse. Ahí siguen. La pregunta colectiva es clara: ¿Qué clase de Gobiernos pueden aceptar que una persona pueda perder su casa simplemente porque unos rentistas consideren que puede ganar más dinero con otra?
La respuesta social ha sido clara: no queremos más Maricármenes.
Y hoy el Gobierno ha reaccionado. Tarde, pero ha reaccionado. No olvidemos que el desahucio de Maricarmen se podía haber evitado.
A la espera de conocer y analizar con detalle la letra pequeña (el diablo está en los detalles) de los dos reales decretos aprobados por el Consejo de Ministros, parece que se incluyen cuestiones que llevamos mucho tiempo reclamando y que constituyen mínimos imprescindibles: la suspensión de determinados desahucios, la regulación de los alquileres de temporada y de habitación, la prórroga durante dos años de los contratos de alquiler y una moratoria sobre determinadas compras especulativas.
Son medidas necesarias. Y hay que decirlo claro: pasar de la nada a tener un respirador -aunque sea asistido- con medidas que afectan a miles y miles de personas es un avance, insuficiente, pero un avance.
Basta con echar la vista atrás unos meses para ver como decaían diferentes medidas de protección para los inquilinos. El brazo parlamentario del rentismo conformado por el PP, Vox y Junts nunca defraudan a los suyos, no lo olvidemos.
Mientras tanto, los contratos siguen terminando, los alquileres siguen subiendo y los desahucios siguen siendo una realidad cotidiana para miles de familias.
Sin embargo, ahora el escenario ha cambiado y el cambio ha sido posible gracias a la movilización y organización popular, nadie lo duda ya.
La mañana de este martes se comunicaba también la decisión de dividir el llamado decreto Maricarmen en dos normas, dejando la renovación automática de los contratos de alquiler, el corazón de lo que debería ser ese decreto, en un segundo decreto que parece más difícil de aprobar. Una decisión incomprensible que lanza un mensaje perverso sobre los límites de lo posible. Sin embargo, si algo nos ha enseñado el desahucio de Maricarmen es que lo que parece imposible hoy puede no serlo mañana, y a las pruebas me remito con el hecho de que Urbagestión haya tenido que devolverle su casa, después de todo. No nos resignemos, quedan 72 horas, y ahora el Congreso, en su conjunto, tiene que decidir de qué lado están, ahora que toda la sociedad mira con lupa el sentido del voto de sus señorías mientras el sentido común está con Maricarmen.
Por eso la renovación automática no es una medida más dentro de un paquete. Es una garantía esencial de estabilidad. Es la vacuna frente a la especulación que utiliza la finalización del contrato como mecanismo para expulsar a quien vive en una vivienda y sustituirlo por quien pueda pagar más. Y por eso tiene que aprobarse sí o sí.
Si queremos evitar que haya más Maricármenes, necesitamos actuar precisamente sobre el origen, sobre el mecanismo que permitió que su contrato terminara y que la rentabilidad se impusiera sobre la estabilidad de su hogar.
Y hay otra cuestión fundamental: muchas de las medidas que ahora se anuncian tienen que dejar de ser excepcionales y temporales para convertirse en estructurales. La suspensión de los desahucios no puede depender eternamente de que cada cierto tiempo aprobemos una nueva prórroga. La regulación de los alquileres de temporada y de habitación no puede depender de que el mercado encuentre nuevas vías para sortearla. La prórroga de los contratos no puede terminar dentro de dos años. Y una moratoria sobre determinadas compras especulativas solo tendrá sentido si sirve para disuadir realmente la inversión especulativa.
Resulta obvio que el derecho a la vivienda no puede estar sujeto a plazos y que no puede depender de prórrogas sucesivas aprobadas al borde del abismo cada vez que vence una norma.
Maricarmen ha conseguido que mucha gente entienda algo que el movimiento por la vivienda lleva años explicando: que el derecho a la vivienda no puede seguir siendo una mera declaración solemne escrita en el artículo 47 de la Constitución mientras, en la práctica, la continuidad de tu hogar dependa de la decisión unilateral de quien posee el inmueble o de los dígitos de tu cuenta corriente. La vivienda tiene que ser un derecho subjetivo como lo es la educación o la sanidad y para ello todavía queda mucho.
