Abdiel Echevarría Cabán, nuestro entrevistado

“Los puertorriqueños, al menos sectores importantes, llevamos en busca de nuestra descolonización varias décadas. A veces pensamos que un solo acto contundente basta, pero nuestra propia historia demuestra lo contrario.”

Wilkins Román Samot

Abdiel Echevarría-Cabán (Puerto Rico, 1986-) es director ejecutivo de Echevarría-Cabán Immigration Law Firm, LLC, una firma que fundó en 2024. Su trabajo se centra en la defensa contra la deportación en los tribunales de inmigración y ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. Abdiel obtuvo su título de Juris Doctor (J.D.) de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en 2013. Además, logró un Máster en Administración Pública, graduándose con honores Summa Cum Laude de la misma universidad en 2018, y un Máster en Derecho en Derechos Humanos y Justicia Social, con honores Cum Laude, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Connecticut en 2019. Su grado de Bachillerato es en Literatura Comparada, Cum Laude, Universidad de Puerto Rico (2009).

Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran “Estoicismo Profanado” (2005), “El imperio de los pájaros” (2011) y “Mantras” (2015), parte este último de la Serie Literatura Hoy del Instituto de Cultura de Puerto Rico. Parte de su obra ha sido galardonada por el PEN Club de Puerto Rico y en el 2019 fue semifinalista en la competencia “Writing For Justice Fellowship” del PEN America. “Los perros sabemos como hiere la lluvia” (2021) es su último poemario. Antes de establecer su propia firma, trabajó en el Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (RAICES) y en la Asociación Americana de Abogados. En 2021, recibió el Premio Pro Bono Roll de la Asociación Americana de Abogados y fue reconocido como uno de los 40 mejores abogados LGBT+ menores de 40 años por el National LGBT Bar, en reconocimiento a sus destacadas contribuciones en el ámbito de la inmigración y la defensa de los derechos LGBT+.

Echevarría-Cabán ha coordinado programas de manera efectiva, representando y ayudando a refugiados que enfrentan severas políticas migratorias en la frontera suroeste, tales como los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), el Acuerdo de Coordinación de Asilo de Guatemala (GACA) y la Prohibición de Asilo en Tránsito. Ha realizado viajes con misiones humanitarias y culturales a países de América Latina y el Caribe, donde ha sido testigo de la violencia que sufren muchos refugiados. Entre estos países se encuentran Cuba, Honduras, El Salvador, la República Dominicana y México. Abdiel ha contestado todas nuestras preguntas. Todas sus respuestas son para ser compartidas con todos vosotros.

1.1 Wilkins Román Samot (WRS, en adelante) – ¿Es hora de exigir el fin del colonialismo y comenzar una conversación sobre reparaciones económicas en Puerto Rico y Estados Unidos? ¿Por qué?

1.2 Abdiel Echevarría Cabán (AEC, en adelante) – Los puertorriqueños, al menos sectores importantes, llevamos en busca de nuestra descolonización varias décadas. A veces pensamos que un solo acto contundente basta, pero nuestra propia historia demuestra lo contrario. Me gustaría abordar tu pregunta cuestionándonos qué significan protestas “populares” recientes, como el Verano del 19, que fueron movimientos pacíficos, no como lo hicieron Ghandi o Luther King, cuya base organizativa se fundamentaba en prácticas religiosas, sino desde diversos sectores de la sociedad civil.

Hablamos de un proceso que ha marcado nuestra historia política desde 1898. Por ejemplo, vale considerar, como plantea el historiador Jorell Meléndez, que esos eventos sociales que arropan la vida cotidiana en que esos movimientos o eventos históricos se fraguaron, como parte de un proceso político amplio e inacabado de descolonizarnos social, cultural, política y jurídicamente.

Que no hayamos obtenido nuestra independencia por vía jurídica con el apoyo de la comunidad internacional al momento, bien puede ser atribuido a lo ineficaces que son los tribunales y organismos internacionales, a la hora de solicitar a los grandes estados -miembros de las Naciones Unidas- que, cumplan con sus órdenes y obligaciones, contenidas en los principios del derecho público internacional. Dichas instituciones se encuentran en profundo cuestionamiento. Son instituciones en jaque, o ¿cómo explicamos las sanciones a la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, solo por cumplir con el mandato de su cargo?  

