Patricia Bullrich redobla la apuesta y el Gobierno promete otro miércoles de salvaje represión

Los palos, los gases y la cacería no amedrentaron a los jubilados, que reeditarán la masiva movilización al Congreso, con mayores apoyos. La ministra de Seguridad, ante ese escenario, promete más de lo mismo: violencia policial. El contraataque oficial incluye un proyecto de ley «antibarras», pese a que en la última movilización no detectaron a uno sólo, ni siquiera entre los más de 100 detenidos al voleo. 

Por Melisa Molina

No conforme con haber repartido balazos de goma, gases y palos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, planea volver a repetir la faena represiva este miércoles, cuando miles de personas vuelvan a marchar frente al Congreso en apoyo a los jubilados. Bullrich cuenta con el apoyo explícito de Milei para responder una vez más con violencia de las fuerzas de seguridad. «Estamos preparados para lo que venga», desafían altivos desde Casa Rosada, en referencia a lo que pueda pasar ese día en la calle: se espera que esta vez la movilización sea aún más nutrida y plural que la semana pasada, con el objetivo además de denunciar el desmedido uso del aparato represivo del Estado y de reclamar justicia por Pablo Grillo, el fotoperiodista que sigue internado en el Hospital Ramos Mejía en estado crítico. 

Pese a las evidencias del accionar irregular del gendarme que disparó el cartucho de gas que hirió gravemente al fotógrafo, en el Gobierno sólo piensan ajustar «tácticamente» el despliegue de las fuerzas, pero no en retroceder. Es más, la idea es redoblar la apuesta. «Va a haber de todo, varias sorpresas que no podemos adelantar», se jactan. Como parte del relato, este lunes la ministra presentará además un «proyecto de Ley Antibarras», aunque no haya podido aún comprobar la presencia de ninguno de ellos en la última movilización, ni siquiera entre los más de 100 detenidos que la Policía cazó al voleo. 

Del otro lado, junto a los múltiples apoyos, a los hinchas que manifestaron el miércoles se sumaron para la convocatoria sindicatos y movimientos sociales, que confían en que una asistencia masiva impedirá que Bullrich y Mieli hagan realidad sus amenazas. Incluso marchará una de las jubiladas reprimidas, Beatriz Blanco, de 81 años, que le contó a Página/12 que no se dejará amedrentar por la ministra y su operativo. 

En declaraciones televisivas, la ministra dijo el domingo por la noche que van a anunciar «una recompensa» para que los ciudadanos manden imágenes y «vayan presos quienes quisieron llevarse puesta la democracia». Bullrich también defendió el accionar de las fuerzas de seguridad. Expresó que «ninguno tiró por fuera del protocolo ni hizo nada fuera de lo que tenía que hacer». Por último, denunció que «Juan Grabois, los peronistas y la izquierda», quieren «convertir los miércoles en un día del horror», y que detrás de eso están «los barras de Newell’ s y Central que son la narcopolítica».

Mismas armas, mismo discurso

«Los intendentes K trajeron delincuentes con antecedentes penales a pudrirla. Son fuerzas de choque que trabajan a sueldo y la policía tiene la obligación de reaccionar», dicen, sin pruebas, desde el entorno de Milei para justificar la brutal represión de la semana pasada. El viernes, dos días después de la cacería, la ministra estuvo con el Presidente en expoagro, donde él la felicitó, y, una vez de regreso, ella encabezó una reunión con las cúpulas de la fuerza de seguridad. Allí también estuvieron representantes del ministerio de seguridad porteño y habrían participado, además, funcionarios de la SIDE. Entre ellos su titular Sergio Neiffert y su número dos, Diego Kravetz. El objetivo del encuentro era organizar el próximo operativo y fomentar la «coordinación» entre los distintos actores. 

Bullrich, tras el disparo de las fuerzas de seguridad que dejó en estado crítico al fotoperiodista Pablo Grillo, salió a decir que se trataba de alguien «kirchnerista», como si sus preferencias partidarias justificaran el ataque. Luego de eso, tal como contó este diario, integrantes de la comisión bicameral de Inteligencia del Congreso pidieron al presidente de la misma, Martín Lousteau, que cite a la ministra Bullrich para que explique la situación porque podría haberbases con datos clandestinas con información sobre la filiación política y laboral de las personas. El miércoles, mientras Bullrich reprimía a las afueras del Congreso, el presidente firmó un nuevo decreto de necesidad y urgencia para ampliar el presupuesto de la SIDE en 7.000 millones de pesos, incluidos 1.650 millones de fondos reservados.

