Uno de los dueños de Urbagestión compró otro piso en el edificio de Maricarmen un día antes de adquirir el de ella
Ricardo Alonso Fernández y su esposa compraron la vivienda a Renta Corporación con un inquilino dentro, al igual que hizo Urbagestión en el caso de Maricarmen.
- A preguntas de ‘Público’, el dueño de Urbagestión sostiene que el inquilino siguió residiendo allí hasta su fallecimiento y que ahora tiene arrendado el inmueble a un familiar.
06/10/2026 21:35-Actualizado a06/10/2026 22:05
Urbagestión Desarrollo e Innovación SL compró el piso de Maricarmen Abascal, el 6ºA de la calle del Alcalde Sainz de Baranda número 46, el 28 de junio de 2018. Pero sólo un día antes, el 27 de junio, uno de los dos dueños de la inmobiliaria, Ricardo Alonso Fernández, y su esposa, María F. M., habían escriturado la compraventa de otro piso en el mismo edificio que el de la mujer a la que la empresa desahució hace dos semanas. Así lo demuestra la documentación a la que ha tenido acceso Público.
La vivienda tiene la misma extensión, 94 metros cuadrados, y número de habitaciones –tres– y baños –uno– que la de Maricarmen. La única diferencia entre ambos inmuebles es, además de la altura, la terraza en la azotea del edificio, de 63 metros cuadrados, para la que el piso de Maricarmen tiene derecho de «uso exclusivo y privativo».
Según el portal Idealista, el valor de mercado de ambas viviendas es similar: 757.000 euros el de Maricarmen, y 769.000 euros el del matrimonio, que lo posee en régimen de gananciales. El precio estimado de alquiler es también casi idéntico para ambos: 1.970-1.980 euros al mes.
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Al igual que la vivienda de Maricarmen comprado por Urbagestión, el piso adquirido por Ricardo Alonso y su esposa tenía entonces un inquilino. A preguntas de Público, el empresario aseguró que, a diferencia de lo ocurrido con Maricarmen, su contrato de arrendamiento «se respetó íntegramente». Residió en la vivienda «hasta su fallecimiento», detalla a Público Ricardo Alonso. Actualmente, el matrimonio la tiene alquilada a un familiar, indica.
También responde que adquirió ese inmueble «a título personal» junto a su esposa. «Es una operación privada, ajena a Urbagestión, y no guarda relación con el procedimiento judicial» sobre la vivienda de Maricarmen Abascal, explica.
Además, niega que Urbagestión haya comprado, «ni directamente ni a través de otras sociedades», ninguna otra vivienda en el edificio del Alcalde Sainz de Baranda «ni en ningún otro». Adquirió ambos pisos a Renta Corporación, que «vendió el edificio por pisos», indica Ricardo Alonso. «Hemos procurado contribuir a resolver la situación y esperamos que Doña Maricarmen pueda pronto recuperar su vida en el piso como es su deseo«, concluye.
Un local en León
Como reveló Público, Urbagestión también es propietaria de un local en León, que adquirió en enero de 2011 mediante adjudicación judicial. Cobró así la cantidad que le adeudaba un cliente, otra empresa inmobiliaria llamada Invergar Participaciones Inmobiliarias SL.
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Se trata de un bajo de 158 metros cuadrados cuyo alquiler estuvo anunciado en Idealista hasta el 23 de septiembre, el mismo día en que fue desahuciada Maricarmen Abascal. La inmobiliaria explicó a este periódico que había retirado el anuncio para «proteger» el local y «a los posibles interesados» en alquilarlo tras haber «sufrido ataques contra sus sistemas informáticos, sus oficinas y su personal (suplantación de identidad, colapso de centralitas y correo, escraches, envío de objetos…)» por el desahucio de la mujer de 87 años.
Intermediación inmobiliaria
El pasado 28 de septiembre, la familia de Maricarmen, su abogada, el Sindicato de Inquilinas de Madrid y Urbagestión llegaron a un acuerdo que permitirá a la mujer volver al piso como arrendataria, con un nuevo contrato con arreglo a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de ocho años de duración, que no superará el 30% de sus ingresos netos. La solución se alcanzó cinco días después del desahucio y tras cinco horas de negociación auspiciada por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).
