La movilización y la presión popular logran la aprobación por el Gobierno de los decretos sobre vivienda
Desde el PCE consideran que las medidas aprobadas responden a la urgencia del momento pero valoran como imprescindible continuar luchando contra el rentismo especulativo hasta lograr que la vivienda sea un derecho y no una mercancía.

El Consejo de Ministros aprobó en el día de ayer dos decretos en materia de vivienda. Hasta el momento en que se analice el alcance de todas las medidas concretas recogidas en cada uno de ellos (ambos decretos han sido ya publicados) y se pueda hacer una valoración más precisa, desde el Partido Comunista de España señalan que los decretos son la respuesta a la presión popular, a la exigencia de las calles y las plazas de que no se produzca un desahucio más como el acontecido días atrás con Mari Carmen.
Desde el Área Externa del PCE consideran que esa presión popular debe mantenerse como mínimo hasta el viernes cuando deban ser convalidados en el Congreso de los Diputados, y así evitar que las derechas (nacionales e independentistas) y la ultraderecha lo impidan, como han venido haciendo hasta ahora con las medidas anteriores. Instan al conjunto de la organización a trabajar con las organizaciones que están manteniendo las acciones, concentraciones y acampadas convocadas o que se puedan convocar.
Los Decretos contemplan medidas urgentes y necesarias que no pueden decaer como son, entre otras, las siguientes:
—Protección frente a desahucios hasta 2030
—Prórroga de alquileres de dos años para los contratos que estén en vigor y venzan antes de finales de 2028
—Prohibición de compra por parte de fondos buitres
—Regulación del alquiler de temporada y habitaciones
—Renovación automática de alquileres
Desde el PCE consideran que las medidas aprobadas responden a la urgencia del momento pero valoran como imprescindible continuar luchando contra el rentismo especulativo hasta lograr que la vivienda sea un derecho y no una mercancía.
El secretario general del PCE y portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, manifestaba ayer a través de su cuenta en X su satisfacción por la aprobación de las primeras medidas, aun a falta de su convalidación en el Congreso y reconocía el valor de la movilización que lo había hecho posible.
Por su parte el coordinador de IU, Antonio Maíllo, se congratulaba por el avance conseguido y animaba a convertir los avances en algo estructural y permanente.
En el mismo sentido se pronunciaba la ministra de Juventud e Infancia Sira Rego, quien se felicitaba por las medidas de urgencia aprobadas reconociendo el logro de la movilización social.
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Las cuatro medidas que exige el Sindicato de Inquilinas para que el decreto sea realmente el ‘decreto Maricarmen’
Las próximas horas serán decisivas para una negociación en la que la movilización en la calle busca empujar al Gobierno hacia un acuerdo más ambicioso sobre vivienda
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28/09/2026
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Manifestación “Ni una Maricarmen más” en Madrid Fuente: Olmo Calvo (X: @OlmoCalvo)
El movimiento de inquilinas ha puesto nombre y contenido a la reivindicación que quiere llevar hasta el Consejo de Ministros de este martes: el denominado ‘decreto Maricarmen’. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos reclama que el real decreto-ley que prepara el Gobierno no se limite a medidas puntuales, sino que introduzca cambios capaces de evitar que vuelvan a producirse situaciones como la que ha sufrido Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de la vivienda en la que llevaba décadas viviendo.
El Ejecutivo ha confirmado que trabaja «contrarreloj» para llevar el decreto al Consejo de Ministros y Pedro Sánchez ha pedido a los grupos parlamentarios un «último esfuerzo» para lograr después su convalidación. Pero el Sindicato de Inquilinas quiere que ese texto responda a las demandas que han llevado a miles de personas a la calle durante los últimos días y advierte de que no dará por suficiente cualquier decreto.
La organización resume sus exigencias en cuatro grandes bloques. Son las medidas que, a su juicio, convertirían la norma en un verdadero ‘decreto Maricarmen’.
1. Renovaciones automáticas para acercarse a los contratos indefinidos
La primera reivindicación afecta al momento en que termina un contrato de alquiler. El Sindicato de Inquilinas plantea que la finalización del periodo pactado no pueda convertirse automáticamente en una puerta de salida para quien vive en la vivienda.