Otro asunto que me llama la atención es observar cómo el problema de estatus político se reduce a uno más dentro de los problemas de minorías raciales en el contexto de la política pública doméstica, gracias a la Resolución 1541 (XV) de 1953 que obliga a los estados a proveer información bajo el artículo 73(3) respecto a territorios que no han alcanzado un nivel total de autogobierno independiente.

Nuestro sistema internacional nació defectuoso y me gustaría ampliar un poco esta respuesta. Carol Anderson, como muchos sabemos, es una académica estadounidense-afroamericana, que descubrí mientras estudiaba el posgrado en derechos humanos y justicia social en la Universidad de Connecticut. Era otra época y a pesar del desgaste institucional de la judicatura y el federalismo, no enfrentamos el totalitarismo de estado administrativo.

2.1 WRS – ¿Qué relación si alguna vez entre la migración de los puertorriqueños a los Estados Unidos y las innumerables oportunidades desarrolladas por el Congreso de los Estados Unidos para que las corporaciones estadounidenses exploten a Puerto Rico?

2.2 AEC – Un antropólogo social o geógrafo podrían contestar esta pregunta mucho mejor que yo. Quisiera abordarla desde lo que sabemos los abogados y es sobre cómo se regula la vida y como abogado de derechos humanos, como lo hacemos sin incurrir en prácticas discriminatorias que violentan el principio de la dignidad humana y hoy día hemos ampliado el concepto de dignidad moderna a especies no humanas, espacios considerados sagrados. Lo post-humano viene acompañado de esos conceptos articulados en las etapas tempranas de la modernidad.

La política económica ha sido extractivista. No hay duda, pienso por ejemplo en las investigaciones del Profesor Timothy Wu y su nuevo libro The Age of Extraction. En nuestras economías especulativas-post-industriales este extractivismo se ha sostenido de múltiples maneras. La que ha afectado sobre todo el gasto público, las pensiones de empleados públicos y trabajadores en los sectores privados, se ha sostenido mediante la aprobación de exenciones contributivas a capitales extranjeros y durante la postmodernidad se introdujo la especulación financiera con fondos públicos para cubrir los déficits con el propósito de extender la vida de los fondos de retiro.

Ello ha provocado este asidero. Ciertos grupos “inversionistas” prometen desarrollo económico y solo extraen ganancias, y el estado no demanda que la exención del pago de impuestos haya cumplido con los requisitos requeridos por el gobierno. Tampoco se fiscaliza apropiadamente. Sabemos, por ejemplo, desde el Informe del Relator Sobre Asuntos de Extrema Pobreza, Paul Auster, 2018 que uno de los hallazgos fue que el gobierno federal destina cada vez menos presupuesto a divisiones de investigación para este tiempo de fraude, (el Trumpismo ha sido mucho más severo aún, sin embargo, el criterio de severidad no es neutral, es racista, xenofóbico, clasista, misógino, transfóbico, homofóbico entre otras cosas). El gobierno federal destina, por el contrario, más recursos a fiscalizar fraude en solicitud de servicios públicos a familias trabajadoras pobres. Es decir, este es un mal uso de la fiscalización por parte del estado que discrimina deliberadamente sin justificación alguna y por estatus social.

Las migraciones tienen un fuerte componente económico y ante el colapso social los estados se vuelven más represivos con los grupos más vulnerables. Es lógico que esta estructura política y económica fomenta desplazamientos forzados poblacionales.  En ese sentido se crea un desbalance de poder que influencia política y que perpetúa esa extracción de recursos, y con el desplazamiento no solo se pierden recursos humanos valiosos, se pierde poder político y la transferencia de la historia de los pueblos.

El gobierno sólo genera ingresos mediante el cobro de impuestos. Sabemos que no recobrar estos impuestos gracias a estas exenciones, provoca mayor precarización e insolvencia de la caja de efectivo del estado. Si dejas de cobrar contribuciones tienes que cubrir el déficit presupuestario de alguna manera.

Mi profesor de administración pública José Punsoda solía decirnos en clase que todo aquello que se añada al presupuesto se le quita a otra. Siempre hay que suplirlo. Si no hay, ¿qué hacemos? se ha suplido con deuda.

Ya no contamos con acceso al crédito debido a la quiebra. Entonces, no debe ser raro que la población migre ante la imposibilidad de efectuar la vida misma desde instituciones inoperantes.