Para eso hace falta mucho más que un Real Decreto, hace falta incorporar una perspectiva profundamente democrática capaz de revertir cuarenta años de mercantilización de un Derecho que debería ser fundamental.
Estamos en ello. En todo caso lo que está claro es que lo conseguido hasta ahora es un paso necesario, un punto de partida, en ningún caso uno de llegada.
Y de hecho, lo ocurrido estos días nos deja una enseñanza que debe darnos algunas pistas de cómo seguir, y es precisamente que el estado de las cosas, no lo cambian solamente las leyes, lo cambia una sociedad organizada que ha decidido que la situación tiene que cambiar. La movilización y la organización popular son la condición necesaria para que aquello que parecía imposible sea hoy posible.
No se trata de elegir entre celebrar una victoria parcial o seguir peleando por lo que falta. Se trata de entender que las victorias parciales sirven para demostrar que se puede avanzar.
Y por eso el decreto, o más bien decretos, Maricarmen tiene que ser sólo el principio.
Sobre la firma
Alejandra Jacinto
Abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, CAES
La vivienda como palanca para mucho más
Por Miquel Ramos
Periodista
29/09/2026 21:37
Hace pocos meses, el Sindicato de Vivienda de Carabanchel instaló una mesa en mitad de una calle del barrio donde viven numerosas familias en situación vulnerable, y donde ya habían parado algún que otro desahucio tiempo atrás. Los niños corrieron al ver el chocolate que se repartía, y los vecinos bajaban curiosos a ver qué sucedía. Varios de ellos cogieron el micro y contaron sus problemas con sus caseros, con los pisos compartidos por varias familias con niños y su desesperación ante el abandono del Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) y del Ayuntamiento, que tiene el barrio totalmente desatendido y la basura se acumula durante días. Algunos ya conocían al sindicato, e incluso llevaban tiempo acudiendo a sus asambleas. Otros descubrían por primera vez a estos chavales que, sin conocerlos de nada, se prestaban a ayudarles.
Una simple reunión de vecinos y unas tazas de chocolate motivó la presencia de varios agentes de la Policía Municipal, que acabó multándolos por usar un altavoz sin permiso. Nadie se había quejado, pero eso de plantarse en la calle así era intolerable. A pesar de ello, sus actividades siguen, junto con las de los otros sindicatos de vivienda que trabajan en diferentes barrios de esta y otras ciudades.
El Sindicato de Inquilinas, la organización que ha puesto el foco en el caso de Maricarmen, lleva cerca de diez años recibiendo casos similares. Asesoran a los inquilinos y plantan cara a los fondos buitre y a los especuladores, paran desahucios y exponen las trampas de los contratos de alquiler y las leyes que las permiten. Se enfrentaron a uno de los grandes, a Blackstone, y ganaron. Consiguieron, entre otras cosas, evitar que este fondo subiese el alquiler a doscientas familias. Son otro colectivo más de los que existen en todo el país que enfrentan el problema de la vivienda. Cada uno tiene sus propias dinámicas y sus propios objetivos, no todos están coordinados ni coinciden en todo, pero atienden a la vez a un problema material de primer orden, que todo el mundo entiende y que sufre una gran parte de la población trabajadora.
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Esta semana, todos ellos están en la Puerta del Sol. Allí se han juntado numerosas plataformas y colectivos que llevan años denunciando el problema de la vivienda, parando desahucios e informando a los vecinos sobre cuáles son sus derechos y cómo organizarse. Por eso, la acampada y el músculo exhibido no es casual, es el fruto de mucho trabajo y de un momento idóneo. Llevaban mucho tiempo ahí, pero no todo el mundo había prestado atención. Finalmente, todo confluyó a raíz del indignante caso de Maricarmen, que ha logrado articular esa rabia compartida sobre el negocio inmobiliario y llevarla a las calles, provocando un punto de inflexión donde el país, por fin, tiene el asunto encima de la mesa como primer plato, y va a tener que digerirlo de una manera u otra.