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El negocio fundamental de Urbagestión es intermediar en la compraventa de locales de farmacia y de locales en rentabilidad, como se conocen aquellos inmuebles que ya tienen un inquilino y, por tanto, generan un ingreso para el nuevo propietario «desde el primer día de su compra» gracias al cobro de la renta mensual.
De ese tipo cuenta con una cartera de 234 locales repartidos en 26 ciudades de toda España.
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Además, Ricardo Alonso Fernández, de 57 años, y Fernando Alonso Fuentes, de 49, son dueños y administradores de otras dos empresas inmobiliarias y de la construcción: Valnor Activos SL y Tracyma 21 SL. Ambas fueron creadas en 2012 y tienen su domicilio social en la Avenida de Manoteras de Madrid, al igual que Urbagestión Desarrollo e Inversión SL. Valnor Activos SL es el único propietario de Tracyma SL, en teoría dedicada al alquiler de maquinaria y equipos para la construcción. Y Ricardo Alonso es el administrador único de Tracyma desde diciembre de 2024. Pero ambas sociedades no sólo carecen de plantilla sino también de ingresos: cero euros al menos desde 2023, según consta en las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, las de 2024, consultadas por Público.
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Begoña P. Ramírez
Redactora de Investigación
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Juristas descartan «fraude constitucional» en la vía para aprobar el decreto de vivienda pero avisan de sus límites
Constitucionalistas consultados por ‘Público’ advierten de que las normas deben llevar «modificaciones» porque si no «sería un intento de cambiar fraudulentamente la voluntad» del Congreso.
Madrid-06/10/2026 21:30-Actualizado a07/10/2026 08:46
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los dos decretos de vivienda que tumbaron las derechas el pasado viernes en el Congreso, motivando el adelanto electoral anunciado este lunes 5 de octubre. Con las Cortes disueltas, lo llevará ante la Diputación Permanente, una vía que, a tenor de los juristas consultados por Público, no incurre en «fraude constitucional», aunque sí alertan de sus límites, además de cuestionar su oportunidad.
«Es imperioso intervenir el mercado de la vivienda y es lo que estamos haciendo. Este Gobierno ni tira la toalla ni dejamos tirada a la gente. No vamos a permitir que haya un desahucio más», ha señalado el propio Pedro Sánchez para justificar la necesidad y urgencia de las medidas.
En esta ocasión, y a diferencia de lo que ocurrió la semana pasada, los votos de Junts no serán necesarios, ya que las normas se someterán al control de la Diputación Permanente, el órgano encargado de velar por los poderes de las Cámaras en caso de que éstas hubieren sido disueltas o cuando éstas no estén reunidas, según recoge el artículo 78.2 de la Constitución.
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En este órgano, la artimética parlamentaria es diferente a la del Pleno del Congreso y le favorece al Gobierno de coalición. En total cuenta con 69 diputados, por lo que se necesitan 35 votos favorables para la mayoría absoluta. El PSOE tiene 25 representantes, Sumar 6 y EH Bildu, ERC, Podemos y PNV uno cada uno. Después de que esta última formación confirmara este martes su apoyo al primer decreto, el que contiene el grueso de las medidas (el segundo plantea la prórroga automática de los alquileres), será previsiblemente convalidado en un plazo de 30 días.
Antes de conocerse el contenido de los decretos, que incluyen «novedades», desde la derecha se ha cuestionado que el Gobierno intente aprobar a través de la Diputación Permanente lo que no pudo a través del Pleno del Congreso. Isabel Díaz Ayuso, en un nuevo intento de marcar el paso a Alberto Núñez Feijóo, avisó de que recurrirá el decreto de vivienda si se convalida «con algún tipo de trampa», como a su entender sería hacerlo en la Diputación Permamente, «a espaldas del sentido común» y del Congreso de los Diputados.
Pero, ¿qué viabilidad constitucional tiene esta opción escogida por el Gobierno? Gema Rosado Iglesias, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid, considera que, «jurídicamente, no se vulnera la literalidad de la Constitución». «Posible sí que es», agrega en declaraciones a Público.
Esta jurista señala que la Diputación Permanente, en concreto la del Congreso de los Diputados, «tiene la facultad para convalidar los decretos-leyes, es decir, constitucionalmente tiene competencias para ello». De hecho, «es una de las funciones que tiene expresamente atribuidas en la Constitución y se ha utilizado en más de una ocasión para ello».