3.1 WRS – ¿Cuál debería ser el rol de la academia y la sociedad civil puertorriqueña dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico en la descolonización de Puerto Rico, si alguno? ¿Qué deberían hacer?

3.2 AEC – El rol que ellos decidan. Es decir, nuestras concepciones sobre las obligaciones públicas son respecto al Estado. Todo lo demás es discrecional y sólo se regula por el parámetro ético de cada cual.

Quizás valga desarrollar una ética de la responsabilidad colectiva para reformular nuestros entendidos sociales. También necesitamos recuperar los espacios públicos en las redes y en los espacios físicos que habitamos. Sin espacios públicos no hay asamblea. También son espacios que pueden rastrear mucho mejor las convergencias de las estructuras colonizadoras en la construcción de subjetividades de la persona, sus identidades y sus fragmentaciones.

En ese sentido las universidades públicas tienen un rol más directo en la participación, porque forman parte de una política pública que garantiza acceso a educación superior a través de instituciones públicas.

Proteger los centros de educación superior e investigación independientes para la creación de soluciones a problemas colectivos es quizás el imperativo categórico. Esto no supone que las universidades acepten ser sometidas al control político del estado en su gobernanza interna, sino que, desde un punto de vista de política pública, las universidades públicas tienen investida una responsabilidad con la ciudadanía.  

4.1 WRS – ¿Cómo el Comisionado Residente de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos y los congresistas de origen puertorriqueño podrían ayudar a resolver los problemas económico-sociales creados por la explotación de los Estados Unidos en Puerto Rico?

4.2 AEC – El impasse para los estadistas está en la deuda pública. PROMESA es su mayor obstáculo. Cambiar la estructura legal de administración colonial va a recibir una fuerte oposición de bonistas con gran influencia en el Congreso.

Los Congresistas deben oponerse a pedidos que lesionen aún más la prestación de servicios esenciales. No puede ser que, para satisfacer las ganancias especulativas, esperadas de inversionistas que asumieron el riesgo individual en el mercado, el gobierno tenga dejar de comprar insumos y no pueda pagar a sus médicos por dar uno de tantos ejemplos.

5.1 WRS – ¿Por qué los movimientos de estadidad no han sido capaces de confrontar al imperialismo estadounidense en Puerto Rico y los Estados Unidos? ¿Qué deberían hacer?

5.2 AEC – Sé que el anexionismo populista no quiere escuchar o entender algo sobre imperialismo. No sé puede pelear contra algo que no se reconoce. Para ellos solo existe una versión higienizada de los Estados Unidos como horizonte. Además, su meta, está muy ligada a la idea del Sueño Americano, es una visión un poco caricaturesca e infantil. Esa visión se nutre de sostener la creación de una clase media y la clase media no crea movimientos políticos, como norma general, mucho menos la clase trabajadora profesional, como bien señala Catherine Lieu, sino que se mueven con las tendencias que sus propias narrativas generan.

No existe un movimiento anexionista, existe una torcida relación entre sujeto colonizado que beatifica a su agresor. Al menos no existe como ha existido un movimiento de conciencia social de izquierdas en la isla, con sus luces y sus sombras, y en ese sentido, las izquierdas puertorriqueñas han tenido muy claro los efectos del imperialismo estadounidense. En contextos muy diversos. No hablo sólo del nacionalismo clásico albizuista.

Por ejemplo, mujeres cisgénero feministas de Profamilias, con las que trabajaba talleres sobre planificación familiar y salud sexual y reproductiva para el 2010, tenían muy claro dentro de sus currículos educativos, asuntos como las esterilizaciones y experimentaciones en cuerpos de mujeres cisgénero sin su autorización ni su consentimiento. Estas fueron claras agresiones del estado por parte del gobierno federal. Así que de ellas aprendí a establecer esas relaciones de clase, género y abuso imperial. Esa consciencia no está presente en los sectores anexionistas. No son un movimiento.

6.1 WRS – ¿Qué ha hecho, si algo, la presidencia de los Estados Unidos, y los dos partidos políticos dominantes dentro de los Estados Unidos, el demócrata y el republicano, para mitigar el desastre que ellos y los estadounidenses ayudaron a crear dentro de Puerto Rico?