Más allá de lo que se arranque en las negociaciones entre partidos, del mercadeo que hagan gobierno, socios y oposición para calmar las calles y tratar de rentabilizar la indignación a pocos meses de las elecciones, los movimientos sociales por la vivienda han logrado ser los protagonistas de la actualidad. Llevamos meses atrapados en los marcos que la derecha ha querido imponer y en los que chapotea la mar de a gusto, contando las horas que quedan hasta ver caer al Gobierno. Ceuta, las personas migrantes, la violencia de la ultraderecha, las corruptelas del PSOE y tantos otros asuntos que parecían poner la alfombra roja a la derecha hacia la Moncloa, se han visto eclipsados por una urgencia material mayor que cualquier bandera, que salpica a casi toda la clase obrera y para la que la derecha no tiene otra receta que no sea mantener o agravar el statu quo.
El Gobierno, tras siete años de excusas y tibiezas, de complicidad con el rentismo y la especulación y la comodidad ante el manido relato del miedo a que los otros son peores, se ha visto acorralado, y le va a tocar mover ficha exhibiendo sus limitaciones, muchas de estas autoimpuestas por no querer tocar los andamiajes del sistema. La socialdemocracia no vino a combatir el neoliberalismo, sino a poner parches cada vez que la indignación amenaza por convertirse en un estallido social. De eso son plenamente conscientes quienes hoy llenan las plazas por el derecho a la vivienda, pero nos equivocamos si creemos que todo esto acaba aquí, y que el objetivo es tan solo un bálsamo en forma de ley descafeinada.
Este acontecimiento no surge de forma espontánea, sino que es la concreción y la coincidencia de muchas luchas que ya se estaban llevando a cabo, y que son mucho más ambiciosas que recuperar la casa de una persona desahuciada o arrancar una ley que, seguro, no será suficiente. El primer objetivo se ha cumplido: tener el foco, imponer el marco, desplazar los temas de los reaccionarios que ocupaban la agenda y obligar a que cada uno se retrate ante esta emergencia. Menospreciar este logro, ya sea desde la derecha o desde la izquierda nihilista y cascarrabias a la que todo le parece mal, tan solo muestra la incapacidad o la resistencia para ser parte de la solución. Y no es que no haya discrepancias, debates y hasta puntos de desencuentro en las plazas. Los hay, siempre los ha habido, y todo debate ayuda a transitar caminos comunes.
Reconducir toda esta movilización hacia los múltiples frentes que existen hoy es el objetivo de la mayoría de quienes acampan en Sol o apoyan desde donde pueden. Esto es tan solo un punto de arranque, una palanca, como explicaba Pablo Carmona en un texto en Zona de Estrategia, y como exige una calle que se niega a aceptar una rendición bajo decreto. Habrá quien querrá poner el foco en lo que dure la acampada o su subordinación al decreto de turno, pero el debate real, los objetivos, van mucho más allá. Esto es tan solo el brote de una semilla que hace tiempo que se sembró y que miles de personas anónimas llevan regando con su sudor y esfuerzo por puro amor y compromiso.
La resaca del 15M, con sus logros y sus decepciones, no puede condicionar lo que está por venir, lo que hoy protagoniza una nueva generación que no vivió todo aquello y que tiene también su derecho a elegir su propio camino, y a reivindicar las victorias que se vayan consiguiendo. La primera, ya es obvia, y no es solo sobre la casa de Maricarmen, que parece que volverá a habitarla, sino por haber impuesto en la agenda algo que interpela más allá de la vivienda, y que va a romper uno de los muros de individualismo y exclusión que el capitalismo y su fiel ultraderecha llevan años construyendo. Es el eterno conflicto entre el derecho a la vida y el derecho a la propiedad y a la acumulación.