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En esta línea, recuerda el precedente de 2019, cuando la Diputación Permanente aprobó un decreto sobre vivienda que el Pleno había rechazado meses antes. En ese caso, además, fue posible porque varios partidos cambiaron su voto. «Es la misma situación, con la diferencia de que ahora esto ha sucedido muy rápido en el tiempo, ha sido inmediatamente».
Entonces, el Tribunal Constitucional avaló la mayoría de las medidas del decreto, salvo dos disposiciones adicionales, porque se trataba de un contenido añadido al objeto principal del decreto-ley y no estaba justificado. «Ahí no había extraordinaria y urgente necesidad, que es lo que exige la Constitución».
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Dicha aprobación «no atacó ni planteó ningún problema, ni porque fuera un decreto-ley ni porque antes un decreto-ley similar o con un contenido semejante hubiera sido rechazado por el Congreso», recuerda Gema Rosales.
En este sentido, advierte de que el «límite» es que el decreto-ley tiene que llevar «modificaciones», porque si no, «sería un intento de modificar fraudulentamente la voluntad del Congreso de los Diputados».
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La doctora en Derecho Constitucional Ana Valero también alega la necesidad de que los decretos presenten cambios con respecto a las normas que rechazó el pleno la semana anterior, pero rehusa hablar de «fraude constitucional»: «Me parece una expresión exagerada».
Esta profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha enmarca esta acción en un «uso indebido de la Diputación Permanente», ya que este órgano «no deja de ser un órgano supletorio pero no equivalente al Parlamento disuelto, y cuya principal función es evitar el ‘vacío’ del poder legislativo».
Por otro lado, al estar el Gobierno en funciones, subraya que «el propio principio democrático exige una cierta auto-contención en su actividad legislativa». Por lo tanto, «más que hablar de ‘fraude’ hablaría de un uso oportunista de la posición institucional ventajosa del Gobierno, poco respetuoso con el principio democrático», remacha en declaraciones a este medio.
Miguel Presno, catedrático Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, sostiene que hablar de «fraude constitucional» es «hacer un juicio no jurídico-constitucional». «Un decreto-ley puede ser inconstitucional por afectar a materia prohibida o por no concurrir situación de extraordinaria y urgente necesidad, pero no por el hecho de que se convalide por la Diputación Permanente», agrega.
Este jurista entiende las críticas por el uso de esta vía y que se señale como «fraude político». De hecho, en declaraciones a este medio, subraya que «no hay una doctrina clara» al respecto. No obstante, de cara a ponderar su posible inconstitucionalidad, sostiene que los límites son «los mismos que con cualquier real decreto-ley», esto es, la necesidad de justificar una situación extraordinaria. «¿Estamos ante una situación nueva y sobrevenida? Tengo mis dudas», reflexiona.
Por su parte, Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y exletrado del Tribunal Constitucional, también ve clave «el contenido de los decretos». Si este es «claramente diferente, no habría problema» con que el Gobierno use esta vía. «Si es el mismo decreto, me parece que la Constitución lo que quiere es que la Diputación vele por la Cámara, no que actúe contra la Cámara para superar la oposición de la Cámara Baja. En ese caso, sería inconstitucional», remacha en declaraciones a este medio.
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Pilar Araque Conde
Redactora de Tribunales
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Cuando techo y trabajo son la misma lucha: así devora la vivienda los salarios de los trabajadores
- El precio de la vivienda ha registrado un alza interanual del 12,2% en el segundo trimestre del año. Esta subida de dos dígitos se distancia de unos salarios que crecen a un ritmo anual de entre el 3% y el 4%.
- Los principales sindicatos del país han apoyado la iniciativa del Sindicato de Inquilinas de convocar una huelga general para exigir políticas públicas que hagan accesible la vivienda a los trabajadores.
Madrid-06/10/2026 21:30-Actualizado a07/10/2026 08:47
El sueldo cada vez da para menos y, sobre todo, no permite acceder a un bien tan básico como la vivienda. Según el último Informe Anual del Banco de España, cuatro de cada diez hogares inquilinos se encuentran en situación de sobreesfuerzo al dedicar más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, por encima de lo recomendado por Eurostat. Todo ello mientras no para de aumentar la llamada generación inquilina: desde 2008, el porcentaje de hogares sin una vivienda en propiedad se ha incrementado en un 45%, de acuerdo con los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE.