Su propuesta es establecer renovaciones automáticas de los contratos una vez agotado el periodo inicial. En la práctica, cuando termine un contrato de cinco o siete años, este se prorrogaría por otro periodo equivalente salvo que el propietario pudiera acreditar una causa justificada para no hacerlo.
Incluso en ese último supuesto, la propuesta contempla que el propietario tenga que indemnizar al inquilino si pretende recuperar la vivienda. El Sindicato equipara este mecanismo al funcionamiento de los contratos indefinidos en el mercado laboral: que disponer de una vivienda habitual no dependa de renegociar periódicamente la continuidad del alquiler.
La medida busca modificar, por tanto, la relación de fuerzas que se produce cuando se aproxima el final de un contrato. El objetivo es que la permanencia en una vivienda no quede supeditada a la voluntad unilateral del propietario cuando no existe una causa justificada para recuperar el inmueble.
2. Cambiar las reglas para acabar con los abusos en los alquileres
La segunda pata del ‘decreto Maricarmen’ pasa por modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para intervenir sobre algunas de las prácticas que, según el Sindicato, están utilizando los propietarios para sortear las garantías del alquiler habitual.
Entre ellas sitúa los contratos de temporada y los alquileres de habitaciones. La organización reclama que ambas modalidades queden reguladas para impedir que se utilicen como una vía para escapar de las obligaciones asociadas a los contratos de vivienda habitual.
La propuesta también incluye cuestiones más cotidianas para las personas que viven de alquiler. El Sindicato reclama que las fianzas sean devueltas con mayor rapidez y que los inquilinos puedan descontar determinadas reparaciones del alquiler cuando corresponda realizarlas al propietario y este no actúe.
La regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones forma parte también de las medidas que el Gobierno ha planteado para su decreto, aunque existen diferencias sobre el alcance de las reformas. El texto que prepara el Ejecutivo incluye medidas para combatir el fraude asociado a estas modalidades contractuales.
3. Congelar el precio durante la duración del contrato
La tercera reivindicación se dirige directamente a la evolución de los precios. El Sindicato de Inquilinas plantea que el alquiler no pueda incrementarse durante la duración del contrato, con una referencia que resume como «IPC al 0 %».
La organización cuestiona que el coste de la vivienda pueda seguir aumentando año tras año mientras los ingresos de los hogares no evolucionan necesariamente al mismo ritmo. Su propuesta busca, por tanto, que la renovación o continuidad de un contrato no vaya acompañada de incrementos sucesivos de la renta.
La cuestión de los precios constituye uno de los principales puntos de discusión alrededor del decreto. El Gobierno ha planteado mecanismos de estabilidad para determinados contratos y, según las informaciones publicadas sobre el borrador, contempla prórrogas automáticas para determinados alquileres que venzan entre 2026 y la primera mitad de 2028.
Para el Sindicato, sin embargo, la discusión no puede limitarse a ganar tiempo. Su demanda pasa por impedir que el precio del alquiler continúe aumentando durante la relación contractual.
4. Frenar los desahucios sin alternativa habitacional
La cuarta exigencia es la que conecta directamente la propuesta con el caso que ha dado nombre al decreto.
El Sindicato reclama medidas efectivas para impedir los desahucios cuando la persona o familia afectada no disponga de una alternativa habitacional adecuada. La organización sitúa en el centro de esta reivindicación a personas mayores, familias con menores y hogares que no tienen recursos para acceder a otra vivienda.
Su planteamiento cuestiona también que las alternativas ofrecidas ante un desahucio puedan reducirse a soluciones temporales como pensiones o albergues cuando no garantizan una vivienda adecuada y estable.
El caso de Maricarmen ha convertido esta cuestión en el principal símbolo de la movilización. La mujer, de 87 años, fue desahuciada de la vivienda en la que había residido durante décadas después de que la propiedad cambiara de manos y se planteara un incremento muy elevado de la renta. Su situación ha provocado una oleada de movilizaciones y ha colocado de nuevo la protección frente a los desahucios en el centro del debate político.
¿Qué se juega el Gobierno este martes?