Sobre la firma
Miquel Ramos
Periodista
‘Backrooms’: la contra acampada
Por David Torres
Escritor
29/09/2026 21:30
Puesto que toda acción tiene su reacción, toda Bastilla su Napoleón y todo vampiro su ristra de ajos, a la acampada de Sol también tenía que llegarle su kriptonita. El problema es que ha llegado a toda hostia, desde varios frentes a la vez, sin probar ni testar resultados, y la kriptonita ha resultado más bien contraproducente, lo cual no suele ser bueno para un antídoto. El domingo por la mañana Almeida apagaba las cámaras de la Puerta del Sol igual que el avestruz que mete la cabeza bajo tierra y se deja el culo fuera: un culo municipal a la vista del mundo entero, lleno de tiendas de campaña, carteles de protesta, guitarras, rastas y reivindicaciones, todo bajo la egregia botella de Tío Pepe. Con las pantallas de la plaza fuera de cobertura y con Almeida exigiendo a los acampados que se fuesen a protestar a Ferraz, más de un turista se pensaba que había aterrizado en Gotham y que, en cualquier momento, de la botella de Tío Pepe iba a brotar el reclamo luminoso de Batman.
La botella de Tío Pepe es símbolo eterno madrileño desde 1936 -fíjate tú qué fecha- y ha salido de decorado estelar en varias películas de Almodóvar, de Amenábar y de Santiago Segura. Donde no sale ni de refilón es en El pisito, de Marco Ferreri, una epopeya inmobiliaria de 1959 que ha vuelto a ponerse en marcha más de 60 años después, cuando a Mary Carrillo la han echado de su casa en la vejez y a José Luis López Vázquez ni siquiera le queda una triste cabina de teléfonos donde morirse del asco. El cine clásico es que nunca pasa de moda. Azcona ya había escrito la tragedia de Maricarmen en futuro imperfecto, incluido el monólogo cómico de Ayuso preguntando a partir de qué edad puede dejar de pagar el alquiler a sus caseros, ella, que tiene de casero a la Comunidad de Madrid, le regalan préstamos millonarios a su familia por la jeta y encima le caen áticos del cielo.
Entre una muchedumbre harta haciendo botellón Tío Pepe y una presidenta acaparando áticos a dos manos se va escribiendo sola otra película póstuma de Azcona, un guion de ultratumba con un giro inesperado de última hora donde un alcalde -también de ultratumba- se pone la medalla de haber firmado un pacto para devolverle el piso a Maricarmen. Después de perdonar 60 millones de euros a las empresas privadas que explotarán residencias en parcelas públicas y otros 112 millones que Ferrovial y Dragados debían desde hace diez años, no me negarán que lo de restituir la vivienda a Maricarmen no suena a chiste de Azcona. Sin necesidad de bailar el chotis, Almeida podía haber salido de secundario cómico en cualquier producción española de los años 50, nada más que haciendo de sí mismo, mientras que Ayuso tampoco requiere de doblaje ni especialista para soltar sus mamarrachadas.
Cada día que pasa, Madrid se parece más y más al western surrealista de Bienvenido, Mister Marshall, ahora con campamento apache incorporado. A la presidenta y al alcalde les molesta que una muchedumbre se tome la libertad de acampar en la Puerta de Sol cuando estaban encantados con las manifestaciones fruteras en Ferraz, que tenían piñata de Pedro Sánchez y rosario friki diario. Una cosa son los gatopijos y otra los perroflautas. La verdad, no hay quien entienda el concepto de libertad que maneja esta gente, aunque vistos sus áticos, sus cambalaches sanitarios y sus obsequios a grandes empresas, parece que se trata de Liberty Valance.
En la contra acampada en blanco y negro tampoco podían faltar Vito Quiles y Bertrand Ndongo, que fueron a informar de la movida con su particular estilo de montar pollos y tuvieron que salir por patas. Vito Quiles -uno de los pocos periodistas que necesitan escoltas para que le rían las gracias- se ganó a zancada limpia el sobrenombre del “Chihuahua de Callao” después de que un coche de la policía municipal lo recogiera como si parase un taxi. En cuanto a Bertrand Ndongo, llevaba encima un spray de pimienta por si el pollo le quedaba soso. De momento, no parece que la acampada vaya a dar marcha atrás, ni por las buenas ni por las malas, ni siquiera con Maricarmen de vuelta en casa. Cada vez proliferan más tenderetes y más lonas azules, y en cualquier momento empiezan a brotar bajo la Puerta del Sol habitaciones subterráneas a lo Backrooms, una película de terror que postula la solución de la vivienda a través de los traumas psíquicos. Sí, esta película ya la habíamos visto antes y el monstruo también era una botella de Tío Pepe.
