Deuda AEE sigue sin salida mientras factura de luz continúa en juego
Bonistas y la Junta de Supervisión Fiscal permanecen enfrentados por el monto y las condiciones del pago.
La reestructuración de la deuda de más de $10,000 millones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) permanece paralizada tras más de una década en los tribunales debido a que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) —en representación del gobierno de Puerto Rico— y los bonistas no logran llegar a un consenso sobre la cantidad de dinero adeudado ni bajo qué condiciones se hará la determinación judicial.
Aunque otro aumento en la factura de la luz eléctrica permanece sobre la mesa, no se vislumbra un ambiente para que se aprueben los acuerdos necesarios para que prospere la reestructuración y se liquide la deuda.
El ingeniero y exmiembro de la JSF, Antonio Medina explicó a Metro Puerto Rico que los bonistas reclaman el pago completo de sus acreencias que, con intereses acumulados asciende a cerca de $12 mil millones, mientras que el ente fiscal sostiene que su derecho de cobro está limitado a los ingresos netos de la AEE.
“Lo que la Junta está diciendo es que esos bonistas solamente tienen derecho a reclamar con respecto a los ingresos netos de la Autoridad de Energía Eléctrica, y muchas de las peleas legales tienen que ver con qué significa eso de ingreso neto”, explicó Medina.
Según el ingeniero, tras los altos costos del combustible y la baja demanda de energía eléctrica debido a la instalación de placas solares y los sistemas de energía renovable, “el margen de ganancia de PREPA es mínimo, y por los últimos cinco años, lo que hemos estado viendo es que la Junta le está diciendo a los bonitas, ‘mira, aquí no hay dinero para pagarte’, porque a la hora de la verdad no queda mucho dinero”.
Luego de que la propuesta de pago fuese de aproximadamente $2.6 mil millones, en julio de este año, la Junta propuso un acuerdo adicional de $3 mil millones, lo que representa una tercera parte de la deuda, pero los acreedores se mantuvieron firmes y no respaldaron dicha cantidad.
Sobre esto, Medina explicó que el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) que propuso la Junta en agosto de 2023, el 44% de los bonistas se habían suscrito, mientras que el otro 56% restante se mantuvo en oposición. La jueza encargada de la quiebra de la isla, Laura Taylor Swain, se reservó su determinación para considerar la confirmación del plan. “Fue una oportunidad perdida”, dijo Medina.
La licenciada que ha representado gremios en el caso de la quiebra, Zoé Negrón Comas, planteó, por su parte, que, bajo la Ley PROMESA, el gobierno central ha reestructurado gran parte de su deuda. Sin embargo, el PAD de la Autoridad aún no se ha aprobado. “Ahora mismo no hay uno presentado que esté en proceso de confirmación (y) no se ha presentado un plan nuevo para reflejar nuevas realidades económicas”, dijo Negrón Comas.
“Para que un Plan de Ajuste sea confirmable bajo PROMESA, uno de los requisitos es que la entidad pueda continuar dando servicio, y nosotros le planteamos al tribunal que ahora mismo (la AEE bajo LUMA Energy y Genera PR) no tienen la capacidad de darnos un servicio”, añadió.
Para Medina, la jueza debe emitir una determinación a través de un cramdown —cuando el tribunal aprueba un plan de reestructuración de deudas aun si algunos acreedores votaron en contra o no están de acuerdo con los nuevos términos—. “Yo creo que esto lo ha complicado un poco, el hecho de que la jueza tiene un deseo genuino de que se llegue a un acuerdo por mediación, porque en mi opinión ya es hora de que la jueza Taylor Swain tome una determinación”, sostuvo.
“A la hora de la verdad, está en manos de la jueza”, añadió Medina.
Así como el ingeniero, el licenciado experto en temas de quiebra, John Mudd, aseguró que la cancelación del Acuerdo en Apoyo a la Reestructuración (RSA) de la AEE en 2019, para recortar cerca del 32% de su deuda pendiente, “fue un error del gobierno”.
Mudd advirtió que resolver la deuda mediante un acuerdo en 2020 habría sido preferible a continuar sin conocer cuánto se pagará.
Lejos la salida de la Junta
Según Negrón Comas, “no estamos cerca de que ni se acabe la quiebra de la Autoridad ni que salgamos de la Junta de Control Fiscal. Esa contestación la puedo dar categóricamente, no es real que la Junta pueda irse pronto, salvo que sea que en el Congreso diga que la Junta se va”.
Según PROMESA, para que la JSF termine sus funciones en Puerto Rico, el gobierno debe cumplir con cuatro requisitos. Entre ellos, lograr cumplir con su responsabilidad fiscal, alcanzar presupuestos balanceados durante cuatro años fiscales consecutivos, tener acceso a los mercados de crédito y liquidar todas sus deudas.
“El día que la administración decida hacer lo que tiene que hacer y no decirlo en una campaña, sino hacerlo con acciones, ese día entonces van a empezar a pasar las cosas para que la Junta se vaya”, dijo Medina.
Sin embargo, Medina aseguró que, aunque hay una responsabilidad de compensar a los bonistas, “lo que es importante es asegurar que ese pago no se convierta en un freno para la economía de Puerto Rico”.
Se ha propuesto que parte de la deuda reestructurada se pague mediante cargos adicionales o fijos en las facturas de energía eléctrica que pagan los ciudadanos.
“Lo que sí están tratando de pelear es cuánto es esa cantidad, ya sea mediante un acuerdo con los bonistas para que ellos reduzcan y acuerden a un pago de un monto menor, o solicitándole a los tribunales que reconozcan que, a lo que tienen derecho los bonistas, es menor de lo que están pidiendo por las condiciones de la deuda que ellos compraron”, indicó Negrón Comas.
Aunque se ha planteado la posibilidad de desestimar la deuda, Mudd explicó que “sería bien problemático para Puerto Rico. Se puede hacer, pero crearía un montón de problemas”, dijo.
Según Mudd, la quiebra concede una suspensión automática de los procesos de cobro mientras el caso permanece activo. Sin embargo, si el procedimiento se desestima, el Automatic Stay —como se conoce este mecanismo— queda sin efecto de inmediato y los acreedores recuperan la facultad legal de iniciar gestiones de cobro.
Para Medina, los bonistas no lograrán recaudar ese dinero. “Yo personalmente pienso que no es posible. No es razonable desde el punto de vista financiero, y no es ejecutable desde el punto de vista económico”, expresó.
“Si la Junta no estuviera velando por los intereses de los puertorriqueños, esta quiebra se hubiera acabado hace rato. El hecho es que este proceso continúa porque ni los bonistas están dispuestos a bajar su número ni la Junta está dispuesta a subir el número para donde ellos quieran”, concluyó.
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