Colombia: dos atentados de la guerrilla marcan el primer día de la presidencia de Abelardo de la Espriella
Un día después que el ultraderechista Abelardo de la Espriella asumiera la presidencia de Colombia, se efectuaron dos atentados en distintas partes del país
08 de agosto de 2026 10:24
Cali. Un día después que el ultraderechista Abelardo de la Espriella asumiera la presidencia de Colombia, se efectuaron dos atentados en distintas partes del país.
Un ataque con explosivos ocurrió esta madrugada en el norte de Colombia, el cual dejó muerto a un subintendente de la Policía en un nuevo atentado contra una instalación policial que ha condenado sin paliativos el presidente Abelardo de la Espriella.
Rodelo Canchila ha terminado sucumbiendo a las heridas causadas por la explosión ocurrida en la subestación de Policía de San Roque en Curumaní, departamento de Cesar. De acuerdo con la información entregada por la Gobernación del Cesar, el atentado habría sido ejecutado mediante el uso de drones explosivos.
La línea de investigación todavía no ha arrojado sospechosos pero las autoridades ya señalaron al Ejército de Liberación Nacional como responsables de un coche bomba que dejó la semana pasada diez heridos en una comisaría de Cauca, también en el norte del país.
«Este crimen no quedará impune. Los responsables serán encontrados y enfrentarán todo el peso de la ley. Cada ataque contra nuestros hombres de la Fuerza Pública fortalece aún más nuestra determinación de derrotar al terrorismo y devolverles la tranquilidad a los colombianos», ha avisado el presidente en redes sociales.
El presidente ha condenado también otro ataque violento ocurrido estas últimas horas: la destrucción la infraestructura del peaje de Mondomo, en el sur del país, una obra que se encontraba en su fase final de construcción sobre la vía Panamericana, en la ruta que conecta a Cali con Popayán. No hay constancia de heridos. En Cali, precisamente, De la Espriella asumió ayer su mandato.
Explotó un coche-bomba al suroeste del país
En otro evento, un ataque con explosivos se registró en el suroeste del país, en el peaje de Mandiva, ubicado en la vía Panamericana, la principal arteria vial del suroeste del país. El ejército detalló que dos vigilantes que cuidaban la infraestructura sufrieron heridas leves.
El reporte agregó que, según uno de los vigilantes, se trató de la detonación de un vehículo que fue abandonado por una persona que luego huyó en una motocicleta.
De acuerdo con información preliminar del ejército, el ataque habría sido perpetrado por las facciones Dagoberto Ramos y Jaime Martínez de las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se acogió al acuerdo de paz firmado hace una década con el Estado.
En tanto, militares resguardan la zona donde, junto a canes entrenados, recorren el área para descartar la presencia de otros artefactos explosivos, indicó el ejército en su cuenta de X.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, condenó el “atentado terrorista” y aseguró en X que “Colombia no se va a arrodillar ante la violencia ni va a permitir que destruyan las obras que conectan a nuestras regiones”. Añadió que se trabaja para restablecer la movilidad en la zona.
El ataque sucedió en la vía que comunica a los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, cuya capital, Cali, fue la anfitriona del acto de juramentación De la Espriella en una ceremonia en que delineó su política de seguridad y advirtió a los grupos ilegales que «tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza pública”.
Tras la posesión, se realizó en Cali el primer consejo de seguridad del nuevo gobierno. Según la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se decidió articular la fuerza pública para “ejercer un verdadero control sobre las economías ilícitas y recuperar la seguridad de nuestros territorios”.
De la Espriella, quien descartó el diálogo con los armados que impulsó su antecesor Gustavo Petro, anunció el sábado el traslado de 117 prisioneros vinculados a los procesos de paz del anterior gobierno hacia prisiones de máxima seguridad.
Se trata de una medida que busca “recuperar el control permanente de las cárceles” y “contener cualquier capacidad de las estructuras criminales” para coordinar acciones ilícitas desde las prisiones, citó en un comunicado el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec).
Los privados de libertad fueron llevados a ocho centros penitenciarios de alta seguridad en las ciudades Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.
El gobierno ejercerá el control en las prisiones “con autoridad y dentro del marco constitucional”, aseveró la institución estatal.
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El ultraderechista Abelardo de la Espriella tomó posesión ayer como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030. Su investidura y sus primeras horas como mandatario fueron un aviso de lo que puede esperarse en su gobierno: después de ser juramentado por el Congreso, dejó plantados a los legisladores y a sus invitados internacionales para pronunciar su discurso inaugural en un cuartel, de frente a la tropa y no a los poderes civiles. Su primer acto de gobierno fue someter a Colombia al Escudo de las Américas, la alianza de gobiernos latinoamericanos subordinados a Donald Trump.