Sobre la firma
David Torres
Escritor
El desahucio de las mujeres
Periodista
29/09/2026 21:30
Tenemos una crisis de vivienda. Y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, habla de desahucios. Pero no solo de los que dejan a una familia en la calle. Habla del desahucio del “vientre materno provocado mediante el aborto”, con “consecuencias irreversibles”. No nos ven como personas, sino como un vientre, un horno, una misión que cumplir. Resulta curioso convertir a las mujeres en propietarias sin escrúpulos cuando deciden sobre su posible gestación, pero son simples inquilinas de su vida cuando otros quieren decidir por ellas.
Pero bueno, hablemos. Si tanto preocupa la natalidad y la infancia, podrían empezar por los bebés, niñas y niños hacinados en habitaciones alquiladas de nueve metros cuadrados, porque no hay otra alternativa. Sin espacio para jugar, moverse o aprender a caminar. Por adolescentes que no tienen un lugar donde estudiar en silencio. Por una infancia que, cuando es desahuciada, pierde su red de amistad, sus conocidos, o incluso el médico que controla su enfermedad. Por las hijas de Olga, que han perdido a su madre, que se suicidó tras ser desahuciada. Por maltratadas que no pueden marcharse con sus hijos o hijas, porque para abandonar a un agresor hace falta dinero, vivienda y una red. Si le preocupara esto, Argüello, casualmente arzobispo de Valladolid, podría denunciar que PP y Vox de Valladolid hayan eliminado de las ayudas del alquiler social el concepto de víctimas de violencia de género, con hijos e hijas maltratadas. O estaría bien saber qué opina de Ortega Smith despidiendo a una trabajadora de Vox tras un permiso de maternidad.
Puestos a hablar de maternidades, podrían preocuparse de la expulsión de la población de los centros de las ciudades a kilómetros de distancia. Y esa distancia se paga en tiempo. Hora y media de transporte para ir y venir del trabajo. Y entonces el niño sale del colegio. ¿Quién lo recoge? Una vecina. ¿Quién le ayuda con los deberes? Nadie, porque aún estás esperando al Cercanías que te lleve a casa. La vivienda determina el tiempo para cuidar, descansar, acompañar a hijos o mayores o hasta para conservar nuestro empleo. Porque muchas mujeres al final terminan dejándolo al ver que les falta tiempo. También un estudio desvela que casi el 70% de las mujeres viven en pareja frente al 51% de ellos. Es decir, para muchas la pareja representa una vía a la emancipación en 2026 todavía, que para los hombres es menos necesaria. ¿De qué sirve hablar de maternidad y conciliación si no se facilita? ¿De qué sirve proclamar que los niños son lo primero si callamos ante sus problemas y viven con cartas de desahucios? Estas son también cuestiones sobre la vida. Y, sin embargo, la conversación vuelve una y otra vez al cuerpo de las mujeres. Porque siempre somos el comodín de toda conversación cuando no se quiere hablar del fondo.
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Los obispos aprovechan el desahucio de Maricarmen para arremeter contra el derecho al aborto
Con todo, una noticia que no debemos perder de vista. Jorge Buxadé, de Vox, ha dicho: “Si sumamos 210 escaños con el PP, habrá que poner encima de la mesa una reforma de la Constitución”. Así que miremos el conjunto. Porque las leyes solo se aprueban con mayorías. Y los derechos casualmente se protegen más con la suma de mayorías progresistas que conservadoras. A pesar de todos los errores. Y aquí es donde hay que recordar que, cuando toque, hay que llenar las urnas de votos. Escuchar estos días que el fascismo y este gobierno de coalición son lo mismo es poner parte de alfombra roja a quienes ya hacen cuentas para cambiar las reglas. Tenemos a los de Vox salivando ya para retirar el derecho al aborto, y muchos otros, como cualquier medida social de vivienda.
El aborto no es un desahucio, la vivienda no es un negocio y los derechos no se conservan solos. Tengamos las cosas claras, porque ellos las tienen. Porque enfrente algunos ya están contando escaños para desahuciar de derechos a las mujeres y arrasar con todo lo que puedan.
Sobre la firma
Ana Bernal-Triviño
Periodista
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