Uno de los principales problemas de las nuevas generaciones es, precisamente, el ahorro. Para muchos jóvenes sería más rentable pagar la letra de una hipoteca que un arrendamiento, pero una vez entran en la rueda del alquiler cada vez es más difícil conseguir el dinero necesario para la entrada de un piso. Con el precio medio de la vivienda en España en 200.000 euros, se necesitan aproximadamente unos 60.000 euros para dar la entrada de una hipoteca. La situación se complica aún más en las grandes ciudades y zonas turistificadas.
Por todas estas cuestiones, desde el movimiento por la vivienda y los sindicatos generalistas tienen claro que la crisis habitacional está estrechamente ligada al conflicto laboral. «Las trabajadoras están cobrando por debajo del coste de la vida. Si no hay vivienda, no pueden garantizar su reproducción social, ni volver al trabajo en unas condiciones dignas», explica Silvia Arribas, abogada del gabinete jurídico de CGT. Desde el sindicato señalan que tanto el Salario Mínimo como las prestaciones estatales llevan tiempo desvinculados del coste real del acceso al techo, a la vez que la negociación colectiva «carece de mecanismos obligatorios para compensar la carga habitacional». En base a estas reivindicaciones se convocará una huelga general a principios de noviembre, que contará con el respaldo de CCOO y UGT.
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Según los últimos datos del INE, el precio de la vivienda ha registrado un alza interanual del 12,2% entre el segundo trimestre de 2025 y 2026. El dato contrasta con el incremento en las remuneraciones, que difícilmente podría acercarse a esos porcentajes. De acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo, los salarios están creciendo de media entre un 3% y un 4%. Con estos datos, la compra de un piso medio ha pasado de requerir 6,7 años de ingresos brutos de un hogar en 2016 a superar los 8 años de sueldo íntegro, según el análisis del Banco de España.
«Hay un contraste brutal entre los precios de las casas y los salarios, especialmente en las grandes ciudades. Solamente el alquiler se está comiendo más de la mitad de un sueldo y es evidente que esto tiene consecuencias en las condiciones de vida de las personas», sentencia Antonio González, economista experto en asuntos laborales. González subraya que actualmente los sueldos están «empatando» con los precios generales de consumo, pero quedan completamente relegados en el mercado inmobiliario.
En este sentido, el experto entiende el planteamiento de los sindicatos y el estallido social de los últimos días. «El salario aumenta a un ritmo lento, pero, aun así, estamos ante un problema que sólo puede solucionarse con políticas públicas efectivas y, concretamente, con más vivienda pública asequible. Ninguna subida salarial podría hacer frente a las subidas de dos dígitos que se están registrando», afirma.
¿Cuándo se produce esta brecha?
El antropólogo experto en vivienda Jorge Mansilla considera que la desvinculación de los salarios y el coste de la vivienda se remonta a los años 70 y es consecuencia directa de la financiarización de la economía. «A partir de ese momento lo que ocurre es un proceso que nos lleva hasta el estallido de la burbuja del ladrillo en 2008«, detalla. «Cuando la economía ya no depende de la producción de bienes o servicios, sino que gira alrededor de la inversión y la acumulación de riqueza, el dinero se destina a los sectores que ofrecen mayores rendimientos, y es ahí cuando entra en juego la especulación inmobiliaria», continúa.
Para explicar lo que ha sucedido, Mansilla recurre a la «teoría de la reproducción social»: «Teóricamente, el salario de los trabajadores debería cubrir mucho más que la manutención y las necesidades básicas, es decir, tendría que servir para hacer frente a los gastos escolares, sanitarios, habitacionales… En muchos de estos ámbitos ha intervenido el Estado de forma directa. Con la vivienda, no solo no se ha intervenido, si no que se ha permitido que se convierta en un ámbito de negocio, de tal manera, que está absorbiendo gran parte de los salarios de los trabajadores a través de la hipoteca y los alquileres».
Por su parte, Antonio González recuerda que, al igual que el mercado de la vivienda, los salarios «tuvieron su propia lógica» durante el periodo de crisis 2008-2014: «La reforma laboral permitió, por primera vez en la historia, que las nóminas bajaran, y hasta 2020 no se consiguió superar ese hundimiento». Con los hogares, apunta, aunque su precio se desplomó de forma paralela, ha sucedido todo lo contrario. A ello ha contribuido, entre otras cuestiones, el freno en la construcción tras el boom de principios de siglo y la entrada en el mercado de los fondos de inversión.