Su mensaje a la nación desde el Batallón Pichincha se caracterizó por el estilo meticulosamente planificado, que lo distingue de líderes ultras caóticos como el estadunidense o el argentino Javier Milei, con declaraciones que bajo una mirada superficial parecen institucionales y hasta conciliatorias. Sin embargo, no dejó de lado los gestos exagerados, los insultos y las amenazas que ya son imprescindibles en el repertorio de la escenificación del poder entre los líderes de esta corriente que arrasa en la región.
Vale la pena contrastar los dichos del abogado con sus antecedentes y su contexto. “El Tigre ha llegado y sabrán lo duro que muerde cuando se trata de defender al pueblo colombiano”, gritó ayer. Una declaración grandilocuente en boca de alguien que no dijo una sola palabra sobre el asesinato del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos el pasado 13 de julio. Y cerró con un “Firmes por la patria, que viva Cristo Rey”, firmeza que no parece propia de alguien que antes descartó participar en política “en un país como éste, que no agradece nada. Yo no voy a sacrificar a mi familia por este país de desagradecidos, desleales y cafres”. En Colombia, un cafre es una persona bárbara, incivilizada.
Durante su campaña electoral, aseguró que formaría el gobierno de “los nunca”, de la sociedad olvidada por los políticos tradicionales. Sin embargo, recibió los apoyos de todos los partidos de la derecha, de los grandes cacicazgos regionales, de la práctica totalidad de los medios de comunicación y de todo el gran empresariado. Nadie lo puede acusar de desagradecido: su gabinete está conformado por miembros de la oligarquía que por dos siglos se repartió el país, por familiares o peones de los clanes que le dieron su respaldo, ex funcionarios del uribismo y representantes de los dueños de los capitales. Por ejemplo, la ministra de Deporte es hermana del poderoso alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y carece de experiencia en el ámbito. La ministra de Salud es la dirigente del gremio que agrupa a las aseguradoras que han saqueado al país y que niegan servicios a los ciudadanos como herramienta de extorsión para exigir más dinero al Estado. Aunque aseguró que “la educación no puede ser un instrumento de adoctrinamiento ideológico” y “las aulas pertenecen al conocimiento, la ciencia, nunca a la propaganda política”, su ministra de Educación es una ultraconservadora que representa a movimientos cristianos. En lo que ha sido honesto es en su intención de reactivar la economía del despojo dando vía libre a petroleras y mineras.
En su discurso citó al dirigente histórico del Partido Conservador Álvaro Gómez Hurtado –cuyo hijo es ahora ministro de Hacienda–, sobre quien dijo: “Tenía razón: la violencia no ha solucionado ningún problema de Colombia, sólo ha multiplicado nuestras tragedias”. Sin embargo, todo su programa de seguridad consiste en desatar el terrorismo de Estado y traer de vuelta el paramilitarismo. Este fenómeno alcanzó su clímax durante el gobierno del genocida Álvaro Uribe (2002-2010), cuando el ejército dio apoyo activo a los escuadrones de la muerte formados por latifundistas para aniquilar toda resistencia campesina. Ésa es la política de seguridad que De la Espriella ha elogiado, que defendió en tribunales y que promete revivir. Ésta incluye fumigaciones con glifosato sobre plantaciones de coca, que fueron un programa estrella del uribismo, el cual destruyó indiscriminadamente cultivos lícitos e ilícitos, envenenó la tierra, dejó a decenas de miles de campesinos sin sustento y asesinó por intoxicación a un número incuantificado de personas, en su mayoría indígenas.
Como todos los ultraderechistas, De la Espriella vocifera en nombre de la libertad, pero como litigante persiguió a más de 100 periodistas mediante demandas civiles dirigidas a intimidar cualquier voz crítica con sus actividades y llevar a la bancarrota a quienes denunciaron sus relaciones con paramilitares, políticos corruptos y empresarios inescrupulosos. Esos periodistas saben bien lo que espera a cualquiera que exprese disenso ahora que el abogado de narcos cuenta no sólo con el poder económico, sino con toda la fuerza del Estado y la complicidad de los medios de comunicación.
Son tiempos oscuros los que aguardan a Colombia, la mitad de cuyos electores se dejó arrastrar por el espejismo de un nacionalismo de oropel, un discurso de mano dura en materia de seguridad y la promesa de una restauración de valores ultramontanos que no tienen cabida en una sociedad democrática y plural.
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