Durante el encuentro del viernes, Bullrich también habría confirmado que en el próximo operativo que montarán el miércoles se podrán volver a utilizar las mismas armas que la semana pasada, muchas de las cuáles se usaron de manera incorrecta con el riesgo de matar a los manifestantes. La titular de la cartera, también aprovechó la reunión para criticar a la jueza Karina Andrade, que fue quien ordenó liberar a los manifestantes detenidos después de la marcha. En la Casa Rosada la llaman de manera despectiva, «la jueza K», y dicen que en las próximas horas presentarían una denuncia contra ella por su accionar. Horas antes de la reunión de las fuerzas de seguridad y la SIDE, el Presidente estuvo con Bullrich en Expoagro y también con quienes suenan como posibles candidatos del espacio para las elecciones legislativas de este año: el diputado José Luis Espert y el vocero Manuel Adorni. 

Allí, Milei redobló la apuesta y en modo campaña dijo: «Imaginen que si acelero en las curvas, ahora voy a acelerar mucho más». Luego, elogiando a Bullrich, agregó: «No casualmente mi eslogan coincidía con alguien que compitió conmigo que su grandeza permitió que se sumara a este Gobierno: el que las hace las paga». Por último cerró: «Vamos a defender la República, porque no es que vienen contra mi, vienen por todos ustedes, yo solo estoy en el medio».

Como parte del relato que también servirá para la campaña del oficialismo, este lunes la ministra Bullrich llamó a una conferencia de prensa en su cartera para hacer la presentación de un Proyecto de «Ley Antibarras». El texto, según adelantaron desde el ministerio, «establecerá la declaración de las barrabravas como un tipo especial de asociación ilícita, la responsabilización de los dirigentes de los clubes en la actuación de estos grupos delictivos y la aplicación de fuertes sanciones para erradicar cualquier tipo de violencia».

El ministerio de Seguridad ya había presentado una denuncia penal por «Sedición, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democrática y Asociación Ilícita Agravada», contra quien para ellos fueron los «organizadores» de la marcha de la semana pasada. Allí enumeraron a Mario Firmenich; a los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, ambos del peronismo. 

«Los que trajeron delincuentes con antecedentes penales a pudrirla fueron los intendentes K. Salieron de los municipios, son barras, fuerzas de choque, trabajan a sueldo», repetían en domingo desde la Casa Rosada, sin tener datos para poder chequear o confirmar esas acusaciones. De los 114 detenidos que hubo el miércoles tras la represión, ninguno de ellos se pudo comprobar que sea barrabrava, lo cuál dejó en evidencia las mentiras de la ministra y del discurso de La Libertad Avanza.

El clima en la calle se empieza a complejizar para el oficialismo, mientras que en el Congreso el gobierno buscará avanzar con la aprobación en la cámara de Diputados del DNU que firmó Javier Milei para que los legisladores aprueben, sin que sea por ley, un nuevo acuerdo con el FMI. La CGT, si bien no estuvo el miércoles de la semana pasada en las calles, sí adelantó durante el primer congreso nacional de la UTEP la posible realización de una medida de fuerza que se concretaría en las próximas semanas. Se tratará de un paro por 24 horas que se realizará entre el 2 y el 10 de abril próximo.

Además de decir que «bancan a full a Patricia», cerca de Milei insisten con la idea de que el derecho constitucional a manifestar en realidad es un «intento de golpe de Estado», o de desestabilización por parte de la oposición. Repiten como un mantra que a ellos no les pasará lo que le pasó al expresidente Mauricio Macri cuando en 2017, luego del fracaso por tratar en el Congreso una reforma previsional, y tras una gran manifestación popular, comenzó a descender en las encuestas hasta perder las elecciones en 2019. «A nosotros un 2017, no», espetan volviendo a amenazar con que la represión es lo único que frenará la protesta y el descontento social, que van en aumento. En el oficialismo no consideran que eso sea así y, es más, opinan que la mano dura fomenta el apoyo de su núcleo duro.