En esta misma línea, Comisiones Obreras resalta en sus últimos informes que «la burbuja del ladrillo dejó como herencia una larga recesión», que tuvo como consecuencia la contención salarial y la eliminación de «cualquier política pública residencial de calado», además del fuerte endurecimiento de los estándares financieros hipotecarios: «España arrastra cuatro décadas fallidas en esta materia desde el punto de vista de garantizar el derecho a un techo, pero muy exitosas para el negocio inmobiliario, financiero y constructor a costa de la necesidad de vivienda de la población».
Sobre la firma
Laura Prieto Gallego
Redactora de Vivienda y Memoria Histórica.
El antifascismo en el corazón de las acampadas
Por Miquel Ramos
Periodista
06/10/2026 21:30
Sábado noche en Sol. Los accesos a la plaza están bloqueados por una masa de gente que ha acudido a defender la acampada ante las amenazas de grupos neonazis que habían llamado a reventar la protesta. «¡Aquí están los antifascistas!», gritan miles de personas. Una consigna que se oye desde el primer día en todas las acampadas. Aunque la policía rodeó a los ultras a cierta distancia, algunos trataron de llegar a Sol en pequeños grupos, se acercaron a los accesos menos controlados, retaron a algunos de los manifestantes y huyeron al mínimo gesto de respuesta. La mayoría de los provocadores son muy jóvenes. Los cabecillas ni aparecen. Hay miles de personas esperándolos, con la consigna de no caer en provocaciones y vigilar que nadie provoque un altercado que pueda justificar el desalojo de la plaza, el verdadero objetivo de la campaña ultra.
La policía acaba arrestando a tres neonazis. Algunos de ellos se quejan en redes de que los jefes los han dejado tirados. Y reconocen el fracaso, a pesar de los discursos triunfalistas de sus líderes, que ni se acercaron a Sol y mandaron a la chavalería a hacer el trabajo sucio. En la plaza todo vuelve pronto a la normalidad, sin bajar la guardia, pero conscientes de la enorme demostración de fuerza que acaban de dar y de la impotencia de los neonazis. El antifascismo se ha instalado desde el primer día en las plazas, no solo por la ofensiva ultra contra esta protesta, sino porque venimos de un ciclo en el que la extrema derecha marcaba el paso y trataba de convencernos de que la rebeldía estaba con ellos, y que los enemigos eran nuestros vecinos. Un ciclo en el que la violencia racista y fascista se ha vuelto cada vez más habitual, azuzada desde las grandes tribunas y los grandes medios, algo que ha provocado un rearme del antifascismo que hoy se hace evidente en las plazas.
La derecha lleva desde el primer día criminalizando a los acampados, acusándolos de estar armados mostrando los utensilios que usan para cortar tortilla y untar hummus, las piedras que sujetan las tiendas, hoy ya substituidas por garrafas de agua. Llegaron días antes los sicarios mediáticos habituales, micro en mano, cámara y guardaespaldas, a provocar la algarada. Uno de ellos lanzó gas pimienta a quienes le invitaban pacíficamente a irse. Otros ultras monetizadores de contenidos en redes quisieron también su momento, usando la acampada como plató, provocando y grabando cómo les echaban. El objetivo es, además de ganar dinero con los videos, retratar a los acampados como violentos, como intolerantes. Y, si pueden, provocar un incidente que acabe con el desalojo, para goce de los rentistas y especuladores.
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La derecha política y mediática está desconcertada ante este acontecimiento que les ha robado el foco y el marco, y que ha puesto sobre la mesa los problemas materiales de los que son responsables, y que atraviesan también a una parte de sus votantes. Algunos de estos medios dan voz a los jóvenes acampados, pensando que los dejarán en evidencia, que los van a poder ridiculizar. El repaso que dan a los reporteros y presentadores de mala baba es brutal, y ya se han hecho virales varios videos de cómo esos jóvenes los dejan bailando.