La diferencia entre estas demandas y el decreto que prepara el Ejecutivo explica buena parte de la presión que se está produciendo durante las últimas horas. El Gobierno trabaja para aprobar este martes una norma que incluye, entre otras cuestiones, prórrogas de contratos, medidas frente a los desahucios, regulación de alquileres de temporada y habitaciones y actuaciones para aumentar la oferta de vivienda asequible, llegando a proponer incluso exenciones fiscales para los rentistas.
El Sindicato de Inquilinas considera que algunas de las medidas que se negocian pueden quedarse lejos del alcance que reclama. Su temor es que el resultado sea un paquete de medidas que dé respuesta parcial a la emergencia habitacional sin modificar de forma suficiente las condiciones que generan inseguridad para quienes viven de alquiler.
La disputa se produce además en un escenario parlamentario complejo. El Gobierno necesita reunir apoyos suficientes para que el real decreto-ley pueda superar posteriormente su convalidación en el Congreso. Sánchez ha reclamado públicamente a los grupos un «último esfuerzo», mientras las negociaciones continúan.
En este contexto, la presión no se dirige únicamente hacia el PSOE. Junts y PNV aparecen también como actores determinantes para el recorrido parlamentario de la norma, mientras desde el espacio de la izquierda del PSOE se reclama que el texto sea suficientemente ambicioso.
Sumar ya había presionado para que el decreto de vivienda llegara al Consejo de Ministros y para que incorporase una respuesta a situaciones como la de Maricarmen. Izquierda Unida también ha situado públicamente la movilización en la calle como elemento de presión. Enrique Santiago ha respaldado la acampada de Sol y ha defendido que el martes debe aprobarse el denominado ‘Decreto Maricarmen’, mientras Yolanda Díaz afirmó en la fiesta del PCE que no les vale cualquier decreto ni contentar a la derecha, danto la bienvenida a la acampada de Sol y demás movilizaciones.
Una negociación que también se juega en la calle
La presión institucional tiene su réplica en las calles. La Puerta del Sol mantiene desde el sábado una acampada que ya ha superado las dos noches y que afronta este lunes una nueva jornada de movilización. Las organizaciones de inquilinas han convocado además concentraciones en distintas ciudades antes de la reunión del Consejo de Ministros.
El Sindicato ha convertido las próximas horas en una cuenta atrás. La cuestión ya no es únicamente si el Gobierno aprobará un decreto de vivienda —Sánchez ha anunciado que trabaja para llevarlo este martes—, sino qué contenido tendrá finalmente y hasta dónde llegarán las concesiones durante la negociación.
Para las organizaciones de inquilinas, ese matiz es fundamental. El nombre de ‘decreto Maricarmen’ no designa simplemente cualquier norma sobre vivienda que pueda aprobar el Gobierno: identifica un conjunto concreto de medidas que, en su opinión, deberían garantizar que una persona pueda permanecer en su vivienda mientras pueda pagarla y que nadie sea expulsado sin una alternativa habitacional adecuada.
La respuesta se conocerá en las próximas horas. Mientras el Gobierno ultima el texto y busca los apoyos parlamentarios necesarios, la movilización mantiene la presión desde la calle. El martes, por tanto, no solo estará en juego la aprobación de un decreto, sino qué respuesta política termina dando el Ejecutivo a una protesta que ha convertido el caso de Maricarmen en el símbolo de una reivindicación mucho más amplia.
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La izquierda sindical y política sitúa la vivienda y los salarios en el centro del futuro de la clase trabajadora
Yolanda Díaz, Enrique Santiago, Pepe Álvarez y Javier Pacheco reivindican la organización obrera y reclaman avanzar en vivienda, reducción de jornada y derechos laborales.
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27/09/2026
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Fuente: PCE
La vivienda, el deterioro de las rentas familiares y la necesidad de recuperar capacidad de organización y movilización han centrado este domingo el debate sobre ‘El futuro del movimiento obrero y la izquierda’ en la Fiesta del PCE. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el secretario general del PCE, Enrique Santiago; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; el secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, y Yolanda Hidalgo, de la secretaría de Movimiento Obrero del PCE, han coincidido en reivindicar la fuerza del movimiento obrero organizado para seguir conquistando derechos.
El debate ha situado la vivienda como uno de los principales problemas materiales que afrontan actualmente las familias trabajadoras. Pacheco ha advertido de que el encarecimiento de la vivienda está agravando la pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares, en un contexto en el que los salarios siguen sin recuperar el terreno perdido mientras los márgenes empresariales alcanzan niveles elevados.