6.2 AEC – Su solución ha sido PROMESA. Eso debería ser más que explicativo.

7.1 WRS – ¿Cuál sería la forma de que los puertorriqueños rompan con este ciclo de abuso del colonialismo estadounidense dentro de Puerto Rico? ¿Debería Puerto Rico y los puertorriqueños ser reparados económicamente por Estados Unidos?

7.2 AEC – El proceso de descolonización debe evitar opciones que perpetúan la colonia del gobierno civil y debe seguir las guías de cómo exigir y fiscalizar el cumplimiento de las reparaciones morales y económicas.

Hasta ahora los reclamos ante el comité de descolonización de las Naciones Unidas sólo han resultado la emisión de resoluciones no vinculantes, los plebiscitos no han sido vinculantes y continuamos bajo el dominio y el poder de los casos insulares. Las leyes de cabotaje nos exprimen como exprimen a tres estados de la nación y otros territorios ultramarinos. Hasta la fecha los esfuerzos para que la legislación que nos exonere de estas leyes, han sido desmantelados en el pasado. Estamos bajo un estadio de sitio jurídico.

Si el Tribunal Supremo Federal derogara los casos insulares, tal vez, podríamos comenzar a abrir un espacio para la descolonización por vía legal y ello no ocurrirá hasta que PROMESA haya cometido su propósito. Si no veamos por ejemplo el caso Alemania-Grecia.

En cuanto a las reparaciones, toda nación o pueblo que no haya tenido dominio ni autoridad plena sobre su territorio, o soberanía política, debido a que otro Estado con más poder se impuso con su poder militar, legal y cultural debe ser reparada.

En especial, ante el descaro de toda esta creación de deudas públicas que han precarizado el hemisferio por décadas. Es decir, entras en mi casa, la saqueas y luego me haces un préstamo para amueblarla otra vez y comprometes a tres generaciones sin su consentimiento. Algo está mal en ese diseño de las democracias liberales y esa fractura es evidente. La respuesta no es el totalitarismo como estamos viendo hoy día por supuesto.

8.1 WRS – El economista francés Thomas Piketty considera que Francia debería reparar en más de 28 mil millones de dólares americanos a Haití. ¿En cuánto debería Estados Unidos reparar económicamente a Puerto Rico y a los puertorriqueños?

8.2 AEC – No puedo hacer este cálculo. ¿Cómo se calcula la indemnización del despojo de oportunidades a generaciones? Lo cierto es que, si alguien puede hacer el cálculo monetario, ese podría ser José Carballo Cueto u otros economistas sociales como la profesora Martha Rivera, deberías entrevistarlos a ellos sobre este tema, me gustaría escuchar lo que tienen que decir. Aunque estoy familiarizado con el trabajo de Piketty y Sandel en el sentido legal. Recientemente estuve leyendo una entrevista sobre el tema de la Igualdad que un poco conecta con las reflexiones de Catherine Liu sobre las estratificaciones de las clases trabajadoras. En cuanto, a tu pregunta, lo que sí puedo contestar es que mi preocupación es más legal y administrativa. Cómo se llevarán a cabo esos pagos. Qué instituciones se crearán para su distribución. Se le paga al pueblo mediante pagos individuales o pagos colectivos.

Qué entendemos por reparación moral y económica en ese contexto los puertorriqueños. Son esas preguntas las que me interesan, o, mejor dicho, de las que puedo ocuparme desde mis saberes.

9.1 WRS – Muchos puertorriqueños viven en la diáspora, bien en Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos. Otros puertorriqueños han sido y son partícipes del saqueo estadounidense dentro de Puerto Rico. Todos, los primeros y los segundos son estadounidenses. ¿Por qué deben ser o no ser recompensados? ¿Son todos los puertorriqueños sujetos coloniales a los que se les ha robado su futuro en su propia tierra? ¿Se les debe devolver su futuro estén donde estén, sean quienes sean?

9.2 AEC – Es peligroso comenzar a crear este tipo de clasificaciones que puedan crear categorías sospechosas. Como bien sabemos, tú y yo, esas categorías basadas en estatus social, nacionalidad o ciudadanía tienen que tratarse con cuidado y, sobre todo, hay que determinar qué proceso es necesario para determinar qué derechos fueron violados y como se resarcir esos daños.

También me preocupa esa peligrosa división política para las diásporas. La nueva nación no puede nacer sobre los escombros y los vicios de la colonia y debe recibir a todos sus ciudadanos.