Las provocaciones ultras contra las acampadas se repiten en varias ciudades. Esta semana, la policía detuvo a otros cuatro neonazis que agredieron a varios acampados en Oviedo. En València se presentaron varios niñatos con banderas de España a insultar a los acampados. En Alacant, más provocaciones. La gente mantiene la calma y la respuesta es siempre pacífica. En Sevilla, Núcleo Nacional organizó un acto el sábado y acabó huyendo escoltado por la policía tras la presencia de miles de antifascistas. Las provocaciones son constantes, pero la respuesta es firme. Nadie va a provocar un incidente que justifique a las autoridades desalojar las plazas. Es lo que quieren los ultraderechistas, y es lo que espera la derecha que pase. Una vez más, los escuadrones fascistas al servicio del poder.
El vínculo de los neonazis con las empresas que echan a gente de sus casas es de sobra conocido, y lleva tiempo siendo documentado. Hace diez años, tras una oleada de protestas contra la precariedad y el saqueo que supuso la crisis de 2007, los fascistas trataron sin éxito de arrebatar las banderas sociales a la izquierda, con proyectos como Hogar Social, atravesados, eso sí, por su inseparable racismo. Hoy ya ni eso, más allá del intento fallido de Vox, con Hernández Quero como emisario, de culpar a los migrantes del problema de la vivienda eximiendo a los fondos de inversión y a los especuladores. Ya no cuela.
La precariedad no se tapa con banderas, por mucho que algunos pongan por delante su nacionalidad a su condición de clase obrera. El problema de la vivienda ocupa hoy el foco mediático, tras varios meses en los que la ultraderecha marcaba la agenda e imponía sus marcos: migración, seguridad, corrupción y banderitas. Muchas banderitas. El golpe ha sido duro, y no ha venido de la coalición progresista, sino que ha sido la calle, los movimientos sociales, que no se casan con nadie, que señalan también al Gobierno, y que han puesto patas arriba el país en una semana, provocando un adelanto electoral y una huelga general.
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El Gobierno lleva tiempo confiando su supervivencia al miedo a la ultraderecha, una excusa que se agota tras siete años de tibiezas. Podría haber hecho mucho más sin depender del bloqueo de la oposición, y es lo que le recuerdan hoy las plazas cuando trata de escaquear su responsabilidad ante el problema de la vivienda. Pero son muchos otros temas, como la Ley Mordaza, que seguirá ahí para quien venga a partir de noviembre, a pesar de que prometieron derogarla. El fascismo no se vence solo ganándoles en las urnas. Si gobiernas, los paras haciendo políticas que solucionen los problemas de la clase trabajadora, evitando así que esta abrace soluciones autoritarias y reaccionarias que no cambian las estructuras del sistema que provoca su precariedad. Pero la calle que hoy se manifiesta no gobierna, tan solo pone de manifiesto la incapacidad y la falta de voluntad de quienes sí lo hacen por solucionar estos problemas. Señala las soluciones, cambia el foco, impone el marco y, por si fuera poco, resiste en primera línea a la ofensiva ultra.
El antifascismo está hoy en la raíz de todas estas movilizaciones, no solo como mera autodefensa ante las amenazas físicas de los fascistas. Las ultraderechas ganan elecciones en varios países y disponen de un enorme arsenal mediático y propagandístico, que también se ha activado contra las reivindicaciones de la vivienda. Pero no controlan las calles, no conocen los barrios y no cuentan con el tejido social que los movimientos sociales llevan años construyendo lejos de los grandes focos. Es la conciencia y la solidaridad de clase, ese contacto con la realidad cotidiana de la clase obrera, poniendo todas las cartas de la precariedad sobre la mesa, el mayor muro antifascista construido en este país. Y es lo que más le va a costar derribar a quienes pretenden mantener un orden social que condena a la miseria a la mayoría y se sirve de la violencia y la amenaza fascista para mantenerse.
Sobre la firma
Miquel Ramos
Periodista
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Vivienda por derecho: esa es la pelea
Por Toni Morillas
Candidata de Izquierda Unida a la alcaldía de Málaga
06/10/2026 21:30
Hay cientos de Mari Carmen en Málaga. Mujeres mayores, trabajadoras, pensionistas, mujeres que cuidan a sus hijos o a sus mayores, familias trabajadoras que están siendo víctimas de especuladores sin escrúpulos. Mujeres que han transformado el dolor y sufrimiento que provoca ser expulsadas de su casa y de su barrio en fuerza, valentía y lucha.