El dirigente de CCOO ha defendido una regulación que permita actuar sobre los precios y ha reclamado que el decreto de vivienda avance sin aceptar contraprestaciones de la derecha. La cuestión habitacional, ha señalado, está generando además una respuesta social creciente en distintos puntos del país.
En la misma línea, Díaz ha situado la vivienda y la reducción de la jornada laboral entre las principales batallas de la izquierda. La ministra ha defendido que el futuro decreto de vivienda debe abordar el poder de los fondos de inversión y no limitarse a medidas que permitan alcanzar un acuerdo con la derecha. También ha reivindicado la movilización social, incluida la acampada de Sol, como parte de la presión necesaria para conseguir avances.
Díaz ha ligado estas reivindicaciones a una disputa más amplia por la democracia y la distribución de los recursos. Ha defendido la reducción de jornada como una conquista laboral pendiente y ha reclamado además acuerdos para dignificar el trabajo de los docentes y mejorar las condiciones de quienes trabajan en las residencias de mayores, así como un pacto por la sanidad pública frente a la privatización.
Las mejoras materiales frente a la extrema derecha
Una de las ideas que ha atravesado el debate ha sido la necesidad de que las mejoras concretas en las condiciones de vida formen parte de la respuesta de la izquierda ante el avance de la extrema derecha. Díaz ha advertido de que el retroceso social y la sensación de que las conquistas son imposibles de alcanzar pueden favorecer la desmovilización de la clase trabajadora.
Frente a ello, la ministra ha reivindicado los avances laborales y sociales como una forma de demostrar que la acción política y sindical puede transformar las condiciones de vida. En este sentido, ha defendido que la reducción de la jornada, la mejora de los salarios, la defensa de los servicios públicos y unas condiciones laborales dignas deben formar parte de una agenda capaz de disputar el futuro político.
Enrique Santiago ha incidido en la misma cuestión desde la perspectiva del PCE. El secretario general del partido ha reivindicado las conquistas sociales y laborales como resultado de la organización del movimiento obrero y ha defendido que la izquierda no puede dar por sentados los derechos conseguidos.
En este contexto, Santiago ha expresado su respaldo a la candidatura de Yolanda Díaz a la Secretaría General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), presentándola como una apuesta vinculada a la defensa internacional de los derechos laborales y del trabajo decente.
Las conquistas, resultado de la organización obrera
Enrique Santiago ha reivindicado precisamente el papel del movimiento obrero organizado en los avances conseguidos durante los últimos años. El secretario general del PCE ha destacado la acción sindical como condición para que las políticas impulsadas desde las instituciones puedan traducirse en conquistas materiales.
Santiago ha puesto como ejemplos las movilizaciones de los trabajadores de Seat y la huelga de la plantilla de Hitachi contra la doble escala salarial. También ha defendido que la clase trabajadora no puede quedar diluida bajo conceptos que oculten las diferencias materiales entre quienes viven de su trabajo y quienes concentran la propiedad y los beneficios.
En materia de vivienda, ha reclamado un decreto ambicioso y ha criticado la falta de aplicación de las zonas tensionadas previstas en la legislación estatal. A su juicio, la experiencia demuestra que no basta con aprobar derechos si las administraciones competentes pueden impedir su desarrollo efectivo.
El dirigente comunista ha utilizado también la experiencia del Frente Amplio de Uruguay como advertencia sobre la necesidad de consolidar las conquistas de la izquierda: tras años de avances sociales, ha señalado, un cambio de Gobierno puede permitir revertir buena parte de esas políticas.
Santiago ha abordado también la situación de Ceuta, mostrando su respaldo a las asociaciones vecinales de los barrios populares de la ciudad.
Esta última intervención ha provocado una de las mayores reacciones del acto, con el público puesto en pie y coreando consignas en defensa de la lucha de la clase obrera.
Díaz ha cerrado el debate llamando a pasar de la preocupación a la movilización y ha reivindicado que las conquistas sociales se construyen desde la organización. «Nada de llorar y manos a la obra», ha resumido, antes de defender que la juventud y la sociedad española no deben darse por derrotadas ante el avance de la derecha.
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