Es decir, el imaginario político es muy amplio en ese sentido. Si sabemos de unas clases y familias que han controlado la administración colonial. Tendría más reparos con los corresponsables de este colapso.

Sería un poco más cuidadoso con esas familias que en el pasado han sido dueñas de esclavos, por dar un ejemplo vergonzoso para nosotros como sujetos coloniales bajo el poder de otro poder colonial.

Es decir, esa caja de Pandora necesita mucha discusión pública, sobre todo transparencia y voluntad de inaugurar un nuevo entendido social.

10.1 WRS – Recientemente ha estado moviéndose un proyecto de Orden Ejecutiva para el reconocimiento de la soberanía de Puerto Rico por parte del presidente de los Estados Unidos. ¿Qué le falta a ese proyecto de Orden Ejecutiva? ¿Qué defectos le ves a ese proyecto de Orden Ejecutiva? ¿Por qué los Estados Unidos merecen algo mejor? ¿Por qué Puerto Rico merece algo mejor?

10.2 AEC – Entrar a debatir un acto que es ilegal del saque, es la trampa a la que nos arroja esta constante simulación de deliberación democrática en la prensa. Los abogados puertorriqueños que se prestaron para esto lo saben muy bien y se prestaron para esta barbaridad. El Congreso tiene los poderes plenarios sobre el territorio, por tanto, ningún acto del presidente puede darse sin el consentimiento del Congreso. El caso de Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, 343 U.S. 579 (1952) nos deja claro que el presidente no puede actuar mediante actos unilaterales, especialmente, si el poder no le ha sido delegado o una vez delegado el poder mediante la Constitución o ley creada por el Congreso, sus acciones pueden ser invalidadas, si se excede en el ejercicio del mandato. Están probando cuánto pueden forzar y ampliar el alcance del estado administrativo al proclamar estados de excepción (como la supuesta invasión de inmigrantes) solo para otorgar poderes extraordinarios al presidente, para usurpar funciones correspondientes a otras ramas políticas de gobierno en sustitución de procesos deliberativos que no hacen otra cosa que caricaturizar las funciones de las otras ramas de gobierno y sobre todo la voluntad popular. Es simplemente otra farsa.

Sabemos que nuestras democracias liberales han mostrado vulnerabilidades en la distribución de sus poderes que sin duda son alarmantes. Sin embargo, esa orden del saque, no tiene poder vinculante. Pasa lo mismo con otras órdenes ejecutivas. La administración ha justificado invocar poderes excepcionales bajo la absurda premisa de que el país estaba bajo una invasión de refugiados. La constitución es clara que la invasión que suspende garantías y derechos fundamentales tiene un sentido militar y tiene el propósito de permitir al presidente actuar con rapidez en momentos de emergencias reales.

En ese sentido jugar a la política de la desinformación judicial es innecesario. El proceso de descolonización comienza en la comisión de recursos naturales y ninguna orden ejecutiva no posee autoridad alguna sobre la comisión.

Quisiera añadir que me preocupa más la insistencia en no derogar los casos insulares, porque siguen influyendo en las políticas públicas que evitan que nuestro país pueda descolonizarse, y en los Estados Unidos de este tiempo en que las tensiones raciales se exacerban, preocupa mucho más aún.

Me inquietan órdenes ejecutivas como por ejemplo la ciudadanía por nacimiento que está discutiendo en el Tribunal Supremo Federal. Permitir esta violación al derecho fundamental a la ciudadanía establece un mal precedente y es ceder un derecho. Los derechos fundamentales son ánforas, como explica Agamben, no se ceden, se ejerciten o no. Son los cimientos. Son las células madre que ofrecen esa materia prima para el desarrollo de otras formas de organizarnos bajo los estados nacionales. Son esa arcilla para la vasija que queremos crear y sabemos que las vasijas pueden tomar cualquier forma que le moldeen las manos que las trabajan.

Es una regresión a tiempos premodernos donde el soberano podía excluir de su territorio a quien quisiera por las razones que quisiera. Esos desmantelamientos son peligrosos mientras seguimos adheridos a un entendido social anquilosado en que se fragmentan, cada día más, sin sustitutos o nuevas formas de organización colectiva, las relaciones y vínculos que sostienen nuestras vidas.