Teresa, Tita Mari, Mariló, Elvira y tantas otras, representan la esperanza de este nuevo ciclo que se abre. Son el motor de una movilización popular que ha transformado el debate social y el terreno de juego político. Ellas han puesto el faro y la brújula que orienta cuál es el camino: poner en el centro la sostenibilidad de la vida frente al negocio de una minoría privilegiada, poner el cuerpo para frenar desahucios porque es ahí donde sin necesidad de debates sesudos sobre la unidad, la unidad se practica como una trinchera. Acumular fuerzas siendo conscientes de sabernos parte de una comunidad que si se organiza y pelea por garantizar las condiciones materiales para vidas dignas, felices y con derechos, puede vencer a las élites. Frente a la lógica del dinero, de la depredación y el «sálvese quien pueda»; la práctica cotidiana del amor, de la solidaridad, la redistribución y del no estás sola.
Las batallas no se ganan si no hay organización y movilización popular. Ese es el principal aprendizaje de estas semanas. El rentismo parasitario ganó una batalla en el Congreso, pero la perdió en las calles y en las plazas. Hay una nueva mayoría social que se ha expresado en las movilizaciones multitudinarias y en las acampadas y también en un nuevo sentido común: nuestras vidas importan más que su negocio. Por eso, las próximas citas electorales van a ser un referéndum sobre el derecho a la vivienda, una oportunidad para que se amplíen mayorías institucionales en el Congreso y en los ayuntamientos, que estén a la altura de la nueva mayoría social que exige vivienda por derecho y poner fin a décadas de especulación y expolio de los bienes comunes.
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La ciudad de Málaga es paradigma del modelo de ciudad neoliberal. Tras 30 años de gobiernos locales del Partido Popular, la ciudad se ha consolidado como un paraíso para los especuladores: es la ciudad andaluza en la que más crece el precio de la vivienda, la ciudad de toda España con más viviendas de uso turístico. También una de las ciudades andaluzas en las que se ejecutan más desahucios y en la que los fondos de inversión concentran la cuarta parte de todas las propiedades que tienen en Andalucía. El lobby inmobiliario y turístico ha encontrado en Málaga una barra libre para hacer negocio a costa de su conversión en un parque temático en el que las vecinas están siendo reemplazadas por turistas.
Suelo municipal cedido a universidades privadas, pelotazos urbanísticos que destrozan nuestros barrios para que un puñado de especuladores sigan engordando sus cuentas de resultados, fondos de inversión israelíes que acaparan edificios históricos para su conversión en alojamientos turísticos.
El alcalde, Paco de la Torre, más bien pareciera que está a sueldo de los fondos de inversión a los que les facilita el negocio. De hecho, el cántico más coreado en las movilizaciones de estos días resumía el estado de ánimo que hay en la ciudad: «¿Dónde está, Paquito? ¿Paquito dónde está? Paquito está vendiendo lo que queda de ciudad». Tras la postal de éxito que se empeñan en vender, la pregunta que oportunamente ha hecho el movimiento por la vivienda es: «¿La ciudad para quién?»
Cualquier persona que haya participado en la histórica manifestación del 3 de octubre pudo comprobar que hay una nueva mayoría social que anhela el cambio en la ciudad. Una mayoría social que ya ha hecho una moción de censura a Paco de la Torre y a sus políticas en la calle.
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Urge el cambio porque un futuro mejor es inevitable. Urge poner fin a la época de la especulación y abrir paso a recuperar la ciudad para sus vecinas y sus vecinos, poniendo en el centro aquello que le quita el sueño a la mayoría de los malagueños, que es el acceso a la vivienda y poder quedarte en tu ciudad. Es posible hacerlo y lo vamos a hacer: con movilización social y electoral. Tenemos un plan para conseguirlo juntas. Es posible recuperar las miles de viviendas que están en el mercado especulativo y ponerlas a disposición de las familias trabajadoras. Es posible revertir la plaga de viviendas turísticas, intervenir el mercado y usar herramientas como la expropiación y el derecho de tanteo y retracto para recuperarlas para las vecinas.
Las próximas elecciones municipales van a ser un referéndum entre la vivienda como negocio o la vivienda como derecho. Ya hemos empezado a ganarlo en la calle.
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