¿Puede anularse el Tratado de París de 1898 respecto a Puerto Rico? Un grupo de la diáspora pide a Trump excluir la isla
Han pedido, además, al presidente de Estados Unidos crear un grupo de trabajo en favor de la independencia
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com
Washington D.C. – Un abogado boricua radicado en la capital estadounidense ha propuesto al presidente Donald Trump crear un grupo de trabajo para encaminar la independencia de Puerto Rico y, por lo menos, enmendar el Tratado de París que cedió el archipiélago boricua a Estados Unidos después de la invasión militar estadounidense de 1898.
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Manuel Rivera, presidente del grupo Puertorriqueños Unidos en Acción (PUA), envió el sábado una carta al presidente Trump con esas propuestas, las cuales considera que pueden tener ahora oportunidad bajo el actual gobierno republicano.
“Este grupo de trabajo facilitaría la comunicación directa con la Casa Blanca y garantizaría que este asunto reciba la atención que merece”, dijo Rivera, cuya oficina está dedicada a asuntos de inmigración, y quien, después de haber sido demócrata, ahora se identifica como un republicano que respalda a Trump en un 100% debido a su oposición a la estadidad.
La creación de un grupo de trabajo que favorezca encaminar un plan de transición para un Puerto Rico independiente está claramente bajo la discreción de Trump, quien es un opositor de la idea de convertir la isla en un estado federado.
En su primer cuatrienio, sin embargo, el presidente ni siquiera revivió formalmente el grupo de trabajo interagencial sobre Puerto Rico que ha existido bajo otras administraciones por orden ejecutiva.
La autoridad de Trump -quien se ha dedicado a suscribir decretos en los primeros dos meses de su segunda administración- para enmendar o eliminar unilateralmente el Tratado de París de 1898 respecto a Puerto Rico sería, sin embargo, cuestionada, pues la autoridad de Estados Unidos sobre el archipiélago puertorriqueño descansa, como indica la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Supremo estadounidenses, en el Congreso.
“Según la Constitución de los Estados Unidos, el presidente no puede emitir unilateralmente una orden ejecutiva para conceder la independencia de Puerto Rico. Sin embargo, la Constitución sí le otorga la autoridad para firmar y rescindir tratados”, argumentó Rivera en su carta.
El abogado dijo que tiene el apoyo de otros miembros de su grupo, que igualmente son parte de la diáspora boricua en Estados Unidos, los que identificó como el también abogado Antonio Camacho, excapitán de la Fuerza Aérea; Rafael Oliveras, y Héctor Torres, religioso y activista político en Pensilvania.
Aunque no han recibido respuesta de la Casa Blanca, Rivera dijo que tuvieron una reunión en enero con ayudantes del congresista republicano Troy Nehls (Texas) para hablar en favor de la independencia de Puerto Rico.
En un artículo de opinión publicado en El Nuevo Día, el abogado José Nicolás Medina afirmó que “sabido es que la soberanía de Estados Unidos sobre Puerto Rico como territorio no incorporado colonial proviene del Tratado de París firmado con España en 1898 y aprobado por ambos gobiernos en 1899, según interpretada la Cláusula Territorial de su Constitución por los Casos Insulares de la Corte Suprema Federal”.PUBLICIDAD
Por lo tanto, Medina argumentó que “la enmienda a un tratado aprobado por el Senado federal y el presidente tiene que ocurrir mediante ley del Congreso aprobada por el presidente”.
El Tribunal Supremo estadounidense no ha resuelto una controversia sobre la autoridad constitucional del presidente de Estados Unidos para eliminar parcialmente o anular tratados.
Para Rivera, el caso Goldwater versus Carter (1979) –en que el Tribunal Supremo estadounidense se negó a revisar la decisión del presidente Jimmy Carter de terminar con el tratado bilateral con Taiwán- abre la oportunidad para que Trump cancele el Tratado de París para efectos de Puerto Rico. En ese caso, el foro judicial consideró que se trataba de un asunto no justiciable.
Medina, por su parte, menciona que la independencia de Filipinas, cuyo control estadounidense se reglamenta originalmente por el Tratado de París de 1898 -firmado tras la Guerra Hispanoamericana y que incluyó a Guam-, se oficializó con la ley Tydyngs-McDuffie de 1934.
Mientras, el constitucionalista Carlos Ramos González, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, señaló que las circunstancias actuales demandarían que una enmienda o eliminación de un tratado como el de 1898 requiera el visto bueno del Congreso.
Ramos González recordó que el Tratado de París de 1898 fue ratificado en el Senado estadounidense por escaso margen y que “cualquier acción unilateral del presidente a los fines de concluir, suspender o cambiar el tratado debería estar acompañada por una determinación de que hay una situación de emergencia”.
“Creo que esa premisa no se cumple ni siquiera dentro de la visión de autoritarismo y desdén de Trump hacia el estado de derecho”, agregó.
En ese sentido, Ramos González aludió a cómo Trump ha buscado imponer nuevos aranceles a Canadá y México, por encima del acuerdo de libre comercio con esos países, alegando una emergencia sobre el tráfico de fentanilo.
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La transición
La carta de PUA a Trump tiene lugar después que otro grupo de independentistas –que incluye a residentes en Puerto Rico y Estados Unidos- sugirió al mandatario estadounidense suscribir una orden ejecutiva que declare la independencia de la isla y establezca una comisión que regule una transición económica de 20 años.
Rivera, quien en el pasado fue cabildero de grupos soberanistas, también escribió a Trump, en 2020, para que respalde la independencia de Puerto Rico. En aquel momento, el abogado dijo que estaría inclinado a votar por Trump si lo hiciera.
Ahora, Rivera se declara republicano y sostiene que un grupo de trabajo nombrado por el presidente, que debería incluir boricuas, permitiría encaminar un proceso para excluir a Puerto Rico del Tratado de París de 1898 y una transición hacia la independencia.
“Al rescindir este tratado, se podría iniciar un proceso que permita a Puerto Rico determinar su propio futuro. Además, el Congreso renunciaría a su autoridad sobre Puerto Rico, lo que permitiría un proceso de transición interna mediante el cual la isla podría negociar acuerdos con Estados Unidos, incluyendo tratados o alianzas financieras revocables, sin necesidad de fondos federales por un período prolongado”, indicó Rivera en su carta.
El portavoz de PUA mantuvo que Puerto Rico no requiere de los fondos federales para avanzar su economía, aunque deberán reconocerse los derechos ya adquiridos de ciudadanía estadounidense, Seguro Social y veteranos.
“Puerto Rico cuenta con los recursos para sostenerse como nación independiente. Con un compromiso con una gobernanza transparente y responsabilidad fiscal, la isla puede prosperar sin depender de fondos federales. Un Puerto Rico independiente fomentaría una alianza sólida y única con Estados Unidos, estableciendo un nuevo estándar de cooperación en las regiones de América Latina y el Caribe”, afirmó Rivera.
Para el abogado, este es el momento de llamar la atención de Trump, quien, sin embargo, está enfrascado en un nuevo imperialismo que busca convertir a Canadá en el estado 51, anexar a Groenlandia y obtener el control del Canal de Panamá. “Tenemos que seguir empujando el asunto para obtener una reacción de la Casa Blanca”, dijo Rivera, al indicar que se deben aprovechar estos dos años en que los republicanos tienen pleno control del gobierno